domingo, 19 de noviembre de 2017

Perú: enfrentamiento de mafias


Amigos, clasificó la selección peruana al mundial organizado por Rusia 2018 y como era de esperarse eso tapó todas las movidas políticas y la mediocridad de la propia selección, quienes, de no haber sido por los tres puntos regalados en un partido QUE PERDIÓ contra Bolivia no hubieran podido alcanzar el repechaje ¿eso es meritorio? ¿Eso es haber hecho un gran esfuerzo? ¿Eso da motivo para comparar al entrenador Gareca con el libertador argentino San Martín? o para vocearlo como presidente?? ¿Eso hace comparable esta selección con otras del pasado que alcanzaron por mérito propio su clasificación o, de haber sido invitadas, hicieron una decorosa presentación? Por supuesto que no. Quiera Dios que siquiera hagamos un buen papel en el mencionado mundial de fútbol.


En el siguiente video 10 razones por las cuales no convocan al cuarentón Claudio Pizarro



Amigos, la constitución de Fujimori (la que nos rige) data de 1993 y fue dada con beneficios tributarios para que se hicieran inversiones en las diferentes áreas ya que, como sabemos, nuestros gobernantes son incapaces de producir riqueza salvo vendiendo los recursos naturales o vendiendo nuestras empresas estratégicas. Pues bien, el señor Lescano desde esa fecha hasta hace pocos días "recién" se dio cuenta que se les devolvía más dinero a las mineras de lo que ellas aportan al país por impuestos. Por lo tanto, después de tantos muertos a manos del ejército y la policía que defendían a las mineras contra las protestas de los comuneros que reclamaban que no contaminen ni sequen sus fuentes y ríos de agua, se pude afirmar que el señor Lescano estuvo haciendo la pantomima todo este tiempo de ser un luchador de las causas y reivindicaciones del pueblo. La verdad es que no hizo nada por nosotros, salvo apañar las elecciones de los millonarios, la impunidad de García en 5 años de investigación de la comisión para que acaben archivando el caso por no colocar en las citaciones  a García en calidad de qué se le citaba (algo advertido por la fiscalía) y hacer escandaletes para la tribuna pero nada que mejore la calidad de nuestros ingresos.

Y aquí el video de un indignadísimo Lescano; y eso que no se ha enterado aún que también el estado devuelve en beneficios tributarios a los bancos, casinos, universidades privadas, empresas pesqueras morosas, todos los rubros de educación, etc. etc. etc. Estos son los personajes que los vendepatrias de la derecha quiere que veamos como izquierdistas.



Aquí el video de Pedro Francke en el cual también nos dice de los beneficios tributarios pero no nos dice LA RAZÓN por la cual se dan esos beneficios y ello es la Constitución de Fujimori. Por lo tanto decir media verdad TAMBIÉN ES MENTIR



Pedro Francke nos quiere decir que el gobierno de PPK es TAN TONTO que le cobra IGV a la bodega de la esquina, a los médicos pero no a los bancos, cajas, ni casinos; es TAN TONTO que se deja enjuiciar por empresas morosas que le adeudan impuestos; el gobierno y TODOS los gobiernos anteriores SON TAN TONTOS que exoneran del impuesto a la renta a toda empresa que tenga que ver con educación. Sin embargo la verdad es que la CONSTITUCIÓN favorece en todo a la empresa privada en contra de la nación por eso a sus contratos se les llama CONTRATOS LEY (art 62) porque están respaldados por la constitución LEY DE LEYES, ¿por qué no nos dices que el artículo 19 establece incluso que se les devuelva el IGV a las compras de las empresas con giro educativo y que es a partir de allí que se forjaron los millonarios Luna, Acuña, Chang y demás opulentos?.

Claro, el estado es TAN TONTO que golpea a la población peruana y favorece "sin querer" a la actividad privada. El Perú regido por la constitución de Fujimori  ordena al Estado un gobierno  NEOLIBERAL y por ello tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas de latinoamérica. Las empresas no solo no pagan sus impuestos sino que ADEMÁS DEMANDAN al estado; como Kuntur wasi que para construir el aeropuerto de chinchero en el Cusco pidió un préstamo al Estado ; en vista de ese escándalo, echaron al contralor y cancelaron el contrato con la empresa kuntur wasi, que no tenía dinero para construir el aeropuerto, pero como estamos en un estado NEOLIBERAL los contratos del estado con las empresas son CONTRATOS LEY esto quiere decir que están amparados por la mismísima Constitución de Fujimori; por lo tanto ahora kuntur Wasi que no tenía NI TIENE dinero para la construcción del aeropuerto, DEMANDARÁ al estado por 260 millones por haberle cancelado un contrato lesivo a la nación. Telefónica debe 6,800 millones,Claro 300 millones, la empresa chilena Lan 1,500 millones, las mineras TAN DEFENDIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2 mil millones. Mientras tengamos la constitución NEOLIBERAL del ladrón narco y terrorista fujimori el estado de cosas no cambiará.

Y también otra pseuda líder de la izquierda caviar peruana que en realidad es "el ala izquierda de la derecha" y ex secretaria de Nadine Heredia mandamás del traidor y corrupto Ollanta HUmala; "recién" se da cuenta de las exoneraciones tributarias QUÉ DIDÁCTICA SUENA!! Lo triste es que esas exoneraciones como dije anteriormente datan desde la creación de la constitución de Fujimori 1993. ¿Se dan cuenta que REALMENTE Fujimori es quien nos gobierna??




Enfrentamiento entre mafias

Amigos, el fujimorismo ha entendido que su verdadero rival en las elecciones y que les impide llegar al gobierno, no es la pseuda izquierda caviar,  que en realidad es el ala izquierda de la derecha millonaria y oligarca y que se ha convertido en su comparsa, en su arlequín con la cual hacen un laberinto terrible por quítame esta paja; pero sin cambiar nada sustantivo que mejore la vida de los peruanos. Por eso, el fujimorismo,  la ha emprendido contra la oligarquía. Con ello espera darse un baño de popularidad y hacer olvidar su autoritarismo y terrorismo de estado de los 90, hacer olvidar el narcotrçafico de lo cual está infecto hasta el tuétano y como, los peruanos somos ignorantes y estamos más abocados a conseguir el pan de cada día parece que va rumbo a conseguir su propósito






“DECRETO 003 EQUIVALE A UNA CONDENA A MUERTE PARA GRAÑA Y MONTERO”
Abogado José Antonio Payet anuncia demanda judicial contra norma que busca evitar que empresa siga cobrando utilidades por proyectos en los que se asoció con Odebrecht

Para José Antonio Payet, abogado de la constructora Graña y Montero, la aprobación de los cambios al Decreto de Urgencia Nro. 003-2017 que realizó el Congreso la semana pasada afectan a su representada al punto que podrían original su desaparición.

“Se vulneran los derechos fundamentales de la firma y (significa) la condena a su muerte”, indicó el letrado, quien en declaraciones al diario Gestión reprobó las modificaciones hechas pues extienden las responsabilidades por la corrupción de la empresa Odebrecht a las empresas que se asociaron con estaen millonarios proyectos de inversión.

“Es una falta de respeto a la institucionalidad y al estado de derecho (…) El Decreto de Urgencia se aplicaba a Odebrecht y sus vinculadas, no a las empresas socias. El Congreso ha aprobado una extensión de ese decreto a empresas que no han sido condenadas. Es una ley con nombre propio y las leyes deben ser generales”, mencionó.

El socio del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, agregó que la norma, en el fondo, “afecta como una condena que puede ser de muerte a Graña y Montero porque no permite desarrollar los negocios sin que ni siquiera se la haya acusado porque no hay un proceso judicial contra Graña y Montero. Es una intromisión en cuestiones jurisdiccionales”, dijo.

Cabe señalar que tras la aprobación de esta norma, las acciones de la constructora Graña y Montero cayeron en más de 20 por ciento en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

La ley tiene que ser refrendada por el Ejecutivo, que tiene hasta fin de mes para decidir si la ratifica o la observa. Según estos cambios, el Estado podrá retener las utilidades e ingresos obtenidos las empresas constructoras en concesiones que hayan operado con Odebrecht.

“Este un error del Congreso de la República y el orden constitucional te dice que el presidente de la República puede promulgarlo u observarla. De darse la promulgación presentaremos una demanda ante el Poder Judicial porque es la institución llamada a garantizada el respeto a la Constitución”, adelantó.

EL COMERCIO SE HUNDE ESTREPITOSAMENTE Y BAJA SUS VENTAS EN LOS ÚLTIMOS MESES
Informe de Semana Económica da cuenta de menores ingresos por fuga de lectores, baja publicidad y falta de dividendos

Un reporte de la revista especializada Semana Económica revela cómo las ganancias netas de de la empresa editora El Comercio se han desmoronado en aproximadamente un 79.6 por ciento interanualen el tercer trimestre de este año, en comparación con las cifras registradas en 2016.

Y es que el año pasado, El Comercio registraba ganancias por S/.56.3 millones pero este año, esa cifra apenas alcanza los S/.11.5 millones, debido a menores ingresos por dividendos, menores ingresos de publicidad en el formato impreso y una caída abrumadora en la venta de ejemplares diarios.

A ello hay que añadir que entre julio y septiembre de este año, El Comercio registró una pérdida de S/.38.7 millones por la venta de sus productos subsidiarios, y la ganancia operativa de la empresa pasó de S/. 15 millones a S/. 5 millones en el tercer trimestre del año -es decir, una caída de 202 por ciento- a raíz del incremento en los costos y gastos de operación.

Semana Económica señala que los ingresos totales de la empresa editora El Comercio ascendieron a S/.139.3 millones en el tercer trimestre de 2017, pero la menor venta de publicidad y ejemplares ha hecho que su margen de ganancia se esté reduciendo casi al mínimo.

“Nuestros ingresos por publicidad en la plataforma digital no son suficientes aún para compensar la disminución en la plataforma impresa. Adicionalmente, la venta del ejemplar impreso disminuyó por la cada vez mayor accesibilidad de los lectores a la información a través de medios digitales“, señaló la empresa en un reporte de análisis y discusión gerencial.

Para enfrentar este problema, la empresa ya viene evaluando su estructura de costos y gastos, además de sus balances financieros que se complementarán con la obtención de un préstamo por S/.185 millones para reperfilar sus deudas.

Como se recuerda, el diario El Comercio es dirigido por el economista Fernando Berckemeyer, en cuya gestión fue reemplazada una planilla de experimentados periodistas para entregar sus cargos a profesionales ajenos a las ciencias de la comunicación, lo que ha significado una merma en la calidad informativa del rotativo.

De esta manera, compañías como Graña y Montero y JJC quedarán incluidas en el Decreto de Urgencia 003.

Según el contenido de la norma, que tendrá una vigencia de seis años, las empresas condenadas por corrupción o que hayan admitido actos de dicha índole, así como sus socias y consorciadas, no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado y tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia.

También se dispone la retención de las utilidades sobre contratos vigentes con el Estado


Lanzan proyecto de ley que prohibirá tajantemente la publicidad estatal en medios privados.

El 15 de noviembre el aprista, Mauricio Mulder presentó -en el Congreso- un Proyecto de Ley (Ley N° 2133) que, de ser aprobado, prohibirá, bajo pena de cárcel, dado que es un delito de malversación, que el Estado contrate espacios publicitarios con medios privados por los cuales los gobiernos están acostumbrados a pagar miles de millones de soles. Dinero que proviene del bolsillo de los más de 31 millones de peruanos, y que muy bien podría ser destinada para construir guarderías, escuelas, colegios, universidades, hospitales y postas médicas, y no a construir maravillosas residencias en Manhattan y/o Beverly Hills (EE.UU.) de algunos propietarios de los tradicionales y hegemónicos medios de comunicación del Perú

Como ya lo dije, este proyecto de ley cree pertinente dar ocho años de cárcel a cualquier funcionario que la viole, dado que se interpretaría como un delito muy grave de malversación.

El Proyecto de Ley N° 2133, de ser respaldado por los demás congresistas, modificará inmediatamente la actual y vigente ley Nº 28874 que regula la publicidad estatal.

los multimillonarios dueños de los hegemónicos y tradicionales medios de comunicación han catalogado esta iniciativa como una: “iniciativa legislativa que busca restringir las actividades de las empresas de comunicación”

RPP replica a El Comercio e informa que: “La restricción indicada no incluye trabajos periodísticos, tales como entrevistas, conferencias o reportajes, que puedan cubrir o realizar los medios de comunicación privados a los actores del Estado…”

Mulder decidió presentar este Proyecto de Ley tras ver un innecesario anuncio publicitario de la SUNEDU en el diario de Chicho Mohme (LR) con la siguiente frase: “Sunedu es como esa tía brava que nos defiende”.
“Vi esa publicidad de la Sunedu en La República y es absurda. No informa nada útil. Entonces, es un dispendio de recursos”, sostuvo el aprista, por otro lado, precisó; “Hay medios que viven de lo que les traslada el alcalde o el gobernador. A eso apunta mi proyecto”.

Mulder propone que, si se aprueba su iniciativa, de hoy en adelante, el Estado tendrá que utilizar medios sociales como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Vimeo, Metacafe, Dailymotion, Google Plus, Google Ads y Facebook ads y todos los canales del Estado. Y, así, se estaría ahorrando, por lo menos unos 1.000 millones de soles, dado que anunciar en medios sociales es 100 veces más económico y 100 veces más potente a comparación de un tradicional medio de comunicación.


Daniel Salaverry presenta denuncia constitucional contra fiscal de la Nación

El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez "por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción".

Para el portavoz del fujimorismo, Pablo Sánchez habría vulnerado los artículos 139, 159 y 39 de la Constitución.

Por ello, pide a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que acoja su denuncia y emita un informe acusando al fiscal de la Nación y solicitando su "destitución e inhabilitación".

Hace una semana, Daniel Salaverry había rechazado la decisión del Ministerio Público de investigar a Keiko Fujimori bajo las normas del crimen organizado y acusó a los fiscales actuar como operadores del antifujimorismo. 

No, no es un error de imagen; éste era Daniel Salaverry buscando llegar al estado a través del APRA 2010. No lo consiguió, pues cambió de camiseta y ahora es fujimorista. Como sostenemos SON LOS MISMOS DE SIEMPRE!!


“El Ministerio Público son ellos los que actúan como criminales organizados porque siguen encubriendo a empresas corruptas o socias de empresas corruptas que hasta hoy no les pasa nada", exclamó en aquel momento.

Según el documento, presentado hoy ante el Parlamento, el máximo representante de la Fiscalía habría cometido dos infracciones constitucionales, una de las cuales a los "principios de independencia e imparcialidad y tutela de la recta administración de justicia".

La segunda presunta infracción sería a los "principios constitucionales de buena administración y de proscripción de la corrupción". El documento deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones, que preside la fujimorista Milagros Takayama.

Las razones de Salaverry


En rueda de prensa, Salaverry defendió la denuncia constitucional y enfatizó que el fiscal de la Nación debe ser destituido porque no cumplió con su función de luchar contra la corrupción en el caso Odebrecht.

"Tratándose del acto de corrupción más alarmante de los últimos años en nuestro país, creemos que el pueblo peruano merece conocer la verdad, espero que esta denuncia sea admitida y finalmente el pleno del Congreso tome la decisión de destituir al fiscal de la Nación", exclamó.

"El cargo del fiscal de la Nación lo obliga a él a investigar y llegar a la verdad en todos estos casos de corrupción y procesar a los investigados. No vemos que él haya garantizado esas investigaciones, por eso creemos que ha cometido esta falta"

Sin embargo, Salaverry aseguró que presentó la acusación constitucional a título personal.


Yeni Vilcatoma denunció penalmente al fiscal Hamilton Castro

La congresista Yeni Vilcatoma también ha presentado una de las dos acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez

La congresista Yeni Vilcatoma presentó una denuncia penal contra Hamilton Castro, fiscal de lavado de activos que tiene a su cargo el equipo de trabajo a cargo de las investigaciones en el Ministerio Público por el pago de coimas de Odebrecht. 



"Interpuse denuncia penal contra el fiscal Hamilton Castro. Ya basta de seguir permitiendo que empresas corruptas con el aval de la fiscalía hagan lo que quieren en nuestro país", escribió Vilcatoma al compartir la primera página de su denuncia en su cuenta de Twitter.

Según el documento, la congresista Vilcatoma acusa al fiscal Castro por considerar que cometió el delito de encubrimiento personal. Según la parlamentaria, el fiscal no realizó una buena investigación contra Alejandro Toledo, Jorge Barata y otros implicados en el pago de coimas de Odebrecht.

La denuncia considera que el fiscal Hamilton Castro "no dio resultados positivos en consecusión de los fines y objetivos del Ministerio Público, entre ellos el de perseguir el delito", se lee en el documento.

Vilcatoma también ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la cual fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. 

Pero ¿por qué esta arremetida fujimorista contra los fiscales Pablo Sánchez y Hamilton Castro? Por la reapertura del caso de Joaquín Ramírez investigado por la DEA por lavado de activos
 
Titular del Ministerio Público Pablo Sánchez, reveló que pidió informe sobre el trabajo de Sara Vidal, la fiscal que archivó el caso de Joaquín Ramírez.

El inesperado archivamiento de la investigación por lavado de activos al ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha despertado extrañeza hasta en el mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien anunció hoy que evaluará el trabajo que se realizó en ese caso.

Sánchez reveló, de esta manera, que la fiscal Sara Vidal está en la mira de su despacho. “Yo he pedido un informe sobre el trabajo de la fiscal y voy a evaluar su actuación en ese caso”, declaró a la prensa.

el titular del Ministerio Público “está incómodo y fastidiado” por el desenlace que tuvo el caso. Y es que Vidal se amparó en la casación 92-2017-Arequipa para no continuar con sus investigaciones, la misma sentencia que Sánchez venía cuestionando porque exige consignar el delito fuente en las indagaciones que se llevan por lavado de activos.

Pero no solo eso molestó al funcionario. También lo hizo la decisión de la fiscal de prescindir de las pericias contables para continuar con las indagaciones, tal y como lo dio a conocer este diario.

Como se sabe, Vidal buscaba esclarecer la relación del incremento patrimonial de Ramírez con presuntas actividades vinculadas al narcotráfico, luego de la denuncia del ex piloto y aparente ex colaborador de la DEA, Jesús Vásquez.

Se conoció, además, que si a Pablo Sánchez no le convence el criterio de la fiscal para cerrar el expediente de 200 páginas, pedirá la intervención de control interno.



La Fiscalía reabre investigación a Joaquín Ramírez por lavado de activos

Disposición fue emitida por el despacho de Elizabeth Peralta, que anuló decisión adoptada por magistrada Sara Vidal de archivar el caso

La Tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos anuló la disposición del pasado 22 de setiembre que archivaba la investigación seguida al excongresista y exdirigente “naranja”Joaquín Ramírez (y a su familia) y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ordenando que se reabra el caso.

La disposición, emitida por la fiscal superior Elizabeth Peralta, reformó la resolución que emitió en setiembre la fiscal de lavado de activos Sara Vidal, en la que decidió el archivo de la investigación preliminar que incluía además al parlamentario Osías Ramírez.

De esta forma, el Ministerio Público declaró fundada la apelación que presentó la Procuraduría de Lavado de Activos, que considera que existen indicios razonables para formular acusación contra los investigados.

La fiscal Peralta ordenó a Vidal continuar con la pesquisa a Ramírez por el presunto delito de lavado de activos, y pidió que esta se adecúe a la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077).

ARCHIVO

La fiscal de lavado de activos Sara Vidal consideró en su momento que no obtuvo mayores resultados en sus diligencias, por lo que concluyó que al no conseguir determinar que Joaquín Ramírez, Keiko Fujimori y el resto de los investigados cometieron delitos, no era posible acusarlos de lavado de activos, así que archivó el caso.

En otra parte de la decisión, Vidal resume que para denunciar penalmente a los sospechosos primero se debe probar o reunir suficientes indicios de un denominado “delito fuente” o “delito precedente”, de cuya comisión debieron fluir los fondos ilícitos que luego fueron “lavados”.

La hipótesis que manejaba la fiscal se basaba en las declaraciones del testigo de la DEA Jesús Francisco Vásquez, quien afirmó que Ramírez le relató que había entregado 5 millones de dólares a Keiko Fujimori para financiar la campaña presidencial de 2016.

El dinero presumiblemente provenía de las supuestas actividades ilícitas de Miguel Arévalo Ramírez. El nexo entre Joaquín Ramírez y Arévalo, de acuerdo con la misma versión, era su tío Fidel Ramírez Prado, fundador de la Universidad Alas Peruanas.

CASOS

La decisión fiscal de reapertura de la investigación es un duro revés para la lideresa de Fuerza Popular, pues se da a escasos días de celebrarse la diligencia en Curitiba (Brasil) para interrogar al empresario Marcelo Odebrecht por una anotación en su celular en la que aparece el nombre de la lideresa fujimorista.

Cabe señalar que el Ministerio Público también indaga los aportes presuntamente ilegales del partido Fuerza Popular, caso en el que fue comprendida la hija del expresidente Alberto Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella, bajo la Ley de Crimen Organizado, a raíz de los 65 mil dólares que supuestamente habrían recibido de LVF Liberty Institute.


JUEZ SAN MARTÍN SALE EN DEFENSA DE FISCAL PABLO SÁNCHEZ

El conocido juez supremo César San Martín brindó una entrevista pretendiendo defender al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y criticando a los congresistas que lo han denunciado constitucionalmente por su actuación en el “caso Lava Jato” y su presunta inacción hacia empresas como Graña y Montero y otros personajes ligados a Odebrecht.

A decir de San Martín, conocido por ser el juez que sentenció a Alberto Fujimori a prisión pese a un evidente conflicto de intereses pues fue destituido de la magistratura durante su gobierno, las denuncias buscan afectar la independencia de los fiscales y la lucha contra la corrupción e indicó que los cuestionamientos a su labor no pueden implicar la destitución en el cargo.



“Esta acusación constitucional no tiene ni pies ni cabeza, y creo que es preocupante en la perspectiva del mantenimiento de la autonomía de jueces y fiscales del Ministerio Público. Eso es preocupante, en momentos tan delicados en que se investiga a personas políticamente expuestas es muy peligroso para el sistema democrático y el Estado de derecho”, dijo.

San Martín adelantó que en caso el parlamento apruebe acusar constitucionalmente a Pablo Sánchez este puede recurrir a la vía del amparo judicial o al fuero supranacional, es decir la cuestionada Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Frente a una actitud o frente a una decisión del Congreso, existen las vías de control jurídico, tanto en sede interna como en la sede internacional”, apuntó.

El Tribunal Constitucional

En el siguiente video RMP (Rosa María Palacios) nos explica de manera muy didáctica las funciones del Tribunal Constitucional y las consecuencias de las denuncias que les han presentado sobre el caso de la masacre de el penal "El Frontón" en donde, como siempre, los culpables son 130 marinos y no el presidente de aquel entonces Alan García que fue quien dió la orden de asesinarlos rendidos; puesto que los soldados SÓLO OBEDECEN ÓRDENES. 

Es claro que las mafias, los millonarios y su oligarquía desean que los delitos de lesa humanidad prescriban; pero también es claro que los voceros de los medios de comunicación desean que NO; puesto que al suceder esto se acabaría la comidilla recurrente con la cual siempre llenan páginas a través de los años.



Las offshore de los familiares de Keiko Fujimori

Panama papers. La familia Higuchi, fundadora del grupo industrial de llantas ‘El Sol’, en el que se conocieron el ex presidente Alberto Fujimori y su ex esposa Susana, creó dos empresas offshore en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas a través de la firma panameña Mossack Fonseca. Ojo-Publico.com tuvo acceso a documentos.

La familia materna de los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, entre ellos un financista de la última campaña electoral de Fuerza Popular, creó dos empresas offshore en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Lo hizo a través de la investigada firma panameña Mossack Fonseca.

Los documentos del Caso Panama Papers a los que Ojo-Publico.com tuvo acceso revelan que una de estas sociedades administra una cuenta de inversiones en una reconocida entidad financiera con sede en Nueva York, mientras que la segunda fue registrada tres días antes de la primera vuelta presidencial del 2011, en la que el fujimorismo obtuvo el segundo puesto.

también puedes ver: Fiscal solicita levantar secreto bancario a Hiro, Sachie y Kenji Fujimori

Panama papers
Los documentos detallan un capítulo hasta ahora desconocido de la familia Higuchi: las inversiones de los primos y tíos de la excandidata Fujimori en un paraíso fiscal del Caribe.

Como parte de la investigación #FondosDePapel –que analiza los aportes de más de 370 organizaciones políticas en el país– se determinó que Eduardo Higuchi Fukazawa (40), importante funcionario del conglomerado empresarial de la familia dedicado a la industria llantera y aportante con S/ 35 mil a la candidatura de su prima Keiko Fujimori en marzo del 2016, es accionista de las sociedades offshore Dolmen Investment Services Inc. y Otago Trading Capital Inc.

Los Panama Papers revelan que la familia Higuchi Fukazawaconstituyó su primera offshore en abril del 2004 en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, bajo el nombre de Dolmen Investment Services Inc y a través de CITCO, firma internacional que ofrece servicios financieros.

Los primeros accionistas de esta sociedad fueron los ya fallecidos esposos Pablo Higuchi Miyagawa (hermano de la madre de Keiko Fujimori, Susana Higuchi) y Teresa Fukazawa Kasay, junto con sus hijos Juan Pablo y Eduardo, primos de Keiko y Kenji Fujimori Higuchi.

“Este cliente quiere traspasarse hacia nosotros. Actualmente está bajo la administración de CITCO”, indicó en un correo de mayo del 2011 Susana Kam, una de las representantes de Mossack Fonseca en territorio peruano.

Desde ese momento esta firma administró Dolmen Investment Services Inc. La offshore de la familia Higuchi tiene además una cuenta de inversión en la importante entidad financiera estadounidense Morgan Stanley, según revela el mismo correo enviado por Kam menos de un mes después de que Keiko Fujimori pasara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con Ollanta Humala.

Durante aquella campaña electoral, la entonces congresista Marisol Espinoza aseguró que Susana de la Puente Wiese, ejecutiva de Morgan Stanley, era la encargada de recaudar el dinero destinado para la campaña fujimorista de Fuerza 2011.

La historia de los Fujimori-Higuchi

Los abogados panameños aseguran en los correos filtrados que la documentación de la offshore Dolmen Investment está en las instalaciones de la empresa Reencauchadora El Sol, la compañía más longeva del conglomerado familiar de los Higuchi que representa en el Perú a diferentes marcas internacionales de neumáticos y que en Lima se encuentra ubicada en el distrito capitalino de San Luis.

La familia Higuchi inició la compañía en 1942 y la registró oficialmente en 1976. En mayo de aquel año, Koshiro Higuchi junto con Augusto Fukazawa, su hijo Pablo Higuchi y el expresidente Alberto Fujimori firmaron la fundación de la Reencauchadora El Sol.

El exmandatario, condenado a 25 años de prisión por corrupción y violación de derechos humanos, conoció a su exesposa Susana Higuchi en el negocio familiar, del que renunció en 1981.

“Conocí a Fujimori cuando se acercaba a la Reencauchadora ‘El Sol’ de la avenida México con un vehículo tipo Datsun de cuatro puertas, cuando llegaba a visitar a la señora Susana Higuchi”, confesó en 2002 Luis Aybar Cancho, involucrado junto a sus hermanos en el tráfico de armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante el gobierno de Fujimori.

Desde aquellos años, el conglomerado dirigido por la familia Higuchi creció hasta su estado actual: cinco empresas dedicadas al negocio de venta de llantas que desde 1999 han contratado con el Estado por un monto total que asciende a los S/ 217 mil.

La compañía Tire Sol S.A.C., fundada en 1992 y cuyo actual directorio está conformado por Juan Pablo y Eduardo Higuchi, es representante peruana de la reconocida marca japonesa de llantas Yokohama.

Los documentos del Caso Panama Papers también revelan que la familia Higuchi constituyó una segunda offshore en las Islas Vírgenes Británicas. La sociedad Otago Trading Capital Inc. fue registrada a través de Mossack Fonseca el 7 de abril del 2011, tres días antes de la primera vuelta electoral y pocos meses después del fallecimiento de Pablo Higuchi Miyagawa, tío de la lideresa fujimorista.

Financiamiento

Los últimos directores conocidos de la empresa Otago Trading Capital Inc. son Eduardo y Juan Pablo Higuchi Fukazawa, uno de ellos financista de la campaña de sus primos Keiko y Kenji Fujimori.

La investigación #FondosDePapel determinó que Eduardo Higuchi Fukazawa, accionista de Dolmen Investment y Otago Trading Capital así como importante funcionario del imperio industrial “El Sol”, aportó S/35 mil a la última campaña de Fuerza Popular en 2016.

No es la primera vez que el partido fujimorista recibe aportes de personas vinculadas a sociedades offshore: Ojo-Publico.com ha identificado hasta el momento tres casos más.

LVF Liberty Institute, empresa creada en el paraíso fiscal de Delaware en Estados Unidos, es uno de los principales financistas del partido liderado por Keiko Fujimori con más de S/ 220 mil aportados en los últimos once años. Incluso el apoderado legal de esta offshore, Juan Carlos Luna Frisancho, figura como aportante a la campaña fujimorista en 2011, con más de S/ 211 mil.

La investigación Panama Papers también evidenció los vínculos de dos sociedades creadas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en las Seychelles con Jorge Javier Yoshiyama, empresario que con su esposa Joon Lim Lee y el exministro Jaime Yoshiyama Tanaka aportaron S/ 511 mil a la última campaña de Keiko Fujimori.

Los correos filtrados además revelaron que Sil Yok Lee, octogenaria que donó S/ 138 mil para el partido de Keiko Fujimori en 2011, prestó su nombre para ser apoderada de las offshore Genell Finance y Nexus Associated, ambas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

Negativa para responder

Ojo-Publico.com solicitó una entrevista a través de una carta enviada a cada una de las cinco empresas de la familia Higuchi, incluida Reencauchadora El Sol. Cuatro de estas compañías se negaron a recibir el documento alegando no tener vínculo alguno con las sociedades offshore.

Solo TH Corp S.A.C., sociedad de inversiones fundada por Eduardo y Juan Pablo Higuchi en el año 2015, aceptó la misiva aunque sin emitir una respuesta hasta el cierre de esta nota.

Otro escándalo por jefe de asesores del ministro del interior Basombrío






Procurador denuncia al jefe de Gabinete de Asesores de Basombrío

Leonardo Caparrós, como jefe del INPE, habría favorecido a empresa para adquisición de equipos de identificación biométrica; luego, fue gerente de esa empresa; y ahora asesor del titular del Interior.

El Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Dr. Amado Enco Tirado, solicitó al Fiscal Provincial Corporativo Especializado en Corrupción de Funcionarios iniciar investigación preliminar contra Leonardo Caparrós Gamarra, jefe del Gabinete de Asesores del ministro del Interior Carlos Basombrío, por presuntos actos de corrupción durante su gestión como Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debido a que se habría coludido con algunas empresas para la adquisición de equipos de identificación biométrica en los penales por más de cinco millones de soles.

Procurador Enco hizo pedido formal para que fiscalía investigue a Caparrós.

DIRECCIONADO

Dentro de los hechos que se imputa contra Caparrós Gamarra, se le atribuye que como jefe del INPE, elaboró las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos de identificación biométrica que solo una empresa (Unlimited Systems S.AC) podía cumplir, asimismo, dispuso que vía informe legal se exonere la aplicación de la Ley de Contrataciones por considerar que era un bien que no admite sustituto.

Sin embargo, el informe 154-2009 del mismo INPE reconoce que no se trata de bienes insustituibles y que no existía un solo proveedor de este servicio. Asimismo, los informes 47-2009-INPE, 05-2009-INPE/09 y 333-2009-INPE/08, dicen que se justifica cuáles son las características técnicas que le otorgan la calidad de insustituible a los equipos de identificación biométrica (huellas) y captura de imágenes para el penal Castro Castro. 

Ministro Basombrío especialista en llevar asesores corruptos y tildar a los profesores de apologistas del terrorismo


Sin este sustento técnico no se justifica la exoneración para el proceso de selección, conforme a lo establecido en el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo el INPE no cumplió con certificar que la empresa Unlimited Systems S.A.C. es el único distribuidor, representante del fabricante o autorizado para la venta o distribución del equipo materia de contratación.

Lo sorprendente fue que con el proceso de contratación en marcha, Caparrós Gamarra renunció al INPE para ocupar el cargo de Gerente General de la empresa Unlimited Systems S.AC, empresa que finalmente fue adjudicada con la buena pro para la adquisición del sistema biométrico por el monto de S/. 565,212.40 soles.

Según denuncia del Procurador Público Anticorrupción, Dr. Amado Enco, el 26 de febrero del 2009 mediante Resolución Suprema 064-2009 se acepta la renuncia de Leonardo Caparrós Gamarra en el cargo de presidente del INPE.

Poco después, el 16 de agosto del 2009, Leonardo Caparrós fue designado gerente de la empresa Unlimited Systems S.A.C., según consta en la Partida Registral Nº 119117260 emitida por la Sunarp; y, es quien suscribe el Contrato Nº 040-2009-INPE/EU.001 el 11 de diciembre del 2009 como contratista y en representación de la empresa antes mencionada con el INPE.

El Procurador Público Anticorrupción, Dr. Enco, sostiene en su denuncia que Caparrós se encontraba prohibido, conforme a la Ley Nº 27588, de contratar con cualquier empresa del sector privado vinculada al sector donde desempeñó el cargo público.

El informe del procurador dice que de lo actuado, “los funcionarios presuntamente involucrados generaron informes legales para dar apariencia de regularidad para favorecer a la empresa Unlimited Systems S.A.C. cuyo representante es el señor Leonardo Caparrós”. Es decir, dieron visos de legalidad a una acción ilegal.

SIN PROTECCIÓN

Como consecuencia de la denuncia formulada por el Procurador Público Anticorrupción Dr. Amado Enco contra Leonardo Caparrós y los funcionarios del INPE, Luis Peña Aparcana, Héctor Navarro La Cruz, Salvador Sandoval Noriega, Juan Lock Oyanguren, Carlos Rodríguez Cortijo, Saúl Canchis Aremburgo, Carlos Verástegui Pérez y Hugo Alegre Romero, hasta la fecha no se ha dado respuesta al pedido de resguardo policial solicitado por el propio Procurador Público Dr. Amado Enco desde que asumió el cargo.

MALESTAR EN LA PNP

La presencia de Caparrós Gamarra no solo ha originado una denuncia de la Procuraduría Pública por estar presuntamente involucrado en actos de corrupción, sino que en el interior de la Policía Nacional del Perú advierten que con Caparrós Gamarra el ministro Carlos Basombrío pretende manejar el presupuesto de la PNP y copar los mandos con elementos civiles, declarando a la PNP como un Órgano Civil del MININTER.

¿MORALIZADOR?

Así también, los altos mandos policiales que pugnan por un manejo transparente consideran sorprendente que el actual Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior y anterior Inspector General del Sector Interior, órgano encargado de la supervisión, investigación, control interno, asuntos disciplinarios policiales y asuntos funcionales del sector, venga siendo investigado por actos de corrupción a pedido del propio Procurador Público Anticorrupción, quien cumpliendo su labor y al sospechar el actuar poco idóneo del entonces jefe del INPE ha solicitado el inicio de las investigaciones en el sistema anticorrupción.

OJO CON EL PRESUPUESTO

Al llegar al Ministerio del Interior el primer asesoramiento de Caparrós al ministro Basombrío habría sido respecto al manejo del Presupuesto Económico de la PNP para tener el control de los contratos en adquisición de bienes, equipos para la PNP y de infraestructura o construcciones de locales PNP.

Asimismo, pretendería copar todos los puestos de administración del Ministerio del Interior con los asesores que ha llevado del INPE, y para ello utilizan como pretexto que se debe sacar a los efectivos de la PNP bajo el argumento que se necesita más policías en las calles.

ALGO MÁS

En la procuraduría no se explican cómo el ministro Basombrío tiene a Caparrós como jefe de su Gabinete de Asesores.

¿Se acuerdan del corrupto médico Carlos Moreno? pues él no solo fue consejero en temas de salud del presidente Pedro Pablo Kuczynski, también fue miembro de la comisión encargada de dirigir la adecuación e implementación de la normativa sobre servicios de salud policial y otras funciones, formada por el Ministerio del Interior.

El titular del sector, Carlos Basombrío, firmó la Resolución Ministerial 859-2016-IN, que nombró a Carlos Moreno. Se publicó en las Normas Legales de “El Peruano” el 20 de setiembre.

HUMALISMO INCLUYÓ EN PENSIÓN 65 A MÁS DE 23 MIL PERSONAS FALLECIDAS

Contralor Nelson Shack hizo esta revelación ante el Congreso. También aparecían como beneficiarios del programa personas que recibían pensión de las FF.AA., ONP, Superintendencia de Banca y Seguros, entre

Autoridades electas y pensionistas de las Fuerzas Armadas y de otras entidades del Estado estarían entre los beneficiados de distintos programas sociales, como Pensión 65 o el programa Juntos, reveló el contralor general de la República Nelson Shack.

Según diario Exitosa, Shack Yalta explicó que entre el 2012 al 2014, el Programa Pensión 65 incorporó como beneficiarios a 23,389 personas fallecidas, además de otros 681 pensionistas del Ejército Peruano, la Oficina Nacional Previsional (ONP), la Caja de Pensiones Militar-Policial, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú (FAP).

A estos últimos personajes se les realizó 1,876 abonos, equivalentes a 460,838 soles, en perjuicio del Estado, dijo el contralor en su reciente presentación ante la Comisión Parlamentaria de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. 



De igual manera, explicó, que en el mismo periodo de años, el programa Juntos incluyó en su padrón a 206 autoridades electas por voto popular, entre ellas 200 regidores, cinco regidores provinciales y un alcalde, a quienes se habría destinado un abono total de S/ 159,915 en perjuicio al erario público.

En apenas dos años, la pérdida del Estado por estos todos estos conceptos fue superior a los S/ 1.3 millones. Los hallazgos de la Contraloría fueron derivados a la Fiscalía, donde se investiga a directivos y funcionarios de las entidades que en su oportunidad autorizaron dichos pagos.

Autoridades electas y pensionistas de las Fuerzas Armadas y de otras entidades del Estado estarían entre los beneficiados de distintos programas sociales, como Pensión 65 o el programa Juntos, reveló el contralor general de la República Nelson Shack.

Según diario Exitosa, Shack Yalta explicó que entre el 2012 al 2014, el Programa Pensión 65 incorporó como beneficiarios a 23,389 personas fallecidas, además de otros 681 pensionistas del Ejército Peruano, la Oficina Nacional Previsional (ONP), la Caja de Pensiones Militar-Policial, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú (FAP).

A estos últimos personajes se les realizó 1,876 abonos, equivalentes a 460,838 soles, en perjuicio del Estado, dijo el contralor en su reciente presentación ante la Comisión Parlamentaria de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.

De igual manera, explicó, que en el mismo periodo de años, el programa Juntos incluyó en su padrón a 206 autoridades electas por voto popular, entre ellas 200 regidores, cinco regidores provinciales y un alcalde, a quienes se habría destinado un abono total de S/ 159,915 en perjuicio al erario público.

En apenas dos años, la pérdida del Estado por estos todos estos conceptos fue superior a los S/ 1.3 millones. Los hallazgos de la Contraloría fueron derivados a la Fiscalía, donde se investiga a directivos y funcionarios de las entidades que en su oportunidad autorizaron dichos pagos.



CIENTOS DE MANIFESTANTES RECHAZAN CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL Y CONTAMINACIÓN DEL RÍO MAJES POR RELAVES MINEROS 



En la marcha de protesta participaron pescadores camaroneros, agricultores de Aplao y pobladores de Ayo. La marcha se inició en el centro poblado de Cochate con dirección a Aplao, el recorrido duró aproximadamente 3 horas.

Para acordar nuevas medidas de lucha, las organizaciones sociales y gremiales de Camaná y Castilla involucradas en la defensa del río Majes, se reunirán el próximo sábado 18 de noviembre en el pueblo de Corire.

Sobre la posible contaminación del río Majes con metales pesados producto de derrames mineros, señalo que hace unas semanas atrás tomaron una muestra del río para mandarlos analizar por iniciativa de las autoridades de Aplao. Aseguró que la próxima semana tendría los resultados.
Enlace #mimamachota


En el siguiente video RMP otra vez toca el tema de omisión de los fiscales en el caso Odebrecht y reitera que no hay sanción por recibir aportes de campaña; sin embargo resalta el hecho de que el fiscal de la nación Pablo Sánchez ha abierto investigación sobre Joaquín Ramírez investigado por la DEA


Por  último amigos el cinismo ya jocoso de Alan García en donde dice no conocer a Odebrecht muy serio y llegando casi al enfado


y en este otro video casi canta alabanzas a Odebrecht







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