El gobierno de Ollanta Humala extraviado TOTALMENTE sin brújula y sin norte; no se le ha ocurrido mejor opción en medio de la orfandad en que se quedó por voluntad propia, al ocasionar la indignación y posterior retirada de quienes lo hicieron ser la propuesta de cambio de política que las mayorías reclamaban y que posteriormente, en virtud de ello, le hicieran ganar las elecciones; no se le ha ocurrido mejor idea que llamar a los que perdieron las elecciones . Uno, el líder del partido aprista, reducido a su mínima representación parlamentaria por la enorme y escandalosa corrupción con que latrocina al estado desde hace décadas y que lo llevó a obtener de 120 escaños parlamentarios tan sólo a tres congresistas. Alan García Pérez, está en la picota de la justicia, desde hace décadas, de lo cual sale indemne por los soterrados tentáculos que ostenta la mafia aprista en todos los pútridos niveles de los poderes del Estado; en donde, como vemos ni el doctor San Martín se salva, luego de su tristemente célebre sólo queríamos “UNIFICAR criterios”.
No solamente el presidente Humala ha perdido liderazgo y protagonismo ante su esposa y la nación misma; sino que, además dando muestra de la orfandad en la que se encuentra llama para dialogar no sólo al propulsor de los Decretos Legislativos ASESINOS ( 982 , 1094, 1095) para las protestas sociales Alan García Pérez, sino a la que encarna el loto orondo de la corrupción de la dinastía nipón de los 90: Keiko Fujimori, la misma que ante las torturas PROBADAS a su madre por parte de su progenitor el reo Alberto Kenya Fujimori, optó avalarlo y con ello el narcotráfico , el latrocinio y el terrorismo de Estado, invistiéndose de primera dama reemplazando con ello a su madre y condenándola a vivir desterrada de la familia y de los privilegios que la mafia fujimontesinista procuraba para los suyos.
La ingeniera Susana Higuchi hablando con fluidez antes de las torturas a las que fue sometida por su esposo Alberto Fujimori y que, finalmente le ocasionaron lagunas mentales.
Universidad Mayor de San Marcos
Universidad Mayor de San Marcos
Y para corroborar lo anteriormente dicho, a la mejor usanza de los criminales del comando CRIMINAL fujimontesinista grupo COLINA (Comando de Liberación nacional) la noche del miércoles último en la Universidad Mayor de San marcos, en la cual se venía discutiendo los alcances de la nueva Ley Universitaria y el hecho de que el Gobierno aún no los haya llamado para dicho debate; un grupo de estudiantes identificó y capturó a dos agentes de inteligencia policial que, de forma encubierta e ILEGAL, venían grabando y tomando fotos a los participantes de una reunión de dirigentes estudiantiles realizada en el patio trasero de la Facultad de Ciencias Sociales, en el campus universitario.
La Ley Universitaria vigente ES CLARA al señalar que las fuerzas del orden sólo pueden entrar a instalaciones universitarias con un permiso expreso del rector de esa casa de estudios, en este caso Pedro Cotillo, o del consejo universitario. La otra posibilidad, añade, es que “ellos violaron la ley”.
Uno de ellos, el suboficial de tercera PNP Roghell Abraham Medina Llaja, al verse rodeado por estudiantes que le exigían que se identifique, sacó su arma de una mochila (pistola Baikal calibre 38), apuntó a los asistentes y, tras realizar cuatro disparos al aire, trató de huir corriendo.
No obstante, fue capturado y reducido por los alumnos junto con el otro agente, identificado como Gilber Alexandro Pineda. Ambos fueron golpeados por los estudiantes antes de que se llamara a las autoridades.
Ante los reclamos de los universitarios en contra del rector, este emitió un comunicado esa misma noche, señalando que “no tenía conocimiento de la labor que cumplían” esos policías en la universidad. Luego el jueves 29 de agosto el rector Pedro Cotillo trató de “matizar” el comunicado del miércoles diciendo verbalmente: “Sabemos que el rector que no conoce de las actividades que las diferentes instituciones realizan, sobre todo si se trata de operaciones encubiertas”, para finalmente subrayar la presencia de grupos violentistas y extremistas en esa universidad demostrada en la AGRESIÓN por parte de los estudiantes contra dos agentes de inteligencia de la policía; uno de los cuales disparó cuando fueron detectados por los estudiantes ¡QUÉ BUEN RECTOR! minimiza el peligro de muerte a que fueron expuestos los estudiantes y magnifica la defensa propia de los muchachos ¡¡BUENA!! ¡¡QUÉ VIVAN LOS ÓRGANOS DE REPRESIÓN! Y QUE MUERAN (O LO QUE SEA) LOS ESTUDIANTES!
Esa noche la Policía también emitió un comunicado en el que condenaba la agresión a los policías y se indicaba que se denunciará a los responsables de ello; además, se justificaba la acción de los agentes diciendo que estos “efectuaban labores destinadas a identificar la participación de estudiantes vinculados al MOVADEF”. En otras palabras la ley es sólo para los civiles no para los organismos de represión del Estado, como dijimos al mejor estilo fujimontesinista.
La misma Ley Universitaria indica que el rector DEBE AUTORIZAR esas acciones; SIN EMBARGO, en el Perú, los que ostentan el poder pueden quebrantar y/o “inventar” otra cuando le venga en gana. Al respecto el penalista Luis Lamas Puccio dijo que la mencionada incursión policial debió contar con un mandato judicial, en atención de un pedido fiscal sustentado con indicios que hagan presumir la presencia del MOVADEF.
Carlos Tapia, ex asesor de Gobierno, consideró la explicación de la Policía como cínica, porque el MOVADEF, grupo vinculado con Sendero Luminoso, ACTÚA CON LIBERTAD, sus miembros no están perseguidos y si se quiere identificar a estos, la Policía solo tendría que buscar entre sus 300 mil seguidores inscritos ante el JNE.
Franco Manosalva, secretario de organización de Lima de la Federación de Estudiantes del Perú, dijo a diario16 que si bien hay presencia del MOVADEF en las universidades, la Policía utiliza ese argumento para entrar a esos centros y desprestigiarlos.
Las autoridades deben investigar el GRAVÍSIMO RIESGO al cual expuso el agente Medina Llaja a los estudiantes al realizar disparos con su arma para escapar de su detención de los estudiantes.
“¿Cómo va a llevar su arma si se supone que es estudiante? ¿Y cómo va a disparar? ¿Y si alguien resultaba muerto? Esto es muy grave y vergonzoso”, remarcó.
El abogado penalista Lamas Puccio, por su parte, indicó que el policía que realizó los disparos DEBE ser denunciado por exposición al peligro. En su comunicado del miércoles, la Policía no hizo mención a los disparos realizados en San Marcos, y solo se indicó que se investigará el modo de operar de los agentes.
Lo más GRAVE para la ciudadanía que envía a sus hijos, los muchachos más brillantes del Perú a estudiar a dicha casa de estudios; es que la incursión ILEGAL de la policía goza del presunto respaldo gubernamental con la consiguiente IMPUNIDAD que tendría dicha acción de inteligencia. ¿O habrá sido un complot dirigido a socavar aún más la caída en las encuestas del gobierno de Humala? En todo caso se augura después de esta acción el repudio de los estudiantes y de la ciudadanía; así como un negro futuro para el aislado gobierno de Ollanta que busca a líderes corruptos para reforzar su gobierno y, como para gozar de su simpatía, ejecuta viejas prácticas del terrorismo de Estado; porque disparar en una casa de estudios para defender una incursión ILEGAL frente a estudiantes ARMADOS de IDEAS, LIBROS Y CUADERNOS, no es otra cosa que TERRORISMO DE ESTADO señor Humala.
A raíz de este incidente no le quedó más remedio al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que anunciar la destitución del jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Gral. José Saturnino Céspedes Aguirre, quien fue separado de su cargo por los incidentes desatados la noche del miércoles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Céspedes Aguirre será reemplazado por el Gral. PNP Luis Fajardo Castillo, quien hasta ayer cumplía funciones como jefe del Estado Mayor Personal de la Dirección General PNP.
Céspedes había asumido el cargo el 31 de marzo de este año y lo dejará tras la balacera que desató el suboficial Roger Abraham Medina Llaja, quien de modo improvisado fue enviado como infiltrado a una reunión estudiantil de los alumnos de la facultad de Ciencias Sociales, con la supuesta finalidad de detectar a integrantes del Movadef.
El ministro del Interior recordó que lo sucedido el miércoles es el segundo error de la Dirección de Inteligencia bajo la dirección de Céspedes Aguirre. El primero fue el “reglaje” a políticos de oposición.
Alejandro Toledo
LLUVIA DE MILLONES. Aunque las investigaciones que se llevan adelante en el Ministerio Público y el Parlamento inicialmente buscaban identificar el origen de los casi $5 millones invertidos en una mansión en Las Casuarinas y en una lujosa oficina, tres cocheras y un depósito en Surco, el informe establece que la cuenta que la empresa Ecoteva Consulting Group, cuya titular era doña Eva hasta poco después de que explotara el escándalo inmobiliario, tuvo ingresos por $17,067,531,55.
Como se sabe, la Fiscalía Adjunta para Delitos Económicos de Costa Rica halló evidencias en ese país de que Toledo fue quien gestionó la constitución de Ecoteva, fundada específicamente para las operaciones inmobiliarias de la madre de su esposa.
El reporte, que consta de 10 páginas, es claro en señalar que pese a la ingente cantidad de dinero que manejó doña Eva en la cuenta abierta en el Scotiabank de Costa Rica en febrero del 2012, "no se visualizan ingresos o egresos que puedan estar vinculados a una actividad comercial".
Cabe precisar que el ente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) logró identificar a Fernenbug como la persona que realizó dicha apertura de cuenta, "a pesar de que su movimiento migratorio indicaría que no estuvo en Costa Rica en esa fecha". Otra cuenta a su nombre, detectada por la UIF, data de noviembre del año pasado y presenta solo depósitos por un total de $90,369.94.
LAS CASAS. Pero eso no es todo. El contundente informe no solo indica que la mansión de 2500 m2 en Surco y el departamento en la exclusiva Torre Omega fueron adquiridos por doña Eva, sino que los fondos de la empresa off-shore que constituyó junto a una empleada de limpieza y un vigilante, también sirvieron para que la familia Toledo-Karp se hiciera de otras propiedades.
Según se advierte en el documento, refrendado por el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza Chiroque, la famosa casa de playa que el "Sano y Sagrado" visita verano a verano en Punta Sal (Tumbes) fue adquirida por su octogenaria suegra.
Para adquirir la casa, que se ubica en el lote 2, manzana F, del condominio Punta Sal, a la altura del kilómetro 1190 de la Panamericana Norte; doña Eva desembolsó $305,141.95 a través de tres cheques, lo que incluía el pago de la hipoteca por una suma ascendente a $277,308.96.
Este inmueble fue adquirido luego por el exjefe de Estado. No obstante, el reporte señala que la transacción se efectuó "desconociéndose el origen de los fondos" empleados por Toledo. Además, resulta extraño que el peruposibilista no haya regularizado aquella compra ante los Registros
Públicos, a pesar de que fue recién a raíz del escándalo inmobiliario de su suegra que este mencionó que había adquirido una casa en Punta Sal, algo que por años solo fue un rumor.
Asimismo, se da cuenta de un cheque de gerencia por la cantidad de $217,007.18 que fue emitido a favor de David Eskenazi -quien cobró notoriedad al ser el apoderado legal de Fernenbug para realizar sus millonarias compras- para cancelar el crédito hipotecario a nombre de la ex primera dama Eliane Karp. Según la información de inteligencia, este dinero habría sido usado para cancelar la deuda "correspondiente al inmueble del matrimonio Toledo-Karp localizado en Camacho".
Dicho inmueble fue otorgado en anticipo de legítima (herencia) a Chantal Toledo Karp, pero a través de una escritura pública, suscrita en diciembre del 2000, se estipuló un asiento de "derecho de habitación y usufructo vitalicio" hacia sus padres.
SECRETO. De otro lado, la Comisión de Fiscalización, que preside Vicente Zeballos, decidió levantar el secreto bancario y la reserva tributaria del líder de Perú Posible, Eliane Karp y Eva Fernenbug, y citar al fiscal de la Nación, José Peláez, a su regreso de Costa Rica, para que informe al detalle sobre el resultado de las pesquisas que realiza el país centroamericano.
Asimismo, se determinó citar para el próximo viernes 6 de setiembre a David Eskenazi, el apoderado legal que hizo la compra; a Luis Arbulú, quien vendió la casa por casi 4 millones de dólares; y a Paul Allemant, el corredor inmobiliario que ayudó a Toledo y Karp a hallar una casa de su gusto en Las Casuarinas.
La MAFIA peruana contra procurador anticorrupción
Desde que empezó su gestión en la Procuraduría Anticorrupción, Julio Arbizu fue blanco de ataques por parte de fujimoristas y apristas. En los últimos meses el abogado del Estado ha logrado incautar bienes para cobrarles la reparación civil a funcionarios que fueron condenados por corrupción y trabajaron para el hoy condenado Alberto Fujimori.
El pasado 20 de agosto, el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril increíblemente solicitara la detención ante la Fiscalía de la Nación del abogado del Estado (procurador) Julio Arbizu ; el cual respondió a través de su cuenta en Twitter:
“Delirante congresista pide mi “detención” por una sarta de estupideces que denuncia en mi contra. Condecoración, viniendo de quien viene”.
Por ello, la alianza aprofujimorista arremetió contra el procurador anticorrupción, Julio Arbizu. Esta vez desde dos frentes. Ayer presentó, por un lado, una moción multipartidaria exigiendo la destitución del abogado del Estado por “insultar” al congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril.
Dicha moción fue firmada por varios congresistas fujimoristas. También puso su rúbrica el aprista Mauricio Mulder y se sumaron al cargamontón algunos parlamentarios del Partido Popular Cristiano (PPC), entre ellos Luis Galarreta.
Por otro lado, el congresista de Fuerza Popular Pedro Spadaro presentó ayer una denuncia contra Arbizu ante el Colegio de Abogados del Callao por supuestas faltas al Código de Ética del Abogado.
“El señor Arbizu ha venido lanzando insultos a través de los medios y las redes sociales contra congresistas de la República, endilgándoles calificativos como ‘payasos’, ‘delirantes’ y ‘estúpidos’, lo cual no se condice con la seriedad y la cortesía con la que se debe conducir”, dice la denuncia.
Pasado Apolinario Jesús Antezana
El congresista Norman Lewis (UR) mostró ayer la copia de un reporte policial que revela un pasaje oculto de la vida del sociólogo Apolinario Jesús Antezana, quien se hace llamar Jaime Antezana.
Según una copia del atestado policial de la SUBDIRCOTE (Subdirección Contra el Terrorismo), Antesana (en el documento figura así su apellido) fue detenido por esa unidad policial, a la edad de 21 años, el 13 de febrero de 1987, en una vivienda de estudiantes de la universidad de La Cantuta (Chosica).
Aquella vez estaba acompañado de dos compañeros suyos –quienes también fueron detenidos– y portaba folletos de contenido subversivo que tenían el título “Desarrollar la guerra de guerrillas”.
Una comisión de supervisión de la Policía Nacional concluyó que 1,800 efectivos dados de baja entre el 2000 y 2013 consiguieron la reincorporación a la institución mediante mandato judicial; de los cuales 300 habían sido expulsados por medida disciplinaria, entre otros, por presuntos delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión, estafa y otros graves delitos.
Los demás fueron separados por renovación de cuadros.
Sin embargo, la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior tiene aproximadamente otros 4 mil expedientes de efectivos dados de baja que buscan retornar a la Policía. Todo un récord.
La institución policial ha lidiado para impedir la reincorporación de policías acusados por graves acusaciones.
Los tribunales se han convertido en la tabla de salvación de los policías que han sido expectorados por graves faltas o por renovación de cuadros. Lo que ha detectado el Ministerio del Interior es que la mayor parte de los mandatos judiciales –como las medidas cautelares– provienen de juzgados de provincias.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque es la que más resoluciones cautelares ha emitido a favor de policías separados por el Alto Mando de la PNP. Solo en lo que va del año evacuó 12 fallos a favor de efectivos subrogados. Las Cortes Superiores de Justicia de Puno y Cusco no se quedaron atrás. Emitieron 12 resoluciones a favor de policías sancionados.
Los efectivos suelen recurrir a juzgados de provincias donde han prestado servicios, por lo que presume confabulación, según fuentes del Ministerio del Interior. La Procuraduría de Asuntos Judiciales incluso ha detectado casos de efectivos que fueron reincorporados con RESOLUCIONES FALSAS.
Este es el caso de los suboficiales Wildor Villarreal Santa María, Rafael Hoyos Ramos, Percy Doria Mariño, José Pérez Bocanegra, Charles Bayona Torres, Segundo Agip Benavides y Victor Asiú Corrales. Estos efectivos, que fueron pasados al retiro por medida disciplinaria, recurrieron a un juzgado de Celendín (Cajamarca) y lograron una medida cautelar para conseguir la reincorporación a la PNP el tres de abril de este año.
Sin embargo, al momento de apelar la Procuraduría del Ministerio del Interior, descubrió que en el juzgado no existía ningún expediente sobre el caso. ¿Qué sucedió? Los policías habían fraguado la resolución. Usaron los sellos y falsificaron la firma del juez José Vásquez Cabrera y de la secretaria Arminda Marín Cachay. En el caso del suboficial Rafael Hoyos Ramos, la Policia Nacional lo pasó al retiro el ocho de mayo del 2002 por abandono de destino al servicio (deserción).
Sin embargo, luego de permanecer 11 años fuera de la institución, Hoyos emprendió un proceso judicial en Celendín (Cajamarca) y obtuvo una medida cautelar provisional para reingresar a la Policía con todos sus beneficios. Después de que el Ministerio del Interior le reconoció todos los beneficios devengados, descubrió que el mandato judicial era un documento falso. La Dirección de Recursos Humanos de la PNP lo ha denunciado por fraguar documentos.
En algunos casos el Poder Judicial no solo resuelve la reincorporación de los efectivos policiales sino también dispone que se les reconozca el grado inmediato superior. Es el caso del coronel PNP Manuel Ibárcena Escalante, quien actualmente labora en el Estado Mayor de la Policía Nacional.
Ibárcena fue expulsado de la PNP por estar implicado en el delito de extorsión a una banda de narcotraficantes, cuando ostentaba el grado de mayor y dirigía una División Antidrogas en el Callao.
Según las investigaciones internas de la PNP, Ibárcena permaneció prófugo durante varios años, siendo dado de baja por medida disciplinaria el 3 de abril del 2000 y ahora está en el Estado Mayor de la Policía Nacional con el grado de CORONEL!!
No sólo lo reponen con grado superior, sino que… lo INDEMNIZAN!!!
Efectivamente, seis años después Ibárcena interpuso una demanda en el juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Caravelí, en Arequipa, logrando su reincorporación a la PNP. Dicha resolución señala lo siguiente “Se ordena su reincorporación al servicio activo de la PNP con reconocimiento de la antigüedad que le correspondería en el escalafón de la PNP, se le otorgue el grado inmediato superior, con todos sus beneficios y preeminencias inherentes al mismo, que por antigüedad le correspondería y al que hubiera podido acceder, derecho que le fue negado al haber permanecido más de siete años fuera de la institución por causas no imputables a su persona. Se haga efectivo el pago de los haberes, remuneraciones, vacaciones, combustible y demás bonificaciones dejados de percibir durante el tiempo que fuera. Además, se le otorgue una indemnización de 500 dólares. Por cada mes que ha permanecido fuera de la PNP. Además le regalaron los grados de comandante y coronel de la PNP.
Al ser consultado por La República sobre su situación, el coronel PNP Manuel Ibárcena Escalante, se limitó a manifestar que su caso era "cosa juzgada". Evitó dar mayores comentarios. ¡Qué buena! ¿y hará algo nuestro Estado, que ahora busca aliarse con los cacos del fujimorismo y el aprismo?? ¿no es para morirse de risa?
El capitán PNP Alberto Gallegos Arias fue dado de baja por medida disciplinaria en 1998 por presuntas relaciones con una organización del narcotráfico. Lo enviaron al penal Miguel Castro Castro y estuvo preso 32 meses. Por exceso de carcelería, Gallegos salió en libertad en el 2001. Poco después, en el 2005, reingresó a la PNP por vía judicial con el grado de comandante y con todos sus beneficios. Ahora Gallegos le reclama a la Policía que le reconozca el grado de coronel.
"A mí me hicieron mucho daño. Soy un oficial de carrera. No soy delincuente ni mucho menos narcotraficante", dijo como si estuviera CONVENCIDO de que los peruanos no sabemos del GRAN espíritu de cuerpo que reina en la PNP; vale decir que él se figura que no somos peruanos sino “peruasnos”.
La Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior informó que ha interpuesto una apelación para rechazar la pretensión de Gallegos de acceder al grado de coronel de la PNP.
Entre otros oficiales dados de baja por medida disciplinaria que han logrado la reincorporación por vía judicial, se encuentran los tenientes, Tito Velásquez Álvarez, Mario Sandoval Torres; los capitanes Ronald Anchante Romero, Segundo Espinoza Sánchez y Guillermo Peña Amoretti, Joaquín Gayosa Ludeña y los mayores Luis Castillo Huamán, Miguel Betancourt Pérez y el comandante Jaime Sosa Castillo.
El Poder Judicial ha invocado a los magistrados a reducir las medidas cautelares dictadas a favor de los policías que han sido dados de baja por medidas disciplinarias o por renovación de cuadros.
Recientemente, el presidente Ollanta Humala exhortó al Poder Judicial que "se ponga las pilas" respecto de los policías dados de baja que apelan a los tribunales para buscar la reincorporación al servicio.
De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior, a fin de año serán pasados al retiro un promedio de 2000 efectivos, por renovación de cuadros y por medida disciplinaria.
El mandatario Humala dijo: "Prometo hacer todo el esfuerzo para acabar con esta corrupción. Hoy tenemos de 2 mil a 3 mil policías reincorporados por el Poder Judicial que fueron dados de baja por medidas disciplinarias y otras razones”, refiriéndose a los casos mencionados.
Y todavía algunos se preguntan ¿Cómo es posible que los candidatos presidenciables más fuertes para el 2016 sean Alan García, Keiko Fujimori, Castañeda Lossio?; ¡cómo es posible que Ollanta Humala y Lourdes Flores (PPC) busquen hacer alianzas con el Apra y el fujimorismo!! ¡Si lo que más abunda en el Perú son precisamente hampones de cuello y corbata, arma al cinto y galones!!
Rafael Rey en el canal de Yanacocha, Willax, donde tiene un espacio junto a José Barba Caballero y alterna (¡cómo no!) el ex ministro de justicia e implicado en tráfico de influencias y narco indultos, Aurelio Pastor; hizo una denuncia refiriéndose a la serie de normas que dio este gobierno para limitar la tenencia de armas; esas normas dictaminan para defensa personal sólo se debe tener 2 pistolas; para cacería, también sólo dos carabinas o dos escopetas. Sin embargo el vice ministro del interior Iván Vega Loncharis (que se ha mantenido en su puesto a pesar que ya han cambiado 4 o 5 ministros del interior) tiene 6 pistolas para defensa personal cuando la ley dada por él mismo sólo permite 2. El vice ministro Vega ha renovado recientemente sus licencias a dos de las pistolas que posee, cuando la norma que limita la tenencia ya estaba vigente. 4 de sus armas tienen actualmente su licencia vencida.
El señor Vega tiene, además, 5 carabinas destinadas a cacería cuando la ley sólo permite 2; entre ellas una de 9 mm, calibre está prohibido, pero evidentemente NO para el vice ministro.
Rafael Rey, también ex ministro de la producción, recordó una de las GRANDES flacideces del gobierno “nacionalista”, que él ya había denunciado en su tiempo. La sociedad nacional de pesquería, se ha pronunciado contra el gobierno actual por desentenderse de la reunión de la Organización Regional de la Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), desarrollada en Auckland, Nueva Zelanda, donde el Perú cedió absurdamente el 10 % de su cuota de pesca del jurel en alta mar a Chile hace unos meses. Perú no mandó representantes enterados del tema y sólo fueron los representantes del sector privado. En esa reunión se le cedió parte de la cuota del Perú, para la pesca de jurel en aguas internacionales, a Chile. La Sociedad Nacional de Pesquería anuncia que existe ya un desabastecimiento cada vez más continuo y preocupante del jurel en el mercado peruano, debido a que las empresas ya no tienen dicho producto. “¿Saben de donde tenemos que importar cuando falta? De Chile, justamente!!” ironizó Rafael Rey.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola, me encantaría que aportaras algo o, si lo crees conveniente, me ayudes a difundir estas cosas que en mi país poco se saben. No te preocupes por la autoría ¡ya sabes! en las Redes Sociales todos trabajamos para el bien común.
Un abrazo