Hace unas semanas el prestigioso semanario “Hildebrandt en sus trece” en la pluma de Alonso Ramos, publicó un artículo veraz y muy documentado (como nos tiene acostumbrados) en el cual menciona algunas joyas de este maloliente poder del Estado: el Tribunal Constitucional. En él se aprecia el gran forado que significa esta institución para la enclenque justicia peruana.
La infamia del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional (TC) no es el mundo fascinante al que aspiran llegar los más reconocidos juristas del País. Por el contrario, el descrédito de la institución es tal que el ex presidente de la entidad. César landa, decidió contar parte de su ingrata experiencia. “Muchas de las sentencias en el último período se dictaron al unísono de las demandas o de las presiones gubernamentales del gobierno 2006-2011 y de los poderes fácticos de turno, como el eclesiástico, militar, empresarial entre otros”, escribe Landa en su libro Los votos singulares de la jurisprudencia del tribunal Constitucional del Perú.
En la entrevista con este semanario, landa Arroyo subraya que se terminó de “coaptar al tribunal” con la designación de los magistrados Ernesto Álvarez Miranda, Gerardo Eto cruz Y Fernando Calle Hayen, en setiembre del 2007 “Cuando entré al Tribunal me decía: “ a mí no me visita nadie”. Después entendí el por qué. Como en el sistema judicial aparecen los lobbies dentro y fuera del tribunal dentro y fuera del tribunal. En el 2005 establecimos que cualquier visita que se haga al tribunal tiene que quedar registrada en la página web, a quién va a visitar y cuál es el asunto. Tampoco somos policías para saber con quién habla el colega y el vecino. Eso requiere transparencia y depende del talante de los propios magistrados”, dice Landa, actual decano de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Landa Arroyo fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional en el 2004. Dos años después, en el 2006, fue designado presidente. A finales del 2008 renunció a la presidencia alegando “motivos personales”, aunque conservó su puesto al vencer su mandato el 27 de Diciembre del 2009. Hoy en día dice que el punto de partida de su renuncia fue el fallo que avalaba una sentencia judicial que declaraba prescrito el caso El Frontón. La vergonzosa decisión fue dada el 11 de diciembre del 2008,en plena segunda era García.
”En el caso El Frontón se dice que ya no hay que investigar los delitos de lesa humanidad cuando hay sentencias condenatorias de la corte interamericana contra el Estado peruano. Y el tribunal hace caso omiso a lo que el órgano protector de los derechos fundamentales a nivel internacional ha establecido”, cuestiona. Landa Arroyo, Gerardo Eto cruz y Ricardo Beaumont Callirgos se opusieron, con votos singulares al fallo. Pero no pudieron por la mayoría integrada por Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Hayen, Ernesto Álvarez Miranda y Juan Vergara Gotelli. Mesía Ramírez y Calle Hayen eran abiertos simpatizantes. Álvarez actual presidente del TC, y Vergara Gotelli tienen cercanía con el Partido Popular cristiano.
“El caso se presentó como una buena oportunidad para que el TC estableciera un criterio que permita acabar con la impunidad de este tipo de delitos. La mayoría de magistrados, no obstante, decidió declarar improcedente la demanda”, se lamenta. Landa dejó el tribunal a mediados del 2010. El pleno del Congreso eligió en su reemplazo al abogado arequipeño Oscar Urviola Hani, un ex diputado del FREDEMO.
El TC dedicó el tiempo, en los últimos años, a emitir fallos aparenteente inexplicables y que algunas veces favorecieron a procesados por corrupción. Por ejemplo suplantando a los jueces Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, calle Hayen, Eto cruz y Álvarez Miranda le dieron una mano al ex viceministro fujimorista de Hacienda, Alfredo Jalilie por el gobierno de Alejandro Toledo, cuando esa gracia había sido revocada por la Cuarta saala penal Especial de la Corte Superior de Lima, jalilie se poresentóp como víctima de un cáncer terminal. Sin embargo, el expediente no acreditó un informe emitido por la Junta Médica Penitenciaria que permitiera saber en qué estado se hallaba el cáncer ocular que le fuera detectado. Jalilie salió, al fin, libre.
El Instituto de defensa legal analizó hace poco la sentencia del TC en los últimos 4 años. En el estudio consideró que además de el caso El frontón, hubo otras sentencias que consagraban la impunidad en materia de derechos humanos. Una de ellas concierne a la masacre en la localidad ayacuchana de Accomarca en 1985, donde 69 comuneros fueron asesinados, crimen de lesa humanidad que el TC, en fallo vergonzoso, consideró “delito común”.
Otra sentencia cuestionada es aquella que favoreció al prófugo ex dueño de Panamericana Televisión, Ernesto Schütz Landázuri. La conclusión del TC fue que los delitos de Schütz Landázuri tenían el límite de la prescripción. La sentencia del 20 de abril del 2011 se perpetró con apenas 3 votos (Ernesto Álvarez, Carlos Mesía y Gerardo Eto cruz) Los tres votos en contra fueron de Ricardo Beaumont, Juan Vergara y Óscar Urviola. El séptimo magistrado no se encontraba en sesión. Entonces, ¿cómo fue aprobada una resolución que estaba empatada?. El presidente del TC en aquel momento, Carlos Mesía, echando mano a una virtual “·interpretación auténtica”, concluyó, que al haber empate, prevalecía el voto del presidente, es decir, el de él. Ante el escándalo mediático suscitado, se decidió votar de nuevo, esta vez con el voto de Fernando calle. Este, felizmente, optó por la decencia de no dar respiro al paradójico empresario de papel higiénico refugiado en Suiza.
El tribunal atendió también el pedido del ex ministro fujimorista Walter Chacón Málaga. La sentencia de octubre del 2009 determinó que Chacón, acusado por enriquecimiento ilícito, saliera en libertad por el número de años que el proceso había implicado sin que se llegara al juicio ni a la sentencia. “El TC violó el principio constitucional de división de poderes”, dice el informe de IDL titulado Balance de las sentencias del Tribunal Constitucional 2007-2012, realizado por Juan Carlos Ruíz y Luis Roel. La polémica resolución fue firmada por una sala del tribunal y no por el pleno. En ese sentido bastaron las firmas de Carlos Mesía,, Ricardo Beaumont y Gerardo Eto cruz para dejar en libertad a Chacón, quien había hecho todo lo posible, dicho sea a de paso, para dilatar (y quebrar) el proceso.
El top del escándalo fue la resolución que determinó la excarcelación de Alberto Quimper. Los votos que gratificaron al repulsivo don Bieto pertenecieron a Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz. Desde la minoría los magistrados Álvarez y Beaumont razonaron que la detención no debió ser revocada, puesto que Quimper violó las normas del arresto domiciliario al irse a almorzar a la “ Bombonniere” De san Isidro al término de una diligencia judicial. Dos años antes al también abordar una demanda de Quimper por la difusión de los “petroaudios”, el TC prohibió a los medios de comunicación difundir grabaciones telefónicas, “salvo que exista la autorización de los interlocutores grabados” o un mandato judicial. Ante la avalancha de críticas tuvo que retroceder. Fue otro síntoma de descomposición.
El Tc se ha portado muy generosamente con algunos casos vinculados al narcotráfico. En el 2009 con los votos de Mesía Ramírez, Álvarez Miranda y Eto Cruz se emitió una resolución que torpedeaba la investigación de los Sánchez Paredes al excluir a José Humberto Abanto Verástegui de las investigaciones por el presunto delito de lavados de activos. El argumento fue el mismo de siempre: el Poder Judicial había excedido el plazo razonable de investigación. Abanto, abogado aprista, era directivo de exploraciones Algomarca, empresa relacionada con el mencionado clan familiar.
La metástasis del TC lo invade todo. Ordenó, por ejemplo, la restitución en su puesto de trabajo de Pablo Cayo Mendoza, que había sido despedido por llegar al municipio de Chorrillos en estado de ebriedad. Ordenó también la reincorporación del alumno Rodolfo oroya Gallo, que fuera expulsado de la Universidad san Ignacio de Loyola por fumar marihuana en pleno campus. Prohibió la distribución gratuita de la llamada “píldora del día siguiente “en las dependencias públicas. Dejó sin efecto la sanción contra el oficial de Marina de Guerra, Luis requena Pasapera, denunciado por acosar sexualmente a funcionarias civiles de la institución. Y como si fuese gemelo del Ministerio de Economía, restituyó los aranceles del cemento importado.
“No pensé que iba a caer tan bajo el Tribunal Constitucional. Ahora se considera la máxima instancia de todo. Mañana te pueden robar una cartera. El caso puede llegar al tribunal y este declarar fundado que devuelvan la cartera. El tribunal se ha convertido en una instancia revisora del Poder Judicial y, como en el caso de Químper, ha entrado en temas donde no hay ningún derecho constitucional en juego”, dice a este semanario el constitucionalista César Valega.
Valega menciona que el desmadre comenzó cuando la Constitución del 93 cambió las reglas de juego y permitió que los congresistas elijan a sus integrantes. Anteriormente, con la carta del 79, los magistrados eran elegidos por consenso de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es así que el Tribunal de Garantías Constitucionales, como se llamaba, resolvió, de 1982 a 1992, quince resoluciones sobre acciones de inconstitucionalidad. Tras el golpe del 5 de Abril del 92, las cosas cambiaron para mal. El punto más crítico llegó cuando el Congreso decidió destituir, en 1997, a los honorables magistrados Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca, y Guillermo rey Terry por declarar inaplicable la llamada Ley de Interpretación Auténtica, que permitía la delictiva segunda reelección de Alberto Fujimori. Convertido en un poder Judicial paralelo y sospechosamente dedicado a “dirimir” pleitos donde el dinero en abundancia está de por medio, el TC entró en un “frenesí productivo”. En el 2009 su fábrica de sentencias batió una marca; 11,000 fallos en 365 días de trabajo, ¡¡30 al día!!
“El actual tribunal no tiene ninguna figura destacada en lo constitucional. Todos han sido elegidos por acuerdo político. Ninguno de ellos ha sobresalido en el medio” dice Valega. La institución es presidida por el abogado Ernesto Álvarez Miranda, profesor principal de la Universidad san Martín de Porres. Es hermano del fallecido cirujano plástico Max Álvarez. Ingresó al tribunal el 19 de septiembre del 2007 con el auspicio del PPC. Su mandato de 5 años venció hace más de un mes.
El vicepresidente Óscar Urviola Hani, de 64 años, especialista en derecho de empresas. Fue diputado por el Fredemo en 1990.Después perteneció a Somos Perú. Ingresó al TC en julio del 2010, en reemplazo de César Landa. Es el único de los 7 que no puede ser reemplazado, ya que el ejercicio de su cargo concluye el 2015. Otro integrante es el abogado trujillano Gerardo Eto Cruz, de 53 años. Entró a la institución en septiembre del 2007 apoyado por Ollanta Humala y la bancada nacionalista. Postuló al Congreso Constituyente por el Frenatraca tras el autogolpe del 92. La asociación de Fonavistas pidió su cabeza por consignar, cuando postuló ante el Congreso para el TC, que tenía “estudios terminados” de Doctorado de Derecho Público en la Universidad Santiago de Compostela, en 1999”. Sin embargo el grado doctoral lo obtuvo en Mayo del 2010. ¡”En la Asamblea Nacional de Rectores no se encuentra registrado el doctorado de Eto. Es un engaño a la opinión pública”, dice el dirigente fonavista denunciante Guidarte Zavala. Al ser consultado por este semanario, Eto Cruz señala que no trató de sorprender al Congreso. “Una coa es terminar los estudios de doctorado y otra cosa es obtener el título de doctor”, dijo.
Carlos Mesía Ramírez, de 53 años, es un activo aprista que estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Es alguien cercano a Jorge del Castillo. Su esposa Miluska Carrasco gallardo, trabaja como asesora en el TC. Mesía reconoció que recomendó la contratación de su cónyuge. La pareja ha adquirido 5 viviendas en los últimos tiempos. Su vocación por los bienes raíces parece ser de reciente data. Lo cierto es que esta denuncia, formulada por Humberto Falla fue desestimada en la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Otro magistrado vinculado al Apra es Fernando calle Hayen, de 58 años. El magistrado de mayor edad es Juan Vergara Gotelli, de 81 años. Fue vocal de la Corte Superior de Lima. Llegó al actual cargo con el apoyo del PPC. El periodo de Vergara venció en diciembre del 2009 y, hasta hora, el Congreso no le consigue su reemplazo. El último es Ricardo Beaumont Callirgos, de 69 años, especialista en Derecho Comercial.. Su mandato venció en julio de este año. Una comisión especial del Congreso, presidida por Jaime delgado, busca elegir a los reemplazantes de los 6 magistrados con los períodos vencidos.
“Es un Tribunal Constitucional pésimo y está a la altura de éste Congreso. Ellos se sienten todopoderosos y tienen el derecho a meterse en todo. Hay gente que no merece estar allí. El tribunal no debería ser elegido por el Congreso porque se presta a componendas políticas y así se pagan favores”, dice el jurista Jorge Avendaño. Y agrega sin dar detalles pero con conocimiento de causa. ”Tengo información de que ellos mismos están negociando su permanencia, buscando la demora en la elección de los reemplazantes”.
ES VERDAD QUE ETO CRUZ NO ERA (¿NI ES?) DOCTOR.
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http://youtu.be/9qRq2KdUyZY
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