Cuando aún era un estudiante universitario buscando empleo, llegué a laborar en una empresa comercializadora de insumos agropecuarios en el cruce del jirón San Pablo con la avenida 28 de Julio, en La Victoria. Eran los alrededores de “La Parada”. Desde el cuarto piso donde laboraba, era cotidiano ver los asaltos a toda hora del día de varios grupos de desalmados jóvenes; quienes no tenían miramientos para golpear de la manera más brutal a aquellos transeúntes que se resistían a ser desvalijados. Una vez presencié cómo pateaban en la cara a un señor mayor; quien, amedrentado por semejante golpiza al fin entendió que la única manera de salvar la vida era dejarse hurtar.
Cierta vez estos maldecidos estaban haciendo de las suyas cuando pasaba un bus de servicio público a paso lento por la intransitable vía llena de baches, congestionada además, por vehículos, vendedores ambulantes y cerros de basura. Aún en marcha, del bus, bajó un decidido policía, en representación del orden y autoridad, para evitar el atraco. Los pandilleros no se amedrentaban. El policía, al no darse a vasto para defender a la víctima, hizo disparos al aire. La gavilla de gañanes huyeron del lugar corriendo; pero, el más avezado, se quedó intentando seguir robando. El guardia lo cogió por el cuello y con la cacha del revólver lo redujo. Todos respiramos aliviados y contentos de que al fin haya estado presente, ¡siquiera ése día!, la autoridad. Cuál fue la sorpresa de todos los que espectábamos diariamente el abuso de la delincuencia; al ver que de los callejones y corralones del lugar salían personas con palos y piedras a ¡¡defender al delincuente!! El policía, solo, ante la turba tuvo que dejarlo ir y refugiarse en nuestra empresa que bajó las puertas metálicas para evitar un saqueo. Finalmente, vino una patrulla a rescatarlo.
Esta misma imagen es lo que está ocurriendo con Susana Villarán hasta ahora ÚNICA autoridad con decencia y deseo de moralizar la comuna. Desde que ejecutó la auditoría contra el anterior burgomaestre Castañeda Lossio, integrantes de los partidos más corruptos del Perú (apristas y fujimoristas) salieron a denostarla y con ellos, el 50% de limeños que votó por un gobierno con antecedentes de mafia, como es el fujimorismo.Aquí, desde sus inicios, claramente, se ve un deseo de salvar al ex alcalde Castañeda Lossio a como dé lugar. Pero ¿Cómo se salvó Castañeda de ser incluido en la investigación del caso Comunicore? Porque como sabrán, TODOS resultaron culpables, sólo Castañeda no sabía nada del asunto (cualquier coincidencia con Fujimori son gajes de la corrupción). Pues bien, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso anterior, José Vega Antonio fue nada menos que candidato al congreso por la lista de Solidaridad Nacional (¡el partido de Castañeda Lossio!) con el número 7 ¿no es una feliz coincidencia??
Las investigaciones de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público y de la Procuraduría de la Municipalidad Lima revelaron que Comunicore, empresa fantasma creada con CERO de capital social (o sea NADA!!) y que SÓLO se usó para realizar el pago de S/.35.9 millones de soles, para luego desaparecer; usó la misma oficina que registró Solidaridad Nacional durante la campaña de reelección del ex alcalde en 2006(otra feliz coincidencia). Desde el 2010, la Primera Fiscalía Anticorrupción encontró al ex alcalde de Lima responsable del pago que, el Concejo metropolitano, realizó a la empresa Comunicore por S/.36 millones. Desde entonces, Castañeda ha presentado una serie de recursos para ser excluido de la investigación; incluso llegó a pagar 30 mil nuevos soles para continuar el proceso en libertad .
Hace unas semanas la 12va Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de Leoncio Paredes Cáceres, declaró fundado el recurso de excepción presentado por el abogado de Castañeda y ex fiscal superior, Mateo Castañeda Segovia; para excluirlo del proceso.
La decisión tomada contradice lo dispuesto por la Sexta Sala Penal de Lima el año pasado. Se le había ordenado al 12 Juzgado Penal procesar al ex alcalde de Lima. Ahora, el 12vo Juzgado a cargo del proceso tendrá que decidir si saca o no a Castañeda del proceso.
La defensa de Castañeda presentó este pedido en paralelo al Hábeas Corpus que ha quedado al voto en el Tribunal Constitucional (que ya sabemos en qué mañas anda), contra los jueces de la Sexta Sala Especializada en lo penal. La Procuraduría anticorrupción presentará un escrito oponiéndose a la medida.
Ahora, de manera arbitraria, el Pleno del JNE decidió establecer la fecha para el proceso de revocatoria ( el próximo 17 de marzo), sin consultar ni coordinar con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como lo establece el artículo 25º de la Ley Orgánica del JNE que indica claramente que “el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) pueden concurrir a las sesiones del Pleno y participar en sus debates con las mismas prerrogativas de los miembros del Pleno”. También el artículo 74º de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 señala: “El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deben mantener una relación de coordinación y colaboración entre ellos con el propósito de asegurar que los procesos electorales se efectúen de acuerdo con las disposiciones y los plazos previstos”.
Lo que pasa es que, viendo que antes, Susana Villarán, se había lanzado para candidata presidencial; de seguro, están buscando que aniquilarla políticamente ¡no vaya a ser que postule el 2016! y haga, DE VERDAD, un gobierno anticorrupción y moralizador, que imponga la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para extirpar de la política de una vez por todas y para SIEMPRE a los cacos de la política; cosa que los ciudadanos del Perú esperamos desde hace centurias. Porque ¿de qué delito se le puede acusar a Susana Villarán como para revocarla del cargo ? De NINGUNO.
Siguen apareciendo pruebas de que Solidaridad Nacional (SN) está impulsando la revocatoria; como financista han señalado al secretario de Solidaridad Nacional y congresista de la república José Luna Gálvez, quien OBVIAMENTE a negado toda vinculación para no ser investigado por la Comisión de Ética del Congreso. El costo para SOLICITAR una revocatoria es de medio millón de soles y lo que costará a los limeños es de por lo menos 60 millones de soles.
Las dudosas encuestadoras Datum e Ipsos Apoyo ya se han puesto a trabajar para contribuir con sus dudosas encuestas SIEMPRE favorables a los abanderados de la corrupción. Esta vez no podía ser de otra manera y predicen que el 65% de de los limeños están a favor de la revocatoria la cual será el 17 de Marzo del 2013.
Pero ¿cuáles son las cosas negativas de la revocatoria? Además del costo de la revocatoria, 60 a 100 millones de soles; el nuevo alcalde gobernaría sólo 8 meses ya que en el 2014 hay nuevas elecciones. Y el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta precisó que si en la revocatoria resultan vacados 14 regidores como mínimo, incluida o no Susana Villarán, habrá nuevas elecciones; con lo cual ya no sería de ocho meses el mandato del nuevo alcalde de Lima sino, menos; y en donde, los que perdieron, tendrán OTRA OPORTUNIDAD malograr el tiempo de gestión del que los venció y tomar el poder vía las urnas. Mejor dicho: "o gobierno yo, o no gobierna nadie".
A esto nos prestamos los limeños. Ahora ¿no es verdad que el peor enemigo de un peruano es otro peruano? ¿No es verdad que todos los estamentos del Estado son tan igual o peor que "La Parada"? Yo confío en que no lograrán revocarla y que, todas estas maniobras son para distraer a la opinión pública sobre las fechorías que realiza el Tribunal Constitucional, los escandalosos casos que sigue archivando el Poder Judicial. Y pienso que, seguramente, en vista de su honradez y decencia demostrada, Susana Villarán ha de ser una fortísima candidata al sillón presidencial para el 2016.
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