Defensoría del Pueblo
Beatriz Merino ex titular de la defensoría del Pueblo, se
vio FORZADA a renunciar al cargo al no haberse concretado, por parte del Congreso,
la invitación para un nuevo período; en su haber se exhiben importantes trabajos con respecto a las
protestas sociales contra los proyectos mineros de Conga y Espinar. Su reemplazante Eduardo
Vega, un profesional de CARRERA en la Defensoría del Pueblo con 14 años de labor ininterrumpida, no se quedó
atrás; y demostró INDEPENDENCIA al
oponerse a la discriminatoria Ley de Servicio Militar Obligatorio. Esto puso en
alerta a las bandas de malhechores que nos gobiernan gracias a nuestra ignorancia, esnobismo e
IRRESPONSABILIDAD política; ya que la gran mayoría de peruanos al ser
preguntado exclaman muy orondos que no son políticos. De allí los gobernantes
que tenemos y las leyes que hacen ellos mismos para ampararse.
Bueno pues, se pusieron en alerta los facinerosos y sacaron
cuentas que NECESITAN poner en libertad al jefe de la pandilla fujimorista
Alberto Kenya Fujimori Fujimori, al díscolo hermano fumón del presidente Humala
y sentar las bases para una reelección
presidencial (o conyugal) así como también prever en el campo legal la documentación pertinente para la defensa
internacional de Alejandro Toledo en caso prosperen las investigaciones sobre
sus “dinerillos” y casitas de 4 millones de dólares. ¿Asqueado? Esta es nuestra
política, como vemos NINGUNO se salva de las heces de la corrupción. En esta
coyuntura no se menciona al jefe de la gran banda aprista Alan García, porque
él ya está cubierto por el gran archivador de expedientes apristas el Fiscal de
la Nación Peláez Bardales y el Presidente del Tribunal Constitucional Oscar
Urviola.
Así, los que nos
gobiernan, vale decir los que nos mintieron para que le demos nuestro voto; se
dieron cuenta que Eduardo Vega como Defensor del Pueblo no es un personaje
manejable así que lo desestimaron por imparcial e independiente. El partido de
Alejandro Toledo pugnó por colocar allí a su candidata Pilar Freitas quien
estuvo involucrada en los casos de las
firmas falsas con que Perú Posible logró su inscripción para las elecciones del
año 2000. Freitas mientras se desempeñaba como presidenta del Consejo de
Defensa Judicial del Estado (CDJE) no fue muy entusiasta en la lucha
anticorrupción y en vista de su cargo, fue solamente llamada a declarar por
este sonado caso en el cual tenía un claro conflicto de intereses. Así somos en el Perú los bandoleros son juez
y parte en los contendeos judiciales cosa que SIEMPRE salen absueltos.
Luego, Pilar Freitas fue destituida en el 2007 como
superintendente de Registros Públicos por graves irregularidades en su gestión. Un caso notorio es que la actual
regidora de la Municipalidad de Lima omitió consignar que adquirió dos
lotes de terreno frente al mar, en Cerro Azul (Cañete) –en 2007–, en
el documento oficial que presentó como candidata al Congreso ante el Jurado Nacional
de Elecciones para los comicios del 2011.
Cabe anotar que Freitas adquirió esos predios –de 400 metros cuadrados en total– el 20 de febrero del año 2007,dos días antes de que fuera destituida de su cargo de superintendenta nacional de los Registros Públicos.
Cabe anotar que Freitas adquirió esos predios –de 400 metros cuadrados en total– el 20 de febrero del año 2007,dos días antes de que fuera destituida de su cargo de superintendenta nacional de los Registros Públicos.
Según la escritura pública 262 de la notaría Alonso Noriega,
ubicada en Lunahuaná, la ahora postulante a defensora del Pueblo pagó al
contado US$10 mil por los lotes 1 y 2 de la manzana ‘C’ de un supuesto proyecto de habilitación y lotización en
esa zona eriaza, ubicada a la altura del kilómetro 124 de la carretera
Panamericana Sur.
Pero lo que llama la atención y por lo cual Freitas evitó
consignar las propiedades en su declaración jurada; es que el
área del terreno fue embargado por un juzgado anticorrupción –en 2002– a
uno de los propietarios, el coronel EP en retiro Winston Alfaro Vargas,
procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito y señalado como presunto
testaferro del exgeneral montesinista Víctor Malca.
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| (Antes y después) Le ha sentado bien todo el tiempo que ha vivido del Estado a Pilar Freitas |
Freitas omitió consignar que es propietaria de esos predios
–ubicados en Cerro Azul (Cañete)– en su declaración jurada ante el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) Esta compra inmobiliaria no figura en Registros
Públicos debido a que esa propiedad se halla en un área playera que no
está formalizada, e incluso se encuentra embargada.
Según la partida de Registros Públicos N° 21001466, el 22 de
julio de 2002, el entonces juez anticorrupción Saúl Peña Farfán ordenó el
embargo del terreno eriazo, donde están los 400 metros cuadrados de propiedad
de Freitas, “hasta por la suma de S/.5 millones”.
Cabe precisar que el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, también
compró un terreno en la misma área y, a
diferencia de Freitas, sí consignó
la compra en su declaración jurada ante el JNE. Y así es como los
que elegimos para que nos legislen y gobiernen se llenan de propiedades y
dinero; pero cuando están en campaña nos dicen con gran humildad y
desprendimiento que su deseo es servir a la nación.
El Estado peruano también
exige la remoción
de Pilar Freitas de la vicepresidencia de la Fundación Canevaro, al constatar
graves irregularidades cometidas en los alquileres y ventas de inmuebles
que la entidad registra a su nombre.
El informe de actos de disposición de los bienes inmuebles
de la Fundación Canevaro entre los años 2001 y 2006, que quedó inconcluso del
2007 al 2010 por razones aún no reveladas; pero se entiende por la destitución
de Freitas a la superintendencia fue retomado
en el 2011. La fundación Canevaro no
solo pide la remoción de Freitas, sino que da cuenta de irregularidades en el
manejo de los millonarios fondos de la institución que Freitas dirige en
aparente colisión con la ley.
Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia indicaron que el
procurador Moreno Berríos habría estado de acuerdo en que no solamente debía
cursarse una acción civil contra Pilar Freitas y el consejo directivo de la
fundación, sino también una acción penal, pero su despacho habría recibido
presiones que terminaron impidiéndolo.
Freitas además, se presta para toda clase de complots como
lo demuestra el caso de las cartas
falsas enviadas por el LAMENTABLE ex ministro de Justicia Fernando Olivera al
Vaticano y de quien Pilar
Freitas en el 2002, ofició como abogada y solicitó a nombre del Ministerio de
Justicia el archivamiento del caso.
Hay que tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo es un
organismo cuyas resoluciones se presumen imparciales; por lo tanto pueden ser
utilizadas como documentos sustentarlos de alguna defensa internacional.
Tribunal
Constitucional
La Constitución señala al Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional especializado y no como
un órgano político. La Constitución reconoce en el congreso la libertad de
elegir a los integrantes del tribunal constitucional, pero dicha libertad no
puede violar la naturaleza jurisdiccional del Tribunal Constitucional para
convertirlo en un órgano político; no puede basar la elección en una decisión
arbitraria para imponer a sujetos sin la calidad profesional y trayectoria
democrática que el ser magistrado del TC exige; y no puede diluir la independencia e
intangibilidad del TC necesarias para que éste pueda llevar a cabo el mandato
constitucional de preservar la Constitución y los derechos fundamentales.
El reglamento del
Congreso trae entre otras las siguientes normas:
Artículo 14. Los Congresistas representan a la Nación. No
están sujetos a mandato imperativo.
Artículo 23. Los Congresistas tienen la obligación:
b) De cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las
leyes del Perú, así como respetar el presente Reglamento del Congreso.
Por tanto, la lealtad de cada congresista es hacia la nación
peruana y no hacia un grupo político que intenta violar el espíritu y fines
materiales a los que la Constitución peruana aspira. No puede renunciar a su
legitimidad democrática ni puede tolerar, aceptar ni participar en maniobras
odiosas al sistema democrático.
Por lo tanto estamos asistiendo al intento de SIEMPRE de los
grupos políticos en este caso Gana Perú, Perú Posible y el fujimorismo, de usurpar los puestos de nuestro sistema de
defensa de la constitucionalidad, infiltrando a sujetos carentes de la
trayectoria profesional, perfil académico y compromiso con la Constitución que
dicho sistema requiere. El Congreso peruano pretende ofrecernos un Tribunal
Constitucional depreciado, envilecido y prostituido.
El congreso está usando el mismo “modus operandi” y la misma
estrategia que la empleada por el fujimorismo durante su década infame (por lo
cual paga cárcel el jefe de la banda Alberto Fujimori) el usar las formas
democráticas para carcomer desde el interior la institucionalidad democrática,
de modo tal que la institucionalidad se reduce a un cascarón dentro del cual se
anidan la putrefacción de la arbitrariedad y el abuso. Contagiados por la mala
entraña del fujimorismo, Gana Perú y Perú Posible están intentando perpetrar un
verdadero golpe de Estado: la captura del Tribunal Constitucional para vaciarlo
de su rol constitucional. Ello constituye un acto traidor y de alevosía que ya
se viene perpetrando desde los gobiernos
de Toledo y García; no es cosa nueva; lo nuevo son las redes sociales que nos
permiten información de los abusos y desmanes que se cometen contra el Estado y
la nación.
El Congreso del Perú tiene el deber de exhibir ante la
nación peruana:
a) La lista de candidatos y su respectiva hoja de vida;
b) Los criterios empleados para la evaluación de los
candidatos;
c) El puntaje asignado a cada uno de los candidatos.
De ese modo el Perú entero podrá conocer las razones por las
cuales los grupos políticos Gana Perú, Perú Posible y el fujimorismo sostienen
que Cayo Galindo, Víctor Mayorga, Rolando Souza, José Luis Sardón, Ernesto Blume Fortini, Francisco Eguiguren Praeli y Pilar Freitas
tienen mayores merecimientos y cualidades que los juristas competentes y probos
que abundan en el derecho peruano. Si el Congreso no puede demostrar a la
Nación peruana que los criterios, puntajes y nombramientos empleados son
razonables y justos, entonces queda en evidencia que el Congreso peruano ha
actuado con arbitrariedad y por tanto, ha violado el artículo 45 de la Constitución,
por lo cual el proceso de elección es nulo.
El jurista Javier Alva Orlandini afirmó respecto de Rolando Sousa para miembro del TC “No
solo hay una contradicción lógica, sino que hay una contradicción legal. La ley
establece que no pueden ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional
quienes hayan servido a los gobiernos de facto. De manera que deben ser
descartados como eventuales candidatos aquellos que han tenido alguna función
en cualquier dictadura”. Por extensión debemos entender que aquellos que avalen
el golpe de estado que dio Fujimori el 5 de Abril, como José Luis Sardón también están impedidos éticamente de integrar el
TC. Además Sardón ha consignado en su hoja de vida vinculación con la ONG de
Roque Benavides Reflexión Democrática (minera Yanacocha); toda esta parcialidad
se suma a no tener la experiencia necesaria para el cargo.
Cayo Galindo
tampoco tiene la experiencia que es requisito para integrar el Tribunal
Constitucional, todo lo que cuenta en su hoja de vida es haber estudiado
derecho en la Pontificia Universidad católica del Perú y tener un diplomado en
gobernabilidad y gerencia política;
cosas irrelevantes para un cargo en donde se necesita pericia para
INTERPRETAR cabalmente la Constitución. Otra cosa peculiar y folclórica de
nuestro acervo es que habiendo vivido TODA SU VIDA en Lima postuló como
congresista por Apurímac y los
apurimeños, confirmando el concepto que los capitalinos tenemos de los
“PROVINCIANOS” se quedaron TOTALMENTE callados ante la postulación de un personaje
que en NADA favorecería a Apurímac como está quedando evidenciado.
Víctor Mayorga de
71 años es otro que POCO o NADA tiene que hacer en el Tribunal Constitucional
salvo obedecer consignas, quien llegó a
la embajada de Cuba por la amistad que tiene con la pareja presidencial, tras
una larga militancia en el Partido Comunista Peruano e Izquierda Unida su
máximo logro consistió en llegar a ser vocal de la Corte superior de Justicia
del Cusco cargo con el cual permitió la construcción de un hotel en una zona
intangible de la calle San Agustín.
Ernesto Blume sí es
especialista en derecho constitucional y municipal; sin embargo como
antecedentes encontramos que defendió el cobro del peaje en la vía expresa de
un kilómetro que efectuaba el Municipio del Callao, ha defendido al cuestionado
alcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos y es suegro de “Coqui” Toledo
sobrinito del ex presidente Toledo ¿qué pasará cuando su caso llegue al TC y se
encuentre para ser dirimido con el voto de Ernesto Blume? No se necesitamos ser
videntes para hallar la respuesta. Con lo cual Unido a que el presidente del Tribunal Constitucional Oscar
Urviola hijo del militante aprista en Puno Víctor Urviola Garrido le queda un
año en el cargo se prevé que los casos sensibles como bonos agrarios,
COMUNICORE, comando aprista Rodrigo Franco, la masacre del El Frontón, la Ley
del Servicio Militar Obligatorio y esta nueva Ley del Servicio Civil seguirán
el camino de la repartija que estamos viendo.
Francisco
Eguiguren embajador de España quien hace poco vino a Lima y declaró que el impedimento
para la postulación de Nadine Heredia el 2016 era inconstitucional.
Efectivamente, Francisco Eguiguren, consideró que la actual Ley Orgánica de Elecciones,
que prohíbe la postulación a familiares directos del jefe de Estado, “no es
compatible” con la Constitución y por lo tanto “es inconstitucional”.
“En la Constitución no hay una
norma que excluya al cónyuge o al pariente del presidente para postular, es en
la legislación electoral donde se colocó esta norma”. Por lo tanto tenerlo en
el Tribunal Constitucional abre las posibilidades para tentar una candidatura
presidencial a la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia.
Durante los dos años del gobierno de Humala la bancada
fujimorista entrampó la elección de magistrados al TC proponiendo a personajes indeseables como Marcos Ibazeta, Santiago Fujimori ¡¡hermano
del reo Alberto Fujimori!! Esto lo hacían porque, según ellos, el número de
votos que tenía en el Congreso le daba “derecho” a tener dos cupos en el
TC. ¿Qué tal? Además de Marcos Ibazeta y
Santiago Fujimori siguen proponiendo a Rolando Sousa abogado defensor de
Fujimori cuyo eslogan
de campaña para llegar al Congreso el 2006 era “Vota por mí para defender a
Fujimori”; además
fue abogado defensor de los Sánchez Paredes procesados por lavado de
activos provenientes del narcotráfico, puesto
que dejó a César Nakasaki al ser elegido
congresista por la bancada fujimorista, ¡todo un paladín!
El círculo vicioso del poder
Como sabemos Cayetana Aljovín periodista de RPP fue ministra
de Alan García; además, en la actualidad, dicta clases en la escuela de
Gobierno de Alan García en la Universidad san Martín; por lo tanto NO es
exagerado decir que Alan García es su jefe.
Franz Dubois dueño de Perú 21 es su esposo. Ella ha sido
acusada por el caso del salvataje del Banco Latino ya que en ése entonces era
nada menos que Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas cuando
Baca Campodónico acusado por lavado de
activos y narcotráfico y cuyo uno de sus inmuebles fue alquilado por Alan
García hace poco; el cual advirtió sin empacho que “no sabía nada “del asunto.
El ministro Luis Miguel Castilla titular del Ministerio de
Economía Y Finanzas ha ordenado que el Estado le pague un abogado de 118 mil
soles a Cayetana Aljovín, sin proceso de selección y gracias a que el 07 de
Marzo del 2002, durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo se emitió
el Decreto Supremo N° 018-2002-PCM, cuando comenzaban a proliferar las denuncias
por corrupción durante su propio gobierno y los beneficiados fueron los
funcionarios de aquel momento y aquellos que habían cesado en sus cargos antes
de que entrará en vigencia éste Decreto Supremo, generalmente funcionarios del
gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, también involucrados en temas de
corrupción. En efecto, el D. S. N° 018-2002-PCM fue una norma que, contra toda
lógica, estableció su aplicación retroactiva (Véase el artículo 1°).
Artículo 1° del Decreto Supremo 018-2002-PCM, señala de
manera expresa, lo siguiente:
“Las entidades, instituciones y organismos del Poder
Ejecutivo podrán contratar servicios especializados en asesoría legal, en el
caso que sus funcionarios o servidores sean demandados administrativa, civil o
penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio regular
de sus funciones”
Estos servicios podrán también ser contratados para
funcionarios o servidores que a la fecha de entrada en vigencia de éste Decreto
Supremo hayan cesado en sus cargos y que sean demandados por los actos,
omisiones o decisiones tomadas en el ejercicio de sus cargos.
Con este beneficio, naturalmente, todo funcionario o ex
funcionario optará por ser defendido por un asesor legal especializado y ello,
supondrá, como es natural, que la entidad asuma el costo económico de la
contratación de dicho asesor. ¿Acaso no son geniales para lo delictivo los que
hacen nuestra política?
Entonces, en febrero
de 2012, Aljovín
Gazzani junto con otras personas, entre ellas su esposo Fritz Du Bois y el
exministro aprista Pedro Sánchez Gamarra, fueron acusados por la Fiscalía por
el irregular “salvataje” del Banco Latino, ocurrido en 1998 durante la
dictadura de Alberto Fujimori.
Cuando se ordenó el “salvataje” al Banco Latino (ver
recuadro), Aljovín Gazzani ocupaba el cargo de secretaria general del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y era miembro del consejo directivo de
la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado (OIOE), lo que hoy es el
Fonafe.
El fiscal superior adjunto de la Sexta Fiscalía Superior
Penal de Lima, Aldo Cairo Pastor, ha pedido una pena de seis años de privación
de la libertad, una indemnización solidaria de S/. 70,000, y una inhabilitación
de tres años para ejercer cualquier función pública.
Además, según el documento firmado por Castilla, “el
servicio que presta el abogado César Azabache se hace incomparable frente a
potenciales proveedores que puedan existir en el mercado por lo que se trata de
la prestación de un servicio personalísimo (…) Resulta procedente autorizar la
exoneración del proceso de selección”. Entre ellos se defienden.
Y la gripe AH1N1 ya cobró su primera víctima en el Perú. Se trata de un paciente, que además de presentar este tipo de influenza, era atendido de asma y diabetes en el Centro Asistencial de EsSalud Alberto Hospital Sabogal del Callao. El fallecimiento de esta persona fue confirmada por el personal del nosocomio.
Actualmente se registran otros tres casos confirmados de
AH1N1 en el Hospital Sabogal, mientras que otros nueve pacientes están
esperando los resultados médicos.
Mientras tanto jeringas,
gasas con sangre, sondas reutilizadas, mascarillas y hasta guantes
quirúrgicos, entre otros desechos
hospitalarios, fueron arrojados al río Chillón y encontrados en el canal de regadío denominado
"Cañón", que brinda agua a gran parte de zonas de cultivo de
Carabayllo, lo cual pondría en riesgo no solo a miles de pobladores, sino
también a muchas hectáreas con sembríos que abastecen de productos agrícolas a
los mercados de Lima. Se encontraron además papeles con el nombre del nosocomio
Hospital Hipólito Unanue (ex Bravo Chico)
Los residuos altamente contaminados, estaban desperdigados
en varios puntos, donde vecinos lavan ropa, vajillas y hasta incluso bañan a
sus hijos. Este trabajo es efectuado por el Consorcio Global & Brunner,
integrado por la empresa Global Servicio Integral Médico Sociedad Anónima, autorizada
y acreditada para este fin por la
Dirección General Salud Ambiental.
Mediante un comunicado de prensa, afirmó que los residuos
hospitalarios son trasladados al Relleno Sanitario “El Zapallal”, ubicado en
Carabayllo, en donde se verifica el peso de los deshechos mediante un formato
denominado ‘Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos’.
