Perú paraíso de facinerosos y criminales

Defensoría del Pueblo

Beatriz Merino ex titular de la defensoría del Pueblo, se vio FORZADA a renunciar al cargo al no haberse concretado, por parte del Congreso, la invitación para un nuevo período; en su haber se exhiben  importantes trabajos con respecto a las protestas sociales contra los proyectos mineros de  Conga y Espinar. Su reemplazante Eduardo Vega, un profesional de CARRERA en la Defensoría del Pueblo con  14 años de labor ininterrumpida, no se quedó atrás;  y demostró INDEPENDENCIA al oponerse a la discriminatoria Ley de Servicio Militar Obligatorio. Esto puso en alerta a las bandas de malhechores que nos gobiernan  gracias a nuestra ignorancia, esnobismo e IRRESPONSABILIDAD política; ya que la gran mayoría de peruanos al ser preguntado exclaman muy orondos que no son políticos. De allí los gobernantes que tenemos y las leyes que hacen ellos mismos para ampararse.

Bueno pues, se pusieron en alerta los facinerosos y sacaron cuentas que NECESITAN poner en libertad al jefe de la pandilla fujimorista Alberto Kenya Fujimori Fujimori, al díscolo hermano fumón del presidente Humala y sentar las bases  para una reelección presidencial (o conyugal) así como también  prever en el campo legal  la documentación pertinente para la defensa internacional de Alejandro Toledo en caso prosperen las investigaciones sobre sus “dinerillos” y casitas de 4 millones de dólares. ¿Asqueado? Esta es nuestra política, como vemos NINGUNO se salva de las heces de la corrupción. En esta coyuntura no se menciona al jefe de la gran banda aprista Alan García, porque él ya está cubierto por el gran archivador de expedientes apristas el Fiscal de la Nación Peláez Bardales y el Presidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola.

Así,  los que nos gobiernan, vale decir los que nos mintieron para que le demos nuestro voto; se dieron cuenta que Eduardo Vega como Defensor del Pueblo no es un personaje manejable así que lo desestimaron por imparcial e independiente. El partido de Alejandro Toledo pugnó por colocar allí a su candidata Pilar Freitas quien estuvo  involucrada en los casos de las firmas falsas con que Perú Posible logró su inscripción para las elecciones del año 2000. Freitas mientras se desempeñaba como presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE) no fue muy entusiasta en la lucha anticorrupción y en vista de su cargo, fue solamente llamada a declarar por este sonado caso en el cual tenía un claro conflicto de intereses.  Así somos en el Perú los bandoleros son juez y parte en los contendeos judiciales cosa que SIEMPRE salen absueltos.

Luego, Pilar Freitas fue destituida en el 2007 como superintendente de Registros Públicos por graves irregularidades en su gestión. Un caso notorio es que la actual regidora de la Municipalidad de Lima omitió consignar que adquirió dos lotes de terreno frente al mar, en Cerro Azul (Cañete) –en 2007–, en el documento oficial que presentó como candidata al Congreso ante el Jurado Nacional de Elecciones para los comicios del 2011.

Cabe anotar que Freitas adquirió esos predios –de 400 metros cuadrados en total– el 20 de febrero del año 2007,dos días antes de que fuera destituida de su cargo de superintendenta nacional de los Registros Públicos.

Según la escritura pública 262 de la notaría Alonso Noriega, ubicada en Lunahuaná, la ahora postulante a defensora del Pueblo pagó al contado US$10 mil por los lotes 1 y 2 de la manzana ‘C’ de un supuesto proyecto de habilitación y lotización en esa zona eriaza, ubicada a la altura del kilómetro 124 de la carretera Panamericana Sur.

Pero lo que llama la atención y por lo cual Freitas evitó consignar las propiedades en su declaración jurada; es que el área del terreno fue embargado por un juzgado anticorrupción –en 2002– a uno de los propietarios, el coronel EP en retiro Winston Alfaro Vargas, procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito y señalado como presunto testaferro del exgeneral montesinista Víctor Malca.

(Antes y después) Le ha sentado bien todo el tiempo que ha vivido del Estado a Pilar Freitas 

Freitas omitió consignar que es propietaria de esos predios –ubicados en Cerro Azul (Cañete)– en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Esta compra inmobiliaria no figura en Registros Públicos debido a que esa propiedad se halla en un área playera que no está formalizada, e incluso se encuentra embargada.

Según la partida de Registros Públicos N° 21001466, el 22 de julio de 2002, el entonces juez anticorrupción Saúl Peña Farfán ordenó el embargo del terreno eriazo, donde están los 400 metros cuadrados de propiedad de Freitas, “hasta por la suma de S/.5 millones”.

Cabe precisar que el congresista aprista  Javier Velásquez Quesquén, también compró  un terreno en la misma área y, a diferencia de Freitas, sí consignó la compra en su declaración jurada ante el JNE. Y así es como los que elegimos para que nos legislen y gobiernen se llenan de propiedades y dinero; pero cuando están en campaña nos dicen con gran humildad y desprendimiento que su deseo es servir a la nación.

El Estado peruano también  exige la remoción de Pilar Freitas de la vicepresidencia de la Fundación Canevaro, al constatar graves irregularidades cometidas en los alquileres y ventas de inmuebles que la entidad registra a su nombre.

El informe de actos de disposición de los bienes inmuebles de la Fundación Canevaro entre los años 2001 y 2006, que quedó inconcluso del 2007 al 2010 por razones aún no reveladas; pero se entiende por la destitución de Freitas a la superintendencia  fue retomado en el 2011. La fundación Canevaro  no solo pide la remoción de Freitas, sino que da cuenta de irregularidades en el manejo de los millonarios fondos de la institución que Freitas dirige en aparente colisión con la ley.

Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia indicaron que el procurador Moreno Berríos habría estado de acuerdo en que no solamente debía cursarse una acción civil contra Pilar Freitas y el consejo directivo de la fundación, sino también una acción penal, pero su despacho habría recibido presiones que terminaron impidiéndolo.

Freitas además, se presta para toda clase de complots como lo demuestra  el caso de las cartas falsas enviadas por el LAMENTABLE ex ministro de Justicia Fernando Olivera al Vaticano y de quien Pilar Freitas en el 2002, ofició como abogada y solicitó a nombre del Ministerio de Justicia el archivamiento del caso.

Hay que tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo es un organismo cuyas resoluciones se presumen imparciales; por lo tanto pueden ser utilizadas como documentos sustentarlos de alguna  defensa internacional.

Tribunal Constitucional

La Constitución señala  al Tribunal Constitucional como  órgano jurisdiccional especializado y no como un órgano político. La Constitución reconoce en el congreso la libertad de elegir a los integrantes del tribunal constitucional, pero dicha libertad no puede violar la naturaleza jurisdiccional del Tribunal Constitucional para convertirlo en un órgano político; no puede basar la elección en una decisión arbitraria para imponer a sujetos sin la calidad profesional y trayectoria democrática que el ser magistrado del TC exige;  y no puede diluir la independencia e intangibilidad del TC necesarias para que éste pueda llevar a cabo el mandato constitucional de preservar la Constitución y los derechos fundamentales.

 El reglamento del Congreso trae entre otras las siguientes normas:

Artículo 14. Los Congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo.

Artículo 23. Los Congresistas tienen la obligación:

b) De cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, así como respetar el presente Reglamento del Congreso.

Por tanto, la lealtad de cada congresista es hacia la nación peruana y no hacia un grupo político que intenta violar el espíritu y fines materiales a los que la Constitución peruana aspira. No puede renunciar a su legitimidad democrática ni puede tolerar, aceptar ni participar en maniobras odiosas al sistema democrático.

Por lo tanto estamos asistiendo al intento de SIEMPRE de los grupos políticos en este caso Gana Perú, Perú Posible y el fujimorismo,  de usurpar los puestos de nuestro sistema de defensa de la constitucionalidad, infiltrando a sujetos carentes de la trayectoria profesional, perfil académico y compromiso con la Constitución que dicho sistema requiere. El Congreso peruano pretende ofrecernos un Tribunal Constitucional depreciado, envilecido y prostituido.

El congreso está usando el mismo “modus operandi” y la misma estrategia que la empleada por el fujimorismo durante su década infame (por lo cual paga cárcel el jefe de la banda Alberto Fujimori) el usar las formas democráticas para carcomer desde el interior la institucionalidad democrática, de modo tal que la institucionalidad se reduce a un cascarón dentro del cual se anidan la putrefacción de la arbitrariedad y el abuso. Contagiados por la mala entraña del fujimorismo, Gana Perú y Perú Posible están intentando perpetrar un verdadero golpe de Estado: la captura del Tribunal Constitucional para vaciarlo de su rol constitucional. Ello constituye un acto traidor y de alevosía que ya se viene perpetrando  desde los gobiernos de Toledo y García; no es cosa nueva; lo nuevo son las redes sociales que nos permiten información de los abusos y desmanes que se cometen contra el Estado y la nación.

El Congreso del Perú tiene el deber de exhibir ante la nación peruana:

a) La lista de candidatos y su respectiva hoja de vida;

b) Los criterios empleados para la evaluación de los candidatos;

c) El puntaje asignado a cada uno de los candidatos.

De ese modo el Perú entero podrá conocer las razones por las cuales los grupos políticos Gana Perú, Perú Posible y el fujimorismo sostienen que Cayo Galindo, Víctor Mayorga, Rolando Souza,  José Luis Sardón, Ernesto Blume Fortini,  Francisco Eguiguren Praeli y Pilar Freitas tienen mayores merecimientos y cualidades que los juristas competentes y probos que abundan en el derecho peruano. Si el Congreso no puede demostrar a la Nación peruana que los criterios, puntajes y nombramientos empleados son razonables y justos, entonces queda en evidencia que el Congreso peruano ha actuado con arbitrariedad y por tanto, ha violado el artículo 45 de la Constitución, por lo cual el proceso de elección es nulo.

El jurista Javier Alva Orlandini afirmó respecto de Rolando Sousa para miembro del TC “No solo hay una contradicción lógica, sino que hay una contradicción legal. La ley establece que no pueden ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional quienes hayan servido a los gobiernos de facto. De manera que deben ser descartados como eventuales candidatos aquellos que han tenido alguna función en cualquier dictadura”. Por extensión debemos entender que aquellos que avalen el golpe de estado que dio Fujimori el 5 de Abril, como José Luis Sardón también están impedidos éticamente de integrar el TC. Además Sardón ha consignado en su hoja de vida vinculación con la ONG de Roque Benavides Reflexión Democrática (minera Yanacocha); toda esta parcialidad se suma a no tener la experiencia necesaria para el cargo.

Cayo Galindo tampoco tiene la experiencia que es requisito para integrar el Tribunal Constitucional, todo lo que cuenta en su hoja de vida es haber estudiado derecho en la Pontificia Universidad católica del Perú y tener un diplomado en gobernabilidad y gerencia política;  cosas irrelevantes para un cargo en donde se necesita pericia para INTERPRETAR cabalmente la Constitución. Otra cosa peculiar y folclórica de nuestro acervo es que habiendo vivido TODA SU VIDA en Lima postuló como congresista por Apurímac  y los apurimeños, confirmando el concepto que los capitalinos tenemos de los “PROVINCIANOS” se quedaron TOTALMENTE callados ante la postulación de un personaje que en NADA favorecería a Apurímac como está quedando evidenciado.

Víctor Mayorga de 71 años es otro que POCO o NADA tiene que hacer en el Tribunal Constitucional salvo obedecer consignas,  quien llegó a la embajada de Cuba por la amistad que tiene con la pareja presidencial, tras una larga militancia en el Partido Comunista Peruano e Izquierda Unida su máximo logro consistió en llegar a ser vocal de la Corte superior de Justicia del Cusco cargo con el cual permitió la construcción de un hotel en una zona intangible de la calle San Agustín.

Ernesto Blume  sí es especialista en derecho constitucional y municipal; sin embargo como antecedentes encontramos que defendió el cobro del peaje en la vía expresa de un kilómetro que efectuaba el Municipio del Callao, ha defendido al cuestionado alcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos y es suegro de “Coqui” Toledo sobrinito del ex presidente Toledo ¿qué pasará cuando su caso llegue al TC y se encuentre para ser dirimido con el voto de Ernesto Blume? No se necesitamos ser videntes para hallar la respuesta. Con lo cual Unido a que el  presidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola hijo del militante aprista en Puno Víctor Urviola Garrido le queda un año en el cargo se prevé que los casos sensibles como bonos agrarios, COMUNICORE, comando aprista Rodrigo Franco, la masacre del El Frontón, la Ley del Servicio Militar Obligatorio y esta nueva Ley del Servicio Civil seguirán el camino de la repartija que estamos viendo.

Francisco Eguiguren embajador de España quien hace poco vino a Lima y declaró que el impedimento para la postulación de Nadine Heredia el 2016 era inconstitucional.

Efectivamente, Francisco Eguiguren, consideró que la actual Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe la postulación a familiares directos del jefe de Estado, “no es compatible” con la Constitución y por lo tanto “es inconstitucional”.

“En la Constitución no hay una norma que excluya al cónyuge o al pariente del presidente para postular, es en la legislación electoral donde se colocó esta norma”. Por lo tanto tenerlo en el Tribunal Constitucional abre las posibilidades para tentar una candidatura presidencial a la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia.

Durante los  dos años del gobierno de Humala la bancada fujimorista entrampó la elección de magistrados al TC proponiendo  a personajes indeseables como  Marcos Ibazeta, Santiago Fujimori ¡¡hermano del reo Alberto Fujimori!! Esto lo hacían porque, según ellos, el número de votos que tenía en el Congreso le daba “derecho” a tener dos cupos en el TC.  ¿Qué tal? Además de Marcos Ibazeta y Santiago Fujimori siguen proponiendo a Rolando Sousa abogado defensor de Fujimori  cuyo eslogan de campaña para llegar al Congreso  el 2006 era “Vota por mí para defender a Fujimori”;  además fue abogado defensor de los Sánchez Paredes procesados por lavado de activos provenientes del narcotráfico,  puesto que dejó  a César Nakasaki al ser elegido congresista por la bancada fujimorista, ¡todo un paladín!  

El círculo vicioso del poder

Como sabemos Cayetana Aljovín periodista de RPP fue ministra de Alan García; además, en la actualidad, dicta clases en la escuela de Gobierno de Alan García en la Universidad san Martín; por lo tanto NO es exagerado decir que Alan García es su jefe.

Franz Dubois dueño de Perú 21 es su esposo. Ella ha sido acusada por el caso del salvataje del Banco Latino ya que en ése entonces era nada menos que Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas cuando Baca Campodónico  acusado por lavado de activos y narcotráfico y cuyo uno de sus inmuebles fue alquilado por Alan García hace poco; el cual advirtió sin empacho que  “no sabía nada “del asunto.

El ministro Luis Miguel Castilla titular del Ministerio de Economía Y Finanzas ha ordenado que el Estado le pague un abogado de 118 mil soles a Cayetana Aljovín, sin proceso de selección y gracias a que el 07 de Marzo del 2002, durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo se emitió el Decreto Supremo N° 018-2002-PCM,  cuando comenzaban a proliferar las denuncias por corrupción durante su propio gobierno y los beneficiados fueron los funcionarios de aquel momento y aquellos que habían cesado en sus cargos antes de que entrará en vigencia éste Decreto Supremo, generalmente funcionarios del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, también involucrados en temas de corrupción. En efecto, el D. S. N° 018-2002-PCM fue una norma que, contra toda lógica, estableció su aplicación retroactiva (Véase el artículo 1°).

Artículo 1° del Decreto Supremo 018-2002-PCM, señala de manera expresa, lo siguiente:

“Las entidades, instituciones y organismos del Poder Ejecutivo podrán contratar servicios especializados en asesoría legal, en el caso que sus funcionarios o servidores sean demandados administrativa, civil o penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones”

Estos servicios podrán también ser contratados para funcionarios o servidores que a la fecha de entrada en vigencia de éste Decreto Supremo hayan cesado en sus cargos y que sean demandados por los actos, omisiones o decisiones tomadas en el ejercicio de sus cargos.

Con este beneficio, naturalmente, todo funcionario o ex funcionario optará por ser defendido por un asesor legal especializado y ello, supondrá, como es natural, que la entidad asuma el costo económico de la contratación de dicho asesor. ¿Acaso no son geniales para lo delictivo los que hacen nuestra política?

Entonces,  en febrero de 2012, Aljovín Gazzani junto con otras personas, entre ellas su esposo Fritz Du Bois y el exministro aprista Pedro Sánchez Gamarra, fueron acusados por la Fiscalía por el irregular “salvataje” del Banco Latino, ocurrido en 1998 durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Cuando se ordenó el “salvataje” al Banco Latino (ver recuadro), Aljovín Gazzani ocupaba el cargo de secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y era miembro del consejo directivo de la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado (OIOE), lo que hoy es el Fonafe.

El fiscal superior adjunto de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima, Aldo Cairo Pastor, ha pedido una pena de seis años de privación de la libertad, una indemnización solidaria de S/. 70,000, y una inhabilitación de tres años para ejercer cualquier función pública.

Además, según el documento firmado por Castilla, “el servicio que presta el abogado César Azabache se hace incomparable frente a potenciales proveedores que puedan existir en el mercado por lo que se trata de la prestación de un servicio personalísimo (…) Resulta procedente autorizar la exoneración del proceso de selección”. Entre ellos se defienden.

Y la gripe AH1N1 ya cobró su primera víctima en el Perú. Se trata de un paciente, que además de presentar este tipo de influenza, era atendido de asma y diabetes en el Centro Asistencial de EsSalud Alberto Hospital Sabogal del Callao. El fallecimiento de esta persona fue confirmada por el personal del nosocomio.

Actualmente se registran otros tres casos confirmados de AH1N1 en el Hospital Sabogal, mientras que otros nueve pacientes están esperando los resultados médicos.

Mientras tanto jeringas,  gasas con sangre, sondas reutilizadas, mascarillas y hasta guantes quirúrgicos, entre otros desechos hospitalarios, fueron arrojados al río Chillón y encontrados  en el canal de regadío denominado "Cañón", que brinda agua a gran parte de zonas de cultivo de Carabayllo, lo cual pondría en riesgo no solo a miles de pobladores, sino también a muchas hectáreas con sembríos que abastecen de productos agrícolas a los mercados de Lima. Se encontraron además papeles con el nombre del nosocomio Hospital Hipólito Unanue (ex Bravo Chico)

Los residuos altamente contaminados, estaban desperdigados en varios puntos, donde vecinos lavan ropa, vajillas y hasta incluso bañan a sus hijos. Este trabajo es efectuado por el Consorcio Global & Brunner, integrado por la empresa Global Servicio Integral Médico Sociedad Anónima, autorizada y acreditada para este fin por  la Dirección General Salud Ambiental.

Mediante un comunicado de prensa, afirmó que los residuos hospitalarios son trasladados al Relleno Sanitario “El Zapallal”, ubicado en Carabayllo, en donde se verifica el peso de los deshechos mediante un formato denominado ‘Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos’.