Inclusión Social una frase capciosa

Muchos nos preguntamos CÓMO hacen dinero los fuertes y grandes grupos económicos.  Aquí en Perú se ha denunciado UNA de sus formas; obviamente, sin que NADIE haga ningún caso a la denuncia. Total,  además de ser selváticos o serranos NUNCA  alcanzarán el nivel de vida de un limeño, un funcionario del gobierno, ¡mucho menos del Grupo Romero!, por ejemplo.

Bueno pues, sucede que en el 2006 el Ministerio de Agricultura adjudicó a favor de Agropecuaria del Shanushi S.A.  (una de las empresas del Grupo Romero)   la concesión de 7,029.35 hectáreas por un valor de 126,528.29 nuevos soles, es decir a 18 nuevos soles por hectáreas, ¡menos de 6 dólares la hectárea! ¿¿A QUÉ PERUANO EL ESTADO LE VENDE A ESE PRECIO??;  lo peor es que no consideraron que dentro de ella habitaban 60 familias del pueblo quechua-lamista de San Juan de Pacchilla, cuyos predios fueron arrasados a pesar de haber sido  delimitados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI.

El área en cuestión  se ubica en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. Y está resguardada, como ya se ha hecho una costumbre en el Perú,  por las Fuerzas Armadas; eso, por si sucede alguna protesta de  los oriundos  del  lugar. Como se sabe las concesiones se dan sin consultar a los pobladores afectados ni a sus representantes en el  Congreso de la República. Luego vienen los conflictos sociales y a los afectados se les apalea, se les criminaliza llamándolos terroristas o simplemente se les asesina en sus manifestaciones de protesta. Pero ¿qué importa algunas decenas de muertos si TENDREMOS INCLUSIÓN SOCIAL (y algunas cuentas bancarias más jugosas que antes)

La actividad del Grupo Romero, genera  la contaminación del agua de la quebrada Yanayacu, según lo confirmó el año pasado una comisión multisectorial de Yurimaguas que verificó que el agua  “no es apta para consumo humano”.

El Grupo Romero además, ha comprado otras dos mil hectáreas a propietarios locales a  300 y  600 nuevos soles por hectárea. Los precios bajos se deberían a que muchos de los agricultores de la zona sólo cuentan con constancia de posesión y no con título de propiedad; además, si el Estado prácticamente REGALÓ LAS HECTÁTEREAS al Grupo Romero,  a estos, que nacieron allí habrá que darles una suma de dinero que NUNCA HAN TENIDO en sus manos, toda vez que siempre han sido pobres.

Hasta estos terrenos llegó el equipo encabezado por la fiscal ambiental Vanesa Vela que estuvo acompañada por representantes del FREDESSA (Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas). Allí se comprobó en el sector Independencia – Quiyanoc, cómo maquinaría al servicio del Grupo Romero realiza actividades de deforestación.  Alrededor de 600 hectáreas de bosques primarios han sido deforestadas en esa zona.

 Los agricultores locales en su ignorancia y ante el DESAMPARO de la “INCLUSIÓN SOCIAL” del Gobierno, creen no tener otra alternativa que vender sus tierras ante la amenaza de verse cercados por el proyecto “Palmas del Shanusi”, ubicado en el valle del mismo nombre. Ellos denuncian que son constantemente presionados por la empresa para vender sus tierras.

En ese sentido los agricultores se sienten relegados debido a que las constancias de posesión que solicitaron FUERON RECHAZADAS  por el  Ministerio del Ambiente!!, mientras que al Grupo Romero le dan facilidades y garantías sobre la propiedad en esas mismas áreas. Esta es la triste realidad de los provincianos del Perú, TODOS se aprovechan de los recursos que tienen y lejos de hacerlos progresar económicamente los hunden más en la pobreza. Es lo que pasa también en las zonas mineras. Y los que terminan más millonarios que  antes les dicen: “siguen pobres pero ahora tienen hospital, carretera, una escuela” aunque a veces ni eso les dan.

Para que vean la fragilidad de nuestra infraestructura. Una tormenta eléctrica que dejó caer  rayos sobre la línea de transmisión de la central Mantaro-Socabaya   hizo  colapsar  los sistemas de una importante línea de transmisión de energía eléctrica de Perú dejando  a oscuras a gran parte del sur del país, afectando a más de cinco millones de personas.  Este percance dejó sin luz a varias ciudades del sur  como Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Abancay;  alimentadas por la misma línea de transmisión. Así de fácil es dejarnos sin energía. Felizmente no estamos en guerra.

Y esta noticia sí es buenaza!!. Utilizando el descuido de los peruanos en las fiestas navideñas el Gobierno de Ollanta Humala (el de la inclusión social)  nos endilgó un Decreto Supremo el 23 de Diciembre con el cual se aumentan las tarifas de los trámites documentarios.  Por ejemplo, el certificado de antecedente PNP que antes costaba S/.7.20 pasó a costar  S/.28.50 ¿qué tal? Claro que, al que gana arriba de 5 mil soles mensuales ¿qué le puede importar?  pero el sueldo mínimo en Perú es de 750 soles y la mayoría de la PEA está subempleada.

Estos aumentos incluyen documentos importantes como antecedentes policiales, denuncia policial, certificado de sobrevivencia (necesitado por los pensionistas) e incluso permiso para mudanzas. En algunos casos el incremento fue del 360 %, 400 % y hasta en 1.300 % en comparación a la tarifa anterior. Imagino que eso de “inclusión social” se refiere a incluirnos más en la pobreza.

Esta disposición del Ministerio del Interior empezó  a regir desde el  1 de febrero. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, sostuvo que el aumento de los precios de los certificados policiales está en revisión; o sea, para él que gana 16 mil soles por lo menos, el alza no es exagerada, por ello “habrá que revisarlo”  y aseguró que los montos “podrían” ser corregidos. "Si existe (nótese el condicional) una disparidad entre lo que significa administrativamente, con toda certeza y en un muy breve tiempo, haremos las revisiones correspondientes. Nosotros ya lo hemos dispuesto, vamos a corregir de un modo inmediato”, mientras tanto y hasta que los corrijan (si es que los corrigen) no se suspende la norma sino que seguiremos pagando sin protestar como buenos peruanos que somos.

Escándalo en las FFAA

La procuraduría de la Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público por delitos de corrupción a altos mandos de las Fuerzas Armadas, implicados en la contratación fraudulenta por 40 millones de soles de una compañía de seguridad israelí para entrenar a los comandos (muchachitos) que luchan en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el 2009.

Altos Mandos de las Fuerzas Armadas en actividad, en retiro y  ex funcionarios del Ministerio de Defensa se coludieron  para suscribir acuerdo comercial con la empresa Global CST sin licitación, con documentos oficiales fraguados, sin presentar Carta Fianza y en estricto secreto.

El general EP (r) Francisco Contreras inscribió personalmente a la compañía israelí Global CST en el Registro Nacional de Proveedores del Estado el mismo día que firmó el contrato de servicios por 40 millones de soles ya que sin esta inscripción estaba impedida de trabajar con el Estado.

Francisco Contreras también firmó una fraudulenta resolución para aprobar los servicios de la compañía. Él lo niega: “Lo que ha pasado es que el oficial encargado ha repetido el número de la resolución. ¿Por eso van a hacer un escándalo?”, se indignó Contreras.

Lo cierto es que no se trata de un documento duplicado sino FALSIFICADO: en la resolución original no aparece la aprobación de la contratación de Global CST, lo que sí sucede con la fraudulenta.

En un intento de demostrar que la denuncia de la Contraloría tendría motivación política, el general (r) Francisco Contreras afirmó que en el 2009 Ollanta Humala se presentó en su despacho y expresó su oposición al contrato con Global CST.  También señaló que el encargado de verificar la ejecución del contrato fue entonces inspector general del Ministerio de Defensa, y  causalmente, ahora, congresista FUJIMORISTA, el vicealmirante (r) Carlos Tubino Arias Schreiber. Finalmente el ex jefe del Comando Conjunto insistió en que, si existían irregularidades, la Contraloría, en ese entonces,  no manifestó ninguna oposición.

No es la primera vez que la Contraloría acusa a Contreras. En el 2012, lo denunció por la compra corrupta de raciones de combate MALOGRADAS para los efectivos que luchan en el Vraem.

Derrame de petróleo en Ventanilla

Durante las actividades de descarga con el 'BT Stena Crhonos', de bandera de Bahamas; se rompió una tubería de Repsol en la playa La Pampilla, distrito de Ventanilla;  la tubería sufrió un forado y producto de esa avería se produjo el derrame de hidrocarburos que  afectó  una extensión de 2 Klm.  El Ministro del Medio Ambiente Pulgar Vidal hasta el  momento no se hace presente ni emite ningún comunicado. Cabe resaltar que Repsol venderá todo su activo físico  la Refinería  de La Pampilla,  200 gasolineras y la planta de gas licuado de Solgas;   la empresa española ha optado por desprenderse de algunos activos del ‘downstream’ (refinación y comercialización) a fin de recaudar US$400 millones a fin de reforzar sus finanzas y proteger su calificación crediticia y hacer, con ello,  inversiones en otras latitudes.

Al respecto  el congresista Manuel Dammer  mencionó que la dupla Castilla-Merino, pretenden entregar el control del mercado de combustibles a un monopolio, que estaría formado por empresas  chilenas, las cuales comprarían a Repsol,  la Refinería La Pampilla y Grifos. Al  mismo tiempo, se pretende IMPEDIR que Petroperú modernice la Refinería de Talara, en asociación con el capital privado. Como vemos los últimos  gobiernos peruanos se afanan en que TODO PERTENEZCA  A OTROS que nada sea peruano; todo está a la venta. Así, en la guerra con el Ecuador, se tuvo que SUPLICAR a un barco de bandera panameña y capitán peruano que llevara pertrechos militares a nuestros valientes soldados porque el candidato al senado japonés y uno de los presidentes más corruptos del mundo, Fujimori, ¡¡había vendido toda la marina mercante!!.

Otra de Castañeda Lossio

Otra estafa cometida por la Caja Metropolitana de la gestión de Luis Castañeda, en agravio de por lo menos 60 mil taxistas, será investigada por el Ministerio Público.

El regidor denunciante, Pablo Secada, sostuvo que la Caja Metropolitana le cobró a cada taxista hasta S/. 100 mil soles (40 mil dólares) por un vehículo que costaba un tercio de esa suma; tan es así que cuando los taxistas terminaban de cancelar su unidad esta ya estaba depreciada.

El ex gerente de la Caja Metropolitana de ese entonces, Julio Lazo, NEGÓ  que se haya estafado a miles de taxistas y aseguró que los mismos SÓLO  pagaron DOS VECES MÁS  por el vehículo que se les vendió. A este tipo no sólo hay que enviarlo a la cárcel sino también a un manicomio.

Revocatoria hay que marcar 40 veces  NO

El acto electoral de la revocatoria va a ser un proceso largo y engorroso,  porque se va a tener que elegir entre cada uno de  los 40 revocables  y no solamente si se queda o se va  la alcaldesa Villarán;  lo cual  hubiera significado una simplificación del acto electoral haciéndolo más rápido.

Esta inclusión de los 40 se ha hecho a solicitud de los revocadores, quienes,  lo solicitaron con el fin EVIDENTE de que entren nuevas personas al municipio. ¿Habrá algún interés económico y hasta perspectivas de dolo en esos nuevos candidatos?

Al respecto una de las radios de Mayor sintonía en Lima, Radio Capital, sufrió un acto de sabotaje tras la entrevista que se hiciera a la alcaldesa de Lima. Manos extrañas CORTARON (con tijera en mano) los cables de las líneas telefónicas con el  fin de que el público radioyente no se comunicara y expresara su opinión.

El repunte de Susana Villarán en las encuestas denota, como siempre, el sinceramiento de las cifras de las encuestadoras; las cuales ya no pueden mentir más sin perder su credibilidad y "prestigio". Ello ha sucedido en TODAS las últimas elecciones para las cuales fueron contratadas estás encuestadoras al final buenas para nada.

¿Y qué pasó con la elección del  Tribunal Constitucional y  Defensor del Pueblo? todavía sigue en compás de espera  El temor crece cuando pensamos en los casos que penden de estos organismos.