Estaba casado con la abogada Cayetana Aljovín Gazzani ; quien
se desempeñó como Viceministra de Comunicaciones y Directora
Ejecutiva de Proinversión, organismo dirigido a fomentar la inversión privada
en el país. En el sector privado, Cayetana Aljovín, ha sido Directora de
Asuntos Regulatorios de BellSouth en Perú, Gerente General de
Procapitales y Directora de Asuntos Regulatorios, Comunicaciones y
Relaciones Institucionales de Cálida (propiedad de EEB –Empresa de Energía
de Bogotá–, dedicada a la distribución de gas natural en Lima y Callao).
Asimismo, ha colaborado en diversos medios de comunicación, siendo su última
ocupación la de conductora del programa “Ampliación de Noticias” en Radio
Programas del Perú. El finado Fritz Du Bois y Cayetana sirvieron a Fujimori,
Toledo y García.
El romance
En el 2000, Fritz Du
Bois dejó el Estado de Fujimori y Camet y tuvo que responder en la
investigación de varios de los hechos emblemáticos de la corrupción de la
década previa.
Cayetana Aljovín entró al MEF como secretaria general, encargada de ejecutar las decisiones, mientras Fritz Du Bois era jefe del gabinete de asesores del ministro Jorge Camet; allí floreció el romance.; que los unió, tal vez más, tratando de salvar los malos manejos de los Picasso en el Banco Latino, con el dinero de todos los peruanos para no afectar el patrimonio de los Picasso. También, Fritz y Cayetana, compartieron un período en la OIOE.
Cayetana Aljovín / Fritz Du Bois
Una de sus últimas
jugadas “en pared”
La
Unidad de Investigación de IDL-Reporteros da cuenta palmariamente del conflicto
de intereses en el que incurrieron el ex director de El Comercio, Fritz Du Bois (fallecido)
y directamente su esposa (viuda) Cayetana Aljovín, quien contrató con
Petroperú a través de la empresa Llorente & Cuenca, una transnacional
española que se define a sí misma como “consultora de gestión de Reputación,
Comunicación y Asuntos Públicos", durante los meses de octubre de
2013 y renovado progresivamente hasta abril del 2014, por un monto de S/.
327,180.
A la sazón desde el 1 de octubre, Fritz Du Bois es nombrado
director periodístico de El Comercio; y, como se sabe, desde agosto del 2013 el
Grupo El Comercio adquiere las acciones de Epensa y así el 78% del mercado de
prensa nacional y el 83% del mercado en Lima.
De allí que el editorial de El Comercio se modificó,
transformándose de la crítica liquidadora a Petroperú y la posibilidad de
que se apruebe la Modernización de la Refinería de Talara del 10 agosto del
2013, al cambio de línea y la opinión favorable a la Modernización de la
Refinería, de 9 de noviembre del mismo año.
¿No estamos viviendo ya una de las consecuencias nefastas de
la concentración de la propiedad de los medios en relación con el manejo de la
cosa pública? Pero, ellos siempre fueron así. Veamos:
Cayetana Aljovín y el Banco Latino
Un informe, efectuado por una comisión investigadora
presidida por Javier Diez Canseco en mayo 2002, recomienda denunciar a la Sra. Cayetana
Aljovín por malversación agravada en su calidad de directora de OIOE Oficina de
Instituciones y Organismos del Estado por
gestionar y obtener que la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)
efectuara un aporte de capital del 59.4 millones de dólares para rescatar el
Banco Latino a pesar de las irregularidades cometidas por sus accionistas.
Esa condena fue pedida porque la Fiscalía los considera responsables del fraudulento proceso de salvataje del Banco Latino, de acuerdo a una denuncia de Diez Canseco ante el Ministerio Público lo que parece explicar el furor con el que Perú 21 bajo la dirección de Fritz Du Bois, participaba en la campaña contra el congresista- y a un informe de la Comisión que investigó los delito económicos del período de Fujimori.
Ambos trabajaban en el Ministerio de Economía cuando ocurrieron los hechos y Aljovín era la secretaria general, encargada de ejecutar las decisiones, mientras Fritz Du Bois era jefe del gabinete de asesores del ministro Jorge Camet.
Por esa función tenía además asiento en el directorio de Cofide, que aprobó la operación de salvataje del Banco Latino que le costó al Estado casi 500 millones de dólares sin ningún beneficio para el país.
El ex director de Perú 21, que había tenido que ver con las iniciativas legales que llegaron ante el Congreso y que facilitaron las decisiones, fue uno de los miembros del directorio de Cofide que completó el diseño de esta operación altamente irregular.
El argumento para no declarar al Banco Latino en quiebra era que se corría un riesgo sistémico, es decir, que la caída de un banco podía producir la corrida de depósitos del resto de bancos creando problemas de iliquidez.
En este proceso jugó un papel protagónico el MEF, por entonces bajo la gestión de Jorge Baca Campodónico. No obstante, el Latino era un banco pequeño que tenía solo el 3.2% de la participación en el sistema.
La razón del programa de salvataje, en realidad, debe ubicarse en el poder y la influencia que tenían los Picasso y demás directivos del banco que lograban que el Estado desembolsara recursos públicos para salvar su ineficiencia. En cuanto a Cofide era clara la conexión entre Du Bois y los Picasso a través de común participación en el Instituto Peruano de Economía, IPE.
El Estado desembolsó más de 148 millones de dólares y más de 86 millones de soles por lo peor de la cartera de créditos del Latino. Estos esfuerzos seguían siendo insuficientes, pues la situación del Banco Latino no mejoró.
COSTOSO SALVATAJE
Por ello se emitió el Decreto de Urgencia 108-2000 que creó el Programa de Consolidación del Sistema Financiero. Por este Decreto el Estado se comprometía a aportar bonos del Tesoro Público y una línea de crédito para facilitar la absorción del Latino por el Interbank.
Por esta misma época la SBS declaró la quiebra del Banco Nuevo Mundo y el NBK, los cuales, en conjunto, tenían mayor participación que el Latino en el mercado financiero: 4%. Pero en estos casos no se consideró que podían afectar el sistema financiero y se les sacó del mercado.
El Estado tuvo que abrir líneas de crédito por 200 millones de soles, por lo cual el salvataje del Latino le significó la transferencia de más de 401 millones de dólares de los cuales sólo pudo recuperar poco más de 13 millones.
Este salvataje fue más caro incluso que el Wiese que costó 250 millones de dólares y representaba el 17% de la participación en el sistema financiero. Así, las pérdidas de una empresa privada causada por la mala administración y el dolo de sus directivos fueron transferidas al Estado siguiendo un patrón de favores, pues otros bancos que tuvieron similares problemas no fueron objeto de ningún programa de rescate financiero. Esta operación permitió que los accionistas no vieran afectado su patrimonio como habría ocurrido de haberse dictado la quiebra de la entidad.
La participación de Fritz Du Bois en este caso está plenamente acreditada, claro que a él no le han regalado los titulares que merece por esta clara intervención opuesta al interés del país y del Estado y a favor de un grupo particular.
Por esa función tenía además asiento en el directorio de Cofide, que aprobó la operación de salvataje del Banco Latino que le costó al Estado casi 500 millones de dólares sin ningún beneficio para el país.
El ex director de Perú 21, que había tenido que ver con las iniciativas legales que llegaron ante el Congreso y que facilitaron las decisiones, fue uno de los miembros del directorio de Cofide que completó el diseño de esta operación altamente irregular.
El argumento para no declarar al Banco Latino en quiebra era que se corría un riesgo sistémico, es decir, que la caída de un banco podía producir la corrida de depósitos del resto de bancos creando problemas de iliquidez.
En este proceso jugó un papel protagónico el MEF, por entonces bajo la gestión de Jorge Baca Campodónico. No obstante, el Latino era un banco pequeño que tenía solo el 3.2% de la participación en el sistema.
La razón del programa de salvataje, en realidad, debe ubicarse en el poder y la influencia que tenían los Picasso y demás directivos del banco que lograban que el Estado desembolsara recursos públicos para salvar su ineficiencia. En cuanto a Cofide era clara la conexión entre Du Bois y los Picasso a través de común participación en el Instituto Peruano de Economía, IPE.
El Estado desembolsó más de 148 millones de dólares y más de 86 millones de soles por lo peor de la cartera de créditos del Latino. Estos esfuerzos seguían siendo insuficientes, pues la situación del Banco Latino no mejoró.
COSTOSO SALVATAJE
Por ello se emitió el Decreto de Urgencia 108-2000 que creó el Programa de Consolidación del Sistema Financiero. Por este Decreto el Estado se comprometía a aportar bonos del Tesoro Público y una línea de crédito para facilitar la absorción del Latino por el Interbank.
Por esta misma época la SBS declaró la quiebra del Banco Nuevo Mundo y el NBK, los cuales, en conjunto, tenían mayor participación que el Latino en el mercado financiero: 4%. Pero en estos casos no se consideró que podían afectar el sistema financiero y se les sacó del mercado.
El Estado tuvo que abrir líneas de crédito por 200 millones de soles, por lo cual el salvataje del Latino le significó la transferencia de más de 401 millones de dólares de los cuales sólo pudo recuperar poco más de 13 millones.
Este salvataje fue más caro incluso que el Wiese que costó 250 millones de dólares y representaba el 17% de la participación en el sistema financiero. Así, las pérdidas de una empresa privada causada por la mala administración y el dolo de sus directivos fueron transferidas al Estado siguiendo un patrón de favores, pues otros bancos que tuvieron similares problemas no fueron objeto de ningún programa de rescate financiero. Esta operación permitió que los accionistas no vieran afectado su patrimonio como habría ocurrido de haberse dictado la quiebra de la entidad.
La participación de Fritz Du Bois en este caso está plenamente acreditada, claro que a él no le regalaron los titulares que mereció por esta clara intervención opuesta al interés del país y del Estado y a favor de un grupo particular.
La Sexta Fiscalía Penal Superior de Lima solicitó para Fritz
Du Bois y su esposa, Cayetana Aljovín,
la pena de seis años de prisión.
Esa condena fue pedida porque la Fiscalía los considera responsables del fraudulento proceso de salvataje del Banco Latino, de acuerdo a una denuncia de Diez Canseco ante el Ministerio Público lo que parece explicar el furor con el que Perú 21 bajo la dirección de Fritz Du Bois, participaba en la campaña contra el congresista- y a un informe de la Comisión que investigó los delito económicos del período de Fujimori.
Ambos trabajaban en el Ministerio de Economía cuando ocurrieron los hechos y La Sexta Fiscalía Penal Superior de Lima solicitó para Fritz Du Bois y su esposa, Cayetana Aljovín, la pena de seis años de prisión.
Esa condena fue pedida porque la Fiscalía los considera responsables del fraudulento proceso de salvataje del Banco Latino, de acuerdo a una denuncia de Diez Canseco ante el Ministerio Público lo que parece explicar el furor con el que Perú 21 bajo la dirección de Fritz Du Bois, participaba en la campaña contra el congresista- y a un informe de la Comisión que investigó los delito económicos del período de Fujimori.
Ambos trabajaban en el Ministerio de Economía cuando ocurrieron los hechos y La Sexta Fiscalía Penal Superior de Lima solicitó para Fritz Du Bois y su esposa, Cayetana Aljovín, la pena de seis años de prisión.
Esa condena fue pedida porque la Fiscalía los considera responsables del fraudulento proceso de salvataje del Banco Latino, de acuerdo a una denuncia de Diez Canseco ante el Ministerio Público lo que parece explicar el furor con el que Perú 21 bajo la dirección de Fritz Du Bois, participaba en la campaña contra el congresista- y a un informe de la Comisión que investigó los delito económicos del período de Fujimori.
Ambos trabajaban en el Ministerio de Economía cuando ocurrieron los hechos y Aljovín era la secretaria general, encargada de ejecutar las decisiones, mientras Fritz Du Bois era jefe del gabinete de asesores del ministro Jorge Camet.
Por esa función tenía además asiento en el directorio de Cofide, que aprobó la operación de salvataje del Banco Latino que le costó al Estado casi 500 millones de dólares sin ningún beneficio para el país.
LA HISTORIA
En la década de los 90 el sistema bancario se expandió gracias a la inversión extranjera y a las nuevas normas que facilitaban canalizar recursos del Estado hacia el sector privado.
Los fuertes depósitos acumulados llevaron a una política muy agresiva de colocaciones, dando origen a la concentración del crédito en empresas vinculadas a los directorios de los bancos y al otorgamiento de préstamos irresponsables, sin respaldo sólido ni garantías de recuperación.
El Banco Latino, de propiedad de la familia Picasso, fuertemente ligada al gobierno de turno, creció rápidamente en años de bonanza y entró en crisis en la fase recesiva que comenzó en la segunda mitad de los años 90.
Los problemas aparecieron en 1996. La SBS detectó que la cartera pesada de ese año llegaba al 13.53% frente al 8.3% del sistema bancario. En 1997 la cartera deteriorada era de 14.2 frente al 8.9% de sistema.
La SBS advirtió al banco del progresivo deterioro de su cartera y el compromiso patrimonial que esto significaba, pues llegaba al 82.4%. Además, existían créditos a empresas que la SBS consideraba vinculadas al Directorio, como Gracia María SA e Inversiones Latinas SA, pero que el banco no las contabilizaba como tales.
Cuando llegó la recesión de 1998 se aceleró el deterioro de la cartera. En mayo la morosidad subió a 12.2% y a 14.7% en noviembre de ese año. Esto produjo una corrida de depósitos, por lo que el Banco de la Nación tuvo que inyectarle 220 millones de dólares para recuperar confianza.
INTERVENCIÓN
La SBS hizo observaciones y recomendó que el grupo Picasso debía proceder a realizar aportes de capital, mejorar la cartera y reducir los créditos vinculados. Nada de eso se hizo y, debido al débil patrimonio del banco, no hubo otra vía que intervenirlo.
En este escenario, el MEF remitió el 2 de diciembre de 1998 un proyecto de ley para modificar la Ley de Bancos al Congreso de la República que fue aprobado al día siguiente, 3 de diciembre, y promulgado como la Ley Nº 27008 el 4 de diciembre.
En la aprobación de esta ley no estuvo ningún miembro de la oposición en el Congreso.
Gracias a esta modificación, la SBS amplió sus facultades y pudo invitar a terceros, en este caso a Cofide, para adquirir acreencias del Latino y revertir la situación del banco.
La invitación la hizo el Superintendente Martín Naranjo Landerer al presidente del Directorio de Cofide, Luis Baba Nakao, por Oficio Nº 10283-98 el 8 de diciembre de 1998. Se concretó entonces un aporte de capital de US$ 5,400,000 en efectivo y US$ 54 millones en capitalización de acreencias.
Por esta operación, Cofide se convirtió en el accionista mayoritario del Latino y pasó a administrar el banco. Cabe anotar que según la Ley de Bancos, el Estado no participa de los negocios en el sistema financiero, pero se justificó la intervención de Cofide con el argumento de que se trataba de algo temporal.
En la década de los 90 el sistema bancario se expandió gracias a la inversión extranjera y a las nuevas normas que facilitaban canalizar recursos del Estado hacia el sector privado.
Los fuertes depósitos acumulados llevaron a una política muy agresiva de colocaciones, dando origen a la concentración del crédito en empresas vinculadas a los directorios de los bancos y al otorgamiento de préstamos irresponsables, sin respaldo sólido ni garantías de recuperación.
El Banco Latino, de propiedad de la familia Picasso, fuertemente ligada al gobierno de turno, creció rápidamente en años de bonanza y entró en crisis en la fase recesiva que comenzó en la segunda mitad de los años 90.
Los problemas aparecieron en 1996. La SBS detectó que la cartera pesada de ese año llegaba al 13.53% frente al 8.3% del sistema bancario. En 1997 la cartera deteriorada era de 14.2 frente al 8.9% de sistema.
La SBS advirtió al banco del progresivo deterioro de su cartera y el compromiso patrimonial que esto significaba, pues llegaba al 82.4%. Además, existían créditos a empresas que la SBS consideraba vinculadas al Directorio, como Gracia María SA e Inversiones Latinas SA, pero que el banco no las contabilizaba como tales.
Cuando llegó la recesión de 1998 se aceleró el deterioro de la cartera. En mayo la morosidad subió a 12.2% y a 14.7% en noviembre de ese año. Esto produjo una corrida de depósitos, por lo que el Banco de la Nación tuvo que inyectarle 220 millones de dólares para recuperar confianza.
INTERVENCIÓN
La SBS hizo observaciones y recomendó que el grupo Picasso debía proceder a realizar aportes de capital, mejorar la cartera y reducir los créditos vinculados. Nada de eso se hizo y, debido al débil patrimonio del banco, no hubo otra vía que intervenirlo.
En este escenario, el MEF remitió el 2 de diciembre de 1998 un proyecto de ley para modificar la Ley de Bancos al Congreso de la República que fue aprobado al día siguiente, 3 de diciembre, y promulgado como la Ley Nº 27008 el 4 de diciembre.
En la aprobación de esta ley no estuvo ningún miembro de la oposición en el Congreso.
Gracias a esta modificación, la SBS amplió sus facultades y pudo invitar a terceros, en este caso a Cofide, para adquirir acreencias del Latino y revertir la situación del banco.
La invitación la hizo el Superintendente Martín Naranjo Landerer al presidente del Directorio de Cofide, Luis Baba Nakao, por Oficio Nº 10283-98 el 8 de diciembre de 1998. Se concretó entonces un aporte de capital de US$ 5,400,000 en efectivo y US$ 54 millones en capitalización de acreencias.
Por esta operación, Cofide se convirtió en el accionista mayoritario del Latino y pasó a administrar el banco. Cabe anotar que según la Ley de Bancos, el Estado no participa de los negocios en el sistema financiero, pero se justificó la intervención de Cofide con el argumento de que se trataba de algo temporal.
FRITZ DU BOIS
El ex director de Perú 21, que había tenido que ver con las iniciativas legales que llegaron ante el Congreso y que facilitaron las decisiones, fue uno de los miembros del directorio de Cofide que completó el diseño de esta operación altamente irregular.
El argumento para no declarar al Banco Latino en quiebra era que se corría un riesgo sistémico, es decir, que la caída de un banco podía producir la corrida de depósitos del resto de bancos creando problemas de iliquidez.
En este proceso jugó un papel protagónico el MEF, por entonces bajo la gestión de Jorge Baca Campodónico. No obstante, el Latino era un banco pequeño que tenía solo el 3.2% de la participación en el sistema.
La razón del programa de salvataje, en realidad, debe ubicarse en el poder y la influencia que tenían los Picasso y demás directivos del banco que lograban que el Estado desembolsara recursos públicos para salvar su ineficiencia. En cuanto a Cofide era clara la conexión entre Du Bois y los Picasso a través de común participación en el Instituto Peruano de Economía, IPE.
El Estado desembolsó más de 148 millones de dólares y más de 86 millones de soles por lo peor de la cartera de créditos del Latino. Estos esfuerzos seguían siendo insuficientes, pues la situación del Banco Latino no mejoró.
COSTOSO SALVATAJE
Por ello se emitió el Decreto de Urgencia 108-2000 que creó el Programa de Consolidación del Sistema Financiero. Por este Decreto el Estado se comprometía a aportar bonos del Tesoro Público y una línea de crédito para facilitar la absorción del Latino por el Interbank.
Por esta misma época la SBS declaró la quiebra del Banco Nuevo Mundo y el NBK, los cuales, en conjunto, tenían mayor participación que el Latino en el mercado financiero: 4%. Pero en estos casos no se consideró que podían afectar el sistema financiero y se les sacó del mercado.
El Estado tuvo que abrir líneas de crédito por 200 millones de soles, por lo cual el salvataje del Latino le significó la transferencia de más de 401 millones de dólares de los cuales sólo pudo recuperar poco más de 13 millones.
Este salvataje fue más caro incluso que el Wiese que costó 250 millones de dólares y representaba el 17% de la participación en el sistema financiero. Así, las pérdidas de una empresa privada causada por la mala administración y el dolo de sus directivos fueron transferidas al Estado siguiendo un patrón de favores, pues otros bancos que tuvieron similares problemas no fueron objeto de ningún programa de rescate financiero. Esta operación permitió que los accionistas no vieran afectado su patrimonio como habría ocurrido de haberse dictado la quiebra de la entidad.
La participación de Fritz Du Bois en este caso está plenamente acreditada, claro que a él no le han regalado los titulares que merece por esta clara intervención opuesta al interés del país y del Estado y a favor de un grupo particular.
Por esa función tenía además asiento en el directorio de Cofide, que aprobó la operación de salvataje del Banco Latino que le costó al Estado casi 500 millones de dólares sin ningún beneficio para el país.
LA HISTORIA
En la década de los 90 el sistema bancario se expandió gracias a la inversión extranjera y a las nuevas normas que facilitaban canalizar recursos del Estado hacia el sector privado.
Los fuertes depósitos acumulados llevaron a una política muy agresiva de colocaciones, dando origen a la concentración del crédito en empresas vinculadas a los directorios de los bancos y al otorgamiento de préstamos irresponsables, sin respaldo sólido ni garantías de recuperación.
El Banco Latino, de propiedad de la familia Picasso, fuertemente ligada al gobierno de turno, creció rápidamente en años de bonanza y entró en crisis en la fase recesiva que comenzó en la segunda mitad de los años 90.
Los problemas aparecieron en 1996. La SBS detectó que la cartera pesada de ese año llegaba al 13.53% frente al 8.3% del sistema bancario. En 1997 la cartera deteriorada era de 14.2 frente al 8.9% de sistema.
La SBS advirtió al banco del progresivo deterioro de su cartera y el compromiso patrimonial que esto significaba, pues llegaba al 82.4%. Además, existían créditos a empresas que la SBS consideraba vinculadas al Directorio, como Gracia María SA e Inversiones Latinas SA, pero que el banco no las contabilizaba como tales.
Cuando llegó la recesión de 1998 se aceleró el deterioro de la cartera. En mayo la morosidad subió a 12.2% y a 14.7% en noviembre de ese año. Esto produjo una corrida de depósitos, por lo que el Banco de la Nación tuvo que inyectarle 220 millones de dólares para recuperar confianza.
INTERVENCIÓN
La SBS hizo observaciones y recomendó que el grupo Picasso debía proceder a realizar aportes de capital, mejorar la cartera y reducir los créditos vinculados. Nada de eso se hizo y, debido al débil patrimonio del banco, no hubo otra vía que intervenirlo.
En este escenario, el MEF remitió el 2 de diciembre de 1998 un proyecto de ley para modificar la Ley de Bancos al Congreso de la República que fue aprobado al día siguiente, 3 de diciembre, y promulgado como la Ley Nº 27008 el 4 de diciembre.
En la aprobación de esta ley no estuvo ningún miembro de la oposición en el Congreso.
Gracias a esta modificación, la SBS amplió sus facultades y pudo invitar a terceros, en este caso a Cofide, para adquirir acreencias del Latino y revertir la situación del banco.
La invitación la hizo el Superintendente Martín Naranjo Landerer al presidente del Directorio de Cofide, Luis Baba Nakao, por Oficio Nº 10283-98 el 8 de diciembre de 1998. Se concretó entonces un aporte de capital de US$ 5,400,000 en efectivo y US$ 54 millones en capitalización de acreencias.
Por esta operación, Cofide se convirtió en el accionista mayoritario del Latino y pasó a administrar el banco. Cabe anotar que según la Ley de Bancos, el Estado no participa de los negocios en el sistema financiero, pero se justificó la intervención de Cofide con el argumento de que se trataba de algo temporal.
En la década de los 90 el sistema bancario se expandió gracias a la inversión extranjera y a las nuevas normas que facilitaban canalizar recursos del Estado hacia el sector privado.
Los fuertes depósitos acumulados llevaron a una política muy agresiva de colocaciones, dando origen a la concentración del crédito en empresas vinculadas a los directorios de los bancos y al otorgamiento de préstamos irresponsables, sin respaldo sólido ni garantías de recuperación.
El Banco Latino, de propiedad de la familia Picasso, fuertemente ligada al gobierno de turno, creció rápidamente en años de bonanza y entró en crisis en la fase recesiva que comenzó en la segunda mitad de los años 90.
Los problemas aparecieron en 1996. La SBS detectó que la cartera pesada de ese año llegaba al 13.53% frente al 8.3% del sistema bancario. En 1997 la cartera deteriorada era de 14.2 frente al 8.9% de sistema.
La SBS advirtió al banco del progresivo deterioro de su cartera y el compromiso patrimonial que esto significaba, pues llegaba al 82.4%. Además, existían créditos a empresas que la SBS consideraba vinculadas al Directorio, como Gracia María SA e Inversiones Latinas SA, pero que el banco no las contabilizaba como tales.
Cuando llegó la recesión de 1998 se aceleró el deterioro de la cartera. En mayo la morosidad subió a 12.2% y a 14.7% en noviembre de ese año. Esto produjo una corrida de depósitos, por lo que el Banco de la Nación tuvo que inyectarle 220 millones de dólares para recuperar confianza.
INTERVENCIÓN
La SBS hizo observaciones y recomendó que el grupo Picasso debía proceder a realizar aportes de capital, mejorar la cartera y reducir los créditos vinculados. Nada de eso se hizo y, debido al débil patrimonio del banco, no hubo otra vía que intervenirlo.
En este escenario, el MEF remitió el 2 de diciembre de 1998 un proyecto de ley para modificar la Ley de Bancos al Congreso de la República que fue aprobado al día siguiente, 3 de diciembre, y promulgado como la Ley Nº 27008 el 4 de diciembre.
En la aprobación de esta ley no estuvo ningún miembro de la oposición en el Congreso.
Gracias a esta modificación, la SBS amplió sus facultades y pudo invitar a terceros, en este caso a Cofide, para adquirir acreencias del Latino y revertir la situación del banco.
La invitación la hizo el Superintendente Martín Naranjo Landerer al presidente del Directorio de Cofide, Luis Baba Nakao, por Oficio Nº 10283-98 el 8 de diciembre de 1998. Se concretó entonces un aporte de capital de US$ 5,400,000 en efectivo y US$ 54 millones en capitalización de acreencias.
Por esta operación, Cofide se convirtió en el accionista mayoritario del Latino y pasó a administrar el banco. Cabe anotar que según la Ley de Bancos, el Estado no participa de los negocios en el sistema financiero, pero se justificó la intervención de Cofide con el argumento de que se trataba de algo temporal.
FRITZ DU BOIS
El ex director de Perú 21, que había tenido que ver con las iniciativas legales que llegaron ante el Congreso y que facilitaron las decisiones, fue uno de los miembros del directorio de Cofide que completó el diseño de esta operación altamente irregular.
El argumento para no declarar al Banco Latino en quiebra era que se corría un riesgo sistémico, es decir, que la caída de un banco podía producir la corrida de depósitos del resto de bancos creando problemas de iliquidez.
En este proceso jugó un papel protagónico el MEF, por entonces bajo la gestión de Jorge Baca Campodónico. No obstante, el Latino era un banco pequeño que tenía solo el 3.2% de la participación en el sistema.
La razón del programa de salvataje, en realidad, debe ubicarse en el poder y la influencia que tenían los Picasso y demás directivos del banco que lograban que el Estado desembolsara recursos públicos para salvar su ineficiencia. En cuanto a Cofide era clara la conexión entre Du Bois y los Picasso a través de común participación en el Instituto Peruano de Economía, IPE.
El Estado desembolsó más de 148 millones de dólares y más de 86 millones de soles por lo peor de la cartera de créditos del Latino. Estos esfuerzos seguían siendo insuficientes, pues la situación del Banco Latino no mejoró.
COSTOSO SALVATAJE
Por ello se emitió el Decreto de Urgencia 108-2000 que creó el Programa de Consolidación del Sistema Financiero. Por este Decreto el Estado se comprometía a aportar bonos del Tesoro Público y una línea de crédito para facilitar la absorción del Latino por el Interbank.
Por esta misma época la SBS declaró la quiebra del Banco Nuevo Mundo y el NBK, los cuales, en conjunto, tenían mayor participación que el Latino en el mercado financiero: 4%. Pero en estos casos no se consideró que podían afectar el sistema financiero y se les sacó del mercado.
El Estado tuvo que abrir líneas de crédito por 200 millones de soles, por lo cual el salvataje del Latino le significó la transferencia de más de 401 millones de dólares de los cuales sólo pudo recuperar poco más de 13 millones.
Este salvataje fue más caro incluso que el Wiese que costó 250 millones de dólares y representaba el 17% de la participación en el sistema financiero. Así, las pérdidas de una empresa privada causada por la mala administración y el dolo de sus directivos fueron transferidas al Estado siguiendo un patrón de favores, pues otros bancos que tuvieron similares problemas no fueron objeto de ningún programa de rescate financiero. Esta operación permitió que los accionistas no vieran afectado su patrimonio como habría ocurrido de haberse dictado la quiebra de la entidad.
La participación de Fritz Du Bois en este caso está plenamente acreditada, claro que a él no le regalaron los titulares que mereció por esta clara intervención opuesta al interés del país y del Estado y a favor de un grupo particular.
MEF paga defensa de Cayeta Aljovín
Sin embargo, Cayetana Aljovín, en abril del 2013, se vio favorecida, gracias a
la ley que dio el ex presidente Alejandro Toledo para todos los que se
enriquecen del Estado, por la contratación
de un abogado
para defenderla por el “salvataje del Banco Latino” por un monto total de
S/. 118 mil; autorizado por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis
Miguel Castilla, quien además, lo
exoneró del proceso de selección.
En febrero de 2012, Aljovín Gazzani junto con otras
personas, entre ellas su esposo Fritz Du Bois y el exministro aprista Pedro
Sánchez Gamarra, fueron acusados por la Fiscalía por el irregular “salvataje”
del Banco Latino, ocurrido en 1998 durante la dictadura de Alberto Fujimori.
Cuando se ordenó el “salvataje” al Banco Latino, Cayetana Aljovín
Gazzani ocupaba el cargo de secretaria general del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y era miembro del consejo directivo de la Oficina de
Instituciones y Organismos del Estado (OIOE), lo que hoy es el Fonafe.
El fiscal superior adjunto de la Sexta Fiscalía Superior
Penal de Lima, Aldo Cairo Pastor, ha pedido una pena de seis años de privación
de la libertad, una indemnización solidaria de S/. 70,000, y una inhabilitación
de tres años para ejercer cualquier función pública.
SERVICIO PERSONALÍSIMO
El abogado contratado por el MEF para que defienda a Aljovín
Gazzani en este proceso es César Azabache Caracciolo. Según la resolución, la
elección de dicho letrado no pasó por un proceso de selección debido a que se
trató de un “servicio personalísimo”.
Además, según el documento firmado por Castilla, “el
servicio que presta el abogado César Azabache se hace incomparable frente a
potenciales proveedores que puedan existir en el mercado por lo que se
trata de la prestación de un servicio personalísimo (…) Resulta procedente
autorizar la exoneración del proceso de selección”.
Cuando era viceministra de Transportes y Comunicaciones, Cayetana
Aljovín, defendía mucho a la empresa
Telefónica. Pero esto tiene su explicación. Cayetana Aljovín se
encargó de dirigir la licitación internacional de la Banda B (regiones) de
telefonía celular, cuando integraba lo que actualmente es Proinversión.
Cayetana Aljovín también fue directora de Asuntos
Regulatorios de la compañía Bellsouth Perú, entre 1999 y 2000. Entre enero y
junio del 2006, antes de asumir el vice ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Aljovín tuvo tiempo para desempeñarse como consultora en
aspectos regulatorios de la empresa de telefonía Nextel del Perú.
Estos pasajes de la hoja de vida de la ex viceministra de Transportes y Comunicaciones explican, de algún modo, por qué la defensa que hizo, en una conferencia de prensa,a las empresas de telefonía, a quienes se les adjudica la responsabilidad del colapso de dicho servicio durante el terremoto del 15 de agosto.
Estos pasajes de la hoja de vida de la ex viceministra de Transportes y Comunicaciones explican, de algún modo, por qué la defensa que hizo, en una conferencia de prensa,a las empresas de telefonía, a quienes se les adjudica la responsabilidad del colapso de dicho servicio durante el terremoto del 15 de agosto.
En los períodos 2007-2011, las dos empresas de telefonía móvil
más importantes del país obtuvieron ganancias millonarias. Telefónica Móviles sumó 2661 millones de
soles en utilidades netas; mientras que las cifras de Claro se dispararon al pasar de 5 millones de clientes
en 2007 a 11 millones en 2011. Pero, a pesar de este impresionante crecimiento,
ambas empresas se beneficiaron con una serie de decretos supremos que les permitieron pagar cada vez menos por
canon radioeléctrico.
El canon
radioeléctrico
El canon radioeléctrico es el pago que hacen las empresas de
telefonía móvil por el uso del espectro radioeléctrico, la vía para las
telecomunicaciones. El canon, si se quiere, es una suerte de peaje que se paga
por transitar en las frecuencias del espectro radioeléctrico.
Hasta el 2004, el pago por canon era comparativamente alto.
Se calculaba el monto a través del número de celulares vendidos por las
empresas y de sus antenas transmisoras (o estaciones base). Ambas cantidades se
multiplicaban por un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y
luego se sumaban. (Ver Decreto Supremo).
Hubo una primera reducción de canon el 2005. Se dejó
de lado el número de antenas y solo se multiplicó el número de celulares por un
porcentaje de la UIT. Además, por los celulares de provincia se pagó un
porcentaje menor que por los celulares de Lima. (Ver Decreto Supremo)
Otra reducción se produjo el 2006. A mayor número de
celulares por empresa se determinó el pago de un porcentaje menor de la UIT. (Ver Decreto Supremo)
Pero, el cambio más radical vino en diciembre de 2006.
Justo cuando el crecimiento de ambas empresas se disparaba, se dejó de calcular
el canon en base al número de celulares vendidos y se dispuso que se calculara
con una fórmula compleja que incluía variables como coeficiente de ancho de
banda, coeficiente de área y número de canales. La complejidad tuvo, sin
embargo, un simple resultado: pagos mucho menores. Ello se hizo a través
del Decreto Supremo 043-2006-MTC, firmado por Alan García, el popular:
“la plata llega sola”.
El fuerte beneficio de este Decreto, que se otorgaba
del 2007 al 2011, suponía un compromiso de las empresas privilegiadas:
estas debían expandir su cobertura a 250 distritos seleccionados por el
Ministerio de Transportes (MTC).
Esta exigencia fue suavizada mediante unas adenda firmadas
por Telefónica Móviles S.A y América Móvil Perú S.A.C. (Claro). Estas –cuya
legalidad pudiera ser cuestionable– precisaban que no era necesario
cubrir todo el territorio de los 250 distritos. Bastaba con brindar
cobertura en la capital del distrito, o en uno, dos o más centros poblados que
sumaran entre ellos más de 80 viviendas.
Gracias a esta ventaja legal, Telefónica Móviles y Claro
dejaron de pagar por lo menos 460 millones de soles por canon durante los
siguientes cinco años, hasta el fin de 2011. Y ese pago menor es solo en
relación con el estatus legal inmediatamente anterior, el del DS 030-2005, que
ya suponía una considerable rebaja sobre los criterios anteriores. Ambas
empresas pagaron 301 millones de soles desde el 2007 hasta el 2011,
pero con régimen legal de 2006 hubieran desembolsado 761 millones.
Cayetana
Aljovín, que era viceministra de Comunicaciones cuando se aprobó el generoso DS
043-2006, sostiene que esta decisión no redujo el pago de canon –
afirmación que las cifras refutan contundentemente. Aljovín indica que lo que
se hizo, en base a una consultoría de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, fue cambiar la manera de calcular este concepto para
promover la expansión de las empresas.
“No es que se haya rebajado el canon” dice Aljovín, “lo que
se hizo, en base a un informe de la UIT, la Unión Internacional de
Comunicaciones, fue modificar el cálculo del canon radioeléctrico, porque antes
se pagaba en función de usuarios… Por más usuarios, más canon se pagaba y
eso era un desincentivo para seguir creciendo. ¿Qué decía la UIT? En los países
se cobra por cantidad de ancho de banda”.
IDL-R también le preguntó a la ex viceministra
Aljovín por qué en las adenda a los contratos de América Móviles y Telefónica
Móviles se precisaba que no era necesario cubrir todo el distrito y que bastaba
con llegar a un centro poblado con más de 80 viviendas. Aljovín respondió
inicialmente que no recordaba y luego sostuvo que eso se hizo por un “tema de
medición” de la cobertura.
Efectivamente, la medida se tomó por sugerencia de
Telefónica Móviles, como se puede ver en la respuesta de
la empresa al Ministerio.
Finalmente, Aljovín señaló que si se seguía cobrando más
canon por más usuarios “iba a llegar un momento en que (las empresas) iban a
decir acá me quedo [en Lima] porque voy a pagar más
canon cuando tenga más usuarios[…] Nadie tiene porqué llevar
servicio a Timbuktú”.
Sin discutir la peculiar geografía de la ex viceministra, el
argumento no parece tener mucho sentido. Las utilidades crecieron tanto, que
las compañías telefónicas hubieran podido pagar sin ningún problema el canon
anterior y el negocio hubiera seguido siendo muy lucrativo.
Sin embargo, al día siguiente del terremoto, 16 de agosto
del 2007, con la
conferencia de prensa menos creible de la historia. La señora Cayetana
Aljovín, Viceministra de Comunicaciones, parecía la jefa de prensa de
Telefónica y las demás empresas de telefonía y se tragó sus versiones sobre la
falta de comunicación que todos padecimos durante varias horas.
Quizás la conducta de Aljovín se explique por algo
que la periodista Jacqueline Fokws señaló el año pasado:
Aljovín, siendo abogada, no comprendió al inicio de su
labor el término ‘conflicto de intereses’. Cuando empezó como
comentarista/panelista de Ampliación de Noticias de RPP aún seguía trabajando en Procapitales, una asociación de
empresas privadas que pretende ser “líder en la defensa y promoción del
marco necesario para la inversión privada y el desarrollo del mercado de
capitales en el Perú” y que está integrada por empresas y estudios de
abogados. Fue gerente general de la entidad entre 2003 y 2005.
Y, viendo la lista de
asociados de Procapitales, adivinen qué…¡¡está Telefónica del Perú
S.A.A.!!
Viendo además su CV, Aljovín muestra, sin duda,
especialización en Telecomunicaciones, pero también una volatibilidad algo,
digamos, extraña, pues se encontró en varias ocasiones a un lado y a otro del
tema:
Comité de Privatización de Telecomunicaciones. Comisión
de Promoción de la Inversión Privada
Miembro.- (1997 - 1998)
Miembro.- (1997 - 1998)
Encargado del diseño y ejecución de los procesos de promoción de inversión privada en
Telecomunicaciones. A cargo de la licitación internacional de la Banda B (regiones) de telefonía celular y del diseño de la licitación internacional de la Banda de PCS.
BELLSOUTH PERU
Directora de Asuntos Regulatorios (1999-2000)
Responsable del área de asuntos regulatorios de la empresa.
Directora de Asuntos Regulatorios (1999-2000)
Responsable del área de asuntos regulatorios de la empresa.
Esto es lo que ocurría en los organismos reguladores o los
comités de privatización en los noventa: sus funcionarios pasaban casi
inmediatamente a trabajar en las empresas del sector. Como se decía en aquella
época, no quedaba claro si era gracias a sus competencias y contactos o por
alguna vinculación menos sana.
Lo cierto es que el tránsito inverso también se produjo.
Veamos que era doña Cayetana antes de llegar al MTC:
NEXTEL DEL PERÚ
Consultora en aspectos regulatorios.
(Enero 2006 – Junio 2006)
Consultora en aspectos regulatorios.
(Enero 2006 – Junio 2006)
Como que hay demasiados conflictos de intereses en una sola
funcionaria.
El “GRAN” Fritz
Du Bois Freundt
Pero vayamos con el finadito Fritz Du Bois, gracias a un
artículo de Raúl Winner, el cual nos muestra cuán afines eran esta pareja de
esposos; eran el uno para el otro, ¡¡dos
almas gemelas!! (literalmente); pero sobre todo APRENDAMOS de una vez cómo se
hace dinero en el Perú. Sepamos por qué se pelean por llegar al Estado y, una
vez dentro de él, cómo es que, de uno y otro bando, TODOS son colegas y NADIE delata
a NADIE, salvo que se haya traicionado la gran
fraternidad congresal y su lema “otorongo no come otorongo”.
“Prematuro final del delfinato” (Raúl Winner)
“Alguna vez dijo Fritz Du Bois que la compra de EPENSA no
era un negocio sino una operación política para que no se repitieran resultados electorales como los del 2010 y 2011. Casi se podría decir que su propio
nombramiento como director era algo de eso. Pero el destino, siempre
impredecible, malogró el proyecto en apenas ocho meses.
La muerte repentina de Fritz Du Bois me permite decir la
primera cosa buena de él: que murió en su puesto (o en sus muchos puestos),
exigiéndose más de la cuenta hasta que el corazón le jugó una mala pasada. En
lo demás, no cambio una línea sobre lo que he escrito acerca de éste caballero
que era la personificación del poder de la tecnocracia de los 90, que llegó al
gobierno de Fujimori acompañando a Camet, para quien había trabajado, y lo
siguió en el gabinete de asesores del MEF, donde se fraguaron las
privatizaciones, la recompra de la deuda, las planillas secretas del PNUD, los
salvatajes de bancos privados con dinero del Estado, la liquidación de la banca de fomento para trasladar sus carteras a
las cuentas de financieras privadas, las cuentas cifradas para transferir
dinero a Montesinos, las liberaciones de fondos para obras que beneficiaron a
las grandes constructoras, entre ellas las de su ministro, la asignación de
lotes de Petroperú, etc.
Si a esto le quieren llamar ahora haber contribuido a la
reforma de la economía que nos llevó al brillante crecimiento de estos años,
bueno alguien debe decir algo más sobre Fritz, Camet y otros que no eran
técnicos inocentes pensando en Adam Smith o Von Hayek, sino operadores
políticos que se asociaron a un poder corrupto y despiadado y duraron muchos
años dentro de él. Hay que seguir la secuencia de Fritz en 1991, en el ICE
(Instituto de Comercio Exterior) creado por Alan García y liquidado por
Fujimori; del 93 al 98 en el MEF; del 96 al 98 en los directorios
de COFIDE y Petroperú para ver la clase de anti estatista que era. Pero quizá
se lo entienda mejor si sabe que en 1997
pasó a integrar en forma simultánea los directorios de Telefónica y Banco
Continental BBVA, ya privatizados, mientras retenía sus lugares en el Estado.
En 1994, además, otro
caza puesto de nombre Roberto Abusada, fundó el Instituto Peruano de Economía,
con una donación de 550 mil dólares del Banco Mundial, cuyas gestiones corrieron
a cuenta de papá Camet en nombre el estado. Como es conocido, IPE se convirtió
no sólo en un centro directriz de la política neoliberal en el Perú sino en una
especie de centro de reclutamiento de la tecnocracia para el Estado, cuyos
discípulos eran pasados por el cernidor de sus directorios y gerencias.
Abusada, como Fritz, venían de una relación previa con el empresario Camet.
Ambos se hicieron sus asesores principales y llegaron a ocupar la presidencia
del gabinete de asesoría del MEF y los dos fueron sucesivamente directores
gerentes de la afortunada institución.
El IPE fue todo el tiempo, como Fritz y Abusada, una suerte de asociación pública privada en una misma persona. Según información de la
revista “Caretas”, el convenio del BM – IDF grant Nº 28844 establecía que el
IPE podía representar al MEF, es decir al Estado ante el Banco Mundial, y que
sólo éste último podía revocar el acuerdo.
O sea, los dos caballeros podían elaborar la política del
Estado en su entidad privada y llevarla ante el Banco Mundial que, además, era
su financiador. La CONFIEP y varios consorcios privados entendieron el rol que
tenía que cumplir este instituto y le hicieron nuevas donaciones. Y que se
sepa, ni Du Bois ni Abusada sintieron NUNCA que estaban en un grotesco
conflicto de intereses.
Fritz en los 2000
¿Cómo se convirtió, éste tecnócrata, dedicado a fabricar
normas para “promover la inversión”, elaborar contratos a ambos lados del
mostrador, participar en decisiones de directorios privados y en gabinetes
públicos discutiendo los mismos temas ; cómo se convirtió, decía, en un
periodista entregado a la noticia?
Este es un misterio que se aclara cuando nos enteramos que
Fritz llegó el año 2001 a la esquina de los jirones Miroquesada y Lampa para
ser asesor, que era más o menos lo que hacía en otra serie de empresas.
Adviértase solamente que en ése momento
era director de un holding internacional asentado en Islas Vírgenes
(Corporación Financiera de Inversiones), director del Grupo Sindicato Pesquero SIPESA (que en ese
entonces era el más podero9so de la pesca), director del NBK Bank, director de
la aseguradora Mapfre Perú, director de AFP Integra, director de JJC
Contratistas y director general del IPE, todo a la vez. No le costaba mucho
agregar una consultoría a la más grande empresa periodística del país.
Pero lo que nadie había calculado era que en octubre
del 2008 la familia propietaria se
asustara de la propia información que estaba en poder del diario, de lo que en
principio se llamó “los charros” y que
luego se re tituló “los petroaudios”. El reciente cambio de directorio
colocó a unos Miró Quesada ante lo que
otros Miró Quesada habían ordenado investigar. Y lo que salía de ahí no parecía
bueno para el gobierno de García y tampoco
para la empresa, y hasta se decía que uno de la familia aparecía
mencionado en las conversaciones. El intento por parar el destape dio lugar a
una filtración desordenada y a un empeño del entonces director del diario “Perú21”
(Álvarez Rodrich) por seguir adelante con la noticia. Duró muy poco, y en su reemplazo, el directorio, nombró a Fritz Du Bois; con apenas algunas
columnas de opinión, el ex asesor se
convirtió en director periodístico.
Ya sólo era cuestión de tiempo para que la etapa de
transición del diario hacia su completa derechización y extremismo, en la que
se había usado el nombre de Francisco Miró Quesada, que de joven fuera el Miró
Quesada más cercano al Gral. Juan
Velasco Alvarado; llegara a su
término.
Se arguyó la edad de de los 65 años de Paquito como si
existiera una ley de jubilación interna en el periódico y no hubieran
innumerables antecedentes de algunos Miró Quesada directores de edad avanzada y
varios de ellos muertos al frente de la gran nave familiar. El hecho es que
para reacomodar las cosas entre los parientes se logró el acuerdo de poner un
director que no luciera el apellido emblemático. Y ahí estaba Fritz,
catapultado por su experiencia en el diario “Perú21” , que lo graduaba como
director, cualquiera que fuera la opinión que se pudiera tener de sus columnas
y titulares, y pieza segura para que la operación política Alan – Keiko, en la
segunda vuelta del 2016, tuviera la frente a un fanático.
Sólo estuvo en el cargo de octubre del 2013 a mayo del 2014,
lo que deja una sensación amarga. Es como si el intento de una secesión ordenada
del imperio de los Miró Quesada hacia una empresa periodística más moderna
hubiese concluido de la peor forma.
Algunos dicen que Fritz estaba con un estrés permanente en
la conducción del periódico. Otros, que, lamentablemente, no se puede seguir
sumando ocupaciones de cualquier manera exigentes y no terminar pagándolo.
Al momento de morir, Fritz era director de “El
Comercio” y a la vez, miembro del
dieerectorio de AFP Integra, JJC Camet, Intervest (financiera), Edegel-
Generandes (electricidad), Interbak, Negusa (chocolates), Limatex (textiles),
Austral (pesca), Cálidda (distribuidora de gas), CORP-IFS (finanzas Panamá). Hay
como veinte puestos que Fritz ha dejado vacantes, pero será difícil que
encuentren a otro como él.”
Y toda esta amplísima
gama de habilidades para progresar económicamente a costa del Estado y su
burocracia corrupta e incompetente, me da la sospecha, que no ha sido gratis. Bueno, consiguió siempre lo que quiso, que en paz descanse.
UN MEMOREX DE UNA INVESTIGACIÓN QUE TODOS DEBEN CONOCER . GRACIAS POR SU CONTRIBUCIÓN.ME QUEDE SIN PALABRAS AL LEER TANTA INMUNDICIA DE SACO Y CORBATA.
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