domingo, 28 de mayo de 2017

La corrupción nuestra de cada día



Amigos, el hecho de que TODOS los que han pasado por el gobierno, en todos los gobiernos de turno SEAN CORRUPTOS no es de sorprendernos. Aquí, la justicia está hecha contra los pobres, contra los que se asoman portando una bandera de justicia social, pero que no es parte de la banda que se ha dedicado por siglos a saquear el estado.

Por ejemplo a Gregorio Santos, el ex presidente de Cajamarca se le tiene como un apestado, como lo peor. Lo recluyeron dos años en prisión, aun así el pueblo de Cajamarca lo eligió nuevamente presidente de su región ¿y qué se le ha probado hasta la fecha? Nada, esa fue una vil maniobra del asesino y traidor Ollanta Humala Tasso para que ninguno pudiera competir con el lobysta (favorecedor de empresas extranjeras) PPK y su par Keiko Fujimori. Pero a esto se suma la acción de éste gobierno que también ha hecho lo suyo.

"Al parecer" la empresa ATERPA, que es vinculada en la investigación por el caso Lava Jato en Brasil, habría sido favorecida por Gregorio Santos en la licitación del mantenimiento de la carretera Huayobamba-La Libertad.



La coima (que se presume por la costumbre de Odebretch de ganar sus licitaciones gracias a una gratificación) se habría pagado en el 2012, luego de que ATERPA ganara la buena pro tras cobrar de manera adelantada 14 millones de soles, de los cuales se presume que tres habrían ido a parar al bolsillo del ex líder antiminero.

Pero no sería todo, según informaciones periodísticas, la empresa habría desembolsado 900 mil soles adicionales para otros funcionarios, uno de ellos sería el dirigente del SUTEP, Olmedo Auris. Este último negó  esta versión.

"Bueno evidentemente la empeora, el asunto es que esto como no se supo antes, estamos hablando de cantidad importante de dinero para un presidente regional y para una región que ha tenido tantos problemas", expresó Víctor Andrés García Belaunde, quien fue uno de los que investigó a fondo los vínculos entre Santos con otra red mafiosa: la liderada por Rodolfo Orellana sin encontrarle finalmente, NADA.

Otro ejemplo es el alcalde de Lima Castañeda Lossio quien robó en su anterior gestión 39 millones de soles en el sonado caso COMUNICORE  además de haber sobrevaluado TODAS las obras en TODOS sus gobiernos y ahora, además de seguir sobrevaluando sus obras, la ha emprendido (en una ciudad donde no hay trabajo) contra los choferes que no cuentan con el permiso de la municipalidad para hacer transporte público, buscando como es notorio quedarse con el vehículo, bienes, cuentas de ahorro, etc. de los infractores de su ordenanza; para ello, emite las multas más altas del reglamento de tránsito (2,400 frente a 1,5000), cuya prescripción también es la más prolongada de todas (2 años frente a 4 años) y sale, a la mejor costumbre de los delincuentes en bandas a emboscar a los incautos que decidieron trabajar para llevar un pan más a su hogar.

Aquí parte de sus sobre valuaciones:


El intercambio de las avenidas Colonial y Universitaria saltó de S/.27 millones a S/.39 millones.
La Vía Expresa de Grau pasó de S/.59 millones a S/.124 millones.

El intercambio de la Panamericana Norte y Habich comenzó en S/.32.5 millones y cerró en S/.93      millones.

Se aumentó el presupuesto del Sistema Vial de Castañeda de S/.643 millones a casi S/.844 millones (unos US$ 281 millones), y se redujo la extensión de un poco más de 36 a 25,7 kilómetros.

Así, el precio por kilómetro alcanza los US$ 11.94 millones. Es decir, implementar un sistema para buses se ha convertido en una obra tan cara como hubiera sido un sistema de trenes jajaja ¡¡BUENA CASTAÑEDA!!













En el Perú, estado neocolonial con una política del neoliberalismo más a ultranza (presencia nula del estado para defender a la ciudadanía y la soberanía nacional) es natural que sucedan estas cosas; porque es el propio sistema capitalista quien nos hace correr al alcance de riquezas; y para alcanzarlas, no escatimamos ningún medio, lícito o vedado. Aquí en Perú, es el robo sistemático, la asociación en el entramado de los distintos poderes del estado para el acomodo personal y recíproco sin que, finalmente, por esta asociación encuentren una sanción para sus pillajes. A nivel internacional son los atentados de falsa bandera, para hacer leyes que propicien guerras contra países que contienen alguna riqueza que, a los países del antiguo mundo, les sea necesaria arrebatar.

La Defensoría del Pueblo alertó que, sobre el recién detenido Jorge Acurio Tito (por haber recibido sobornos de Odebretch) , y sobre la desarticulación de una red dedicada al lavado de activos que, según la Fiscalía, era dirigida desde la cárcel por el exgobernador de Ucayali Jorge Velásquez Portocarrero; más de una veintena de gobernadores están implicados en procesos por dicho delito y muchos casos ya han recibido sentencia.




Al 31 de diciembre de 2016, los gobiernos regionales acumulaban 3349 casos de corrupción en investigación en el Ministerio Público y procesos en el Poder Judicial. A dicha cifra -hecha pública en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo- se pueden sumar muchos otros juicios.

Para el analista político Diethell Columbus, en su sarta de palabrería nos dice que la situación es un problema social en el cual se conjugan elementos políticos y normativos etc., etc. Quieren leer el etc.? Aquí está:

“El tema de la corrupción, a nivel subnacional, obedece básicamente a que quienes participan o son elegidos provienen, en muchos casos, de movimientos regionales que no son partidos. Se forman solo con la finalidad de ser vehículos para llegar al poder. Es necesario mejorar el sistema político-electoral, fortalecer a los partidos y establecer sanciones más claras para las autoridades que cometan infracciones. De lo contrario, vamos a tener un montón de reyezuelos en las regiones que piensan que pueden hacer lo que quieran con el presupuesto público”, comenta.

El especialista también considera que la legislación vigente favorece la corrupción (pero no dice QUIÉNES son los responsables de dicha legislación) a nivel de gobiernos regionales. “Por poner un ejemplo, si un gobernador contrata a su esposa para trabajar en el gobierno, no es causal de vacancia”, agrega.

También olvida de manera “sospechosa” que el 3 de abril último entró en vigencia la nueva Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo N° 1341) que, entre otras cosas, quita de un plumazo la prohibición de contratar a los ministros de Estado, viceministros y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, es decir solamente a sus padres, hijos o hermanos.



Empresarios privados EXITOSOS se asocian y entran en tropel al estado para delinquir



Como les decía amigos, ellos se asocian en bandas para latrocinar al estado por ejemplo, los ex gerentes de Kuntur Wasi tienen altos cargos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: el Viceministro Michel Macara-Chvili fue gerente en Neptunía y trabajó junto a Carlos Vargas Loret de Mola y Ximena Zavala, hermana del Premier.

Efectivamente amigos, el presidente del directorio del consorcio Kuntur Wasi -que firmó con el gobierno la polémica adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero-, y actual gerente general de Andino Investment Holding (AIH), Carlos Vargas Loret de Mola, ha negado que la empresa que dirige tenga alguna relación con el Ejecutivo, sin embargo, hay elementos que llaman la atención.

Gerentes que laboraron en su empresa actualmente ocupan importantes cargos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) donde empezaron a laborar luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski entrara en funciones.

Los puestos claves que mencionaremos a continuación no dejan de llamar la atención, ya que meses atrás se conoció que Vargas Loret de Mola participó en una actividad partidaria de Peruanos Por el Kambio junto a empresarios que apoyaron a Kuczyski durante la campaña presidencial. En dicha actividad también estuvieron presentes los vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz. La presencia del empresario en la actividad del partido oficialista no fue muy bien aclarado por el Ejecutivo.

CARGO CLAVE. El actual viceministro de las Prestaciones Sociales del MIDIS, Michel Macara-Chvili Helguero se desempeñó como gerente de la empresa Neptunia, que pertenece a AIH (pertenece al consorcio Kuntur Wasi) de Vargas Loret de Mola.

Macara-Chvili Helguero, además, fue director de Tritón Transport y Almafin, empresas del Holding que forma parte del consorcio que construirá el aeropuerto internacional de Chinchero. Tales cargos los ocupó desde enero del 2013 hasta setiembre del 2016, según su hoja de vida.

El Viceministro laboró en Andino junto Ximena Zavala, hermana del actual presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quién hace meses renunció a consorcio Kuntur Wasi debido a los cuestionamientos por supuestamente ser la intermediaria entre el Ejecutivo y la mencionada empresa.

OBSERVADO.El alto cargo de Macara-Chvili es vista mal por altos funcionarios del MIDIS no solo porque proviene de Neptunia, (vinculado al hombre fuerte de la empresa que mantiene un polémico contrato con el gobierno), sino porque dicha empresa actualmente tiene un problema judicial con la entidad que dirige Cayetana Aljovín.

Durante los primeros meses de la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el 28 de noviembre del 2016, se conoció que Neptunia ganó un proceso arbitral al Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”. Tras perder el proceso, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tendrá que pagar a Neptunia S.A más de 274 mil soles además de todos los intereses moratorios sobre el monto. La demanda de la empresa de Vargas Loret de Mola fue presentada el 26 de mayo del 2016, luego que se suscribiera un contrato de almacenamiento en el 2015.

CAMBIOS. Un mes antes de que Neptunia S.A gane dicho arbitraje al programa Qaly Warma, el MIDIS retiró de la jefatura del programa a Mónica Moreno Saavedra y entró en reemplazo de ella Diego García Belaunde.

Él también laboró en Andino Investment Holding y lo hizo desde el año 1996, desempeñando diversos cargos gerenciales. Desde abril del 2010 fue Gerente General de Neptunia S.A y asumió la dirección de Almacenes Financieros (ALMAFIN), subsidiaria de Neptunia S.A.

García Belaunde estuvo en el máximo cargo de Neptunia hasta el 2013 y fue reemplazado por Macara-Chili Helguero. Tras ello, solo fue colocado como director de la empresa, según detalla un comunicado de la empresa de Vargas Loret de Mola.

El pasado 28 de marzo García Belaunde renunció al cargo y en su reemplazó entró Carla Patricia Milagros Fajardo Pérez Vargas, quien viene del sector privado. Ella fue Directora de Gestión de Materiales de la empresa donde laboró el premier Fernando Zavala, Backus.

OTROS PUESTOS. Quién también viene del grupo Andino es el abogado José Reyes Llanos, quien es muy amigo del viceministro y uno de sus asesores personales. En la actualidad se le ha encargado encabezar el programa social Pensión 65 y es el nuevo Director Ejecutivo encargado.

Este funcionario antes de llegar al MIDIS trabajó en Andino Servicios Corporativos (Grupo Andino) donde laboró como coordinador legal de los temas que veía la empresa con entidades del Estado.

“Revisión de contratos Civiles, Comerciales. De igual forma, revisión de acuerdos marco, y contratos con el Estado, negociación y soluciones de controversia”, indica en su Linkedin.

Otra funcionaria vinculada a Kuntur Wasi es Vera Pérez Linares, quien labora como asesora en de Desarrollo y Gestión Humana en el Viceministerio de Prestaciones Sociales.

Ella también formó parte de Neptunia. Desde el año 2013 hasta setiembre del 2016, fue la Sub gerente de Recursos Humanos de la empresa de Vargas Loret de Mola.

Entonces amiguitos, NO ES como dice Cecilia Blume eterna asesora de ministros y ministerios, que “el estado es mal administrador de empresas públicas por lo cual deben venir los empresarios privados (“honestos”) a administrarlas” lo que sucede es que son SIEMPRE los empresarios privados (honestos y celosos con sus empresas privadas; pero, ladrones con las empresas del estado) quienes se reparten los puestos claves del gobiernos para seguir enriqueciéndose.





Y si NO hay para robar … ADENDAS!!!

En efecto, en vez de solucionar el contrato heredado del gobierno de Ollanta Humala para el aeropuerto de Chinchero, (para el cual la hermana de Humala TAMBIÉN había comprado cantidad de tierras para venderlas al estado) la gestión de Pedro Pablo Kuczynski aumentó en 130 millones de soles el monto que podía perder el Estado. Fiorella Molinelli, y otros altos funcionarios, fueron denunciados por esto.

En conferencia de prensa, el contralor Edgar Alarcón, supervisor del gasto de dinero de nuestros impuestos, explicó que el agregado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmó el 3 de febrero del presente año no solo implicaba este monto, sino que era ilegal.

“La adenda 1 fue suscrita incumpliendo la normativa que regula las Asociaciones Público Privadas, no se tenía un acreedor permitido ni contaba con una propuesta de financiamiento”, sostuvo Alarcón.

Según el estudio definitivo de contraloría, la obra en total iba a costar 507,874,590 dólares, lo cual podía configurar el delito de negociación incompatible. Seis funcionarios del MTC, dos de Economía y dos de Ositran ya fueron denunciados. Entre ellos se encuentra Fiorella Molinelli, quien firmó la adenda como viceministra.

Encima de que no iba a poner un solo sol en el proyecto y que toda su contratación fue amañada, Kuntur Wasi puede (y seguramente hará) demandarnos internacionalmente. Esto amiguitos, sucede cuando tenemos un gobierno neoliberal, en donde el estado tiene la OBLIGACIÓN de favorecer en todo a la empresa privada aún en contra de los propios intereses de la nación.

Ahora depende de PPK y su equipo decidir si el proyecto se cancela definitivamente, arriesgándose a una demanda internacional por parte del Consorcio Kuntur Wasi, o investigar y denunciar penalmente a funcionarios y ejecutivos que negociaron contra los peruanos; lo cual, como ya hemos visto a lo largo de dos siglos, muy pocas veces sucede.



Cómo se libró el caco Alan García de 5 años de investigación de la "megacomisión" liderada por Sergio Tejada

La FARSA montada por García y Tejada duró 5 años

Amigos, en las citaciones que recibía Alan García, no figuraba la palabra “investigado”; por lo cual el juez Velásquez Zavaleta declaró NULAS todas las investigaciones y conclusiones de la megacomisión; la cual, desde el comienzo, no era sino otra “trafa” para mantenernos entretenidos cinco años. El juez aducía que la falta de ésa palabra en la citación afectó que Alan García ejerza su derecho de defensa a plenitud, en base a lo cual ANULA la mencionada citación a declarar, del 4 de octubre, y con ella TODAS las conclusiones de la Megacomisión, en consecuencia, se anulan TAMBIÉN los ocho informes de la ‘megacomisión’ referidos exclusivamente al demandante.

El procurador público del Congreso presentó un escrito y TAMBIÉN confabulándose desistió de la apelación, por lo que la resolución número 4 del 22 de octubre es firme y en consecuencia tiene que ejecutoriarse. Sobre esa base, el juez Velásquez Zavaleta resolvió.

Todos los informes producidos por la denominada Megacomisión, así como el proceso constitucional aprobado contra el expresidente Alan García Pérez en el Congreso por el caso “Narcoindultos” y otros, han sido definitivamente anulados por el Poder Judicial (PJ).

Esto se concretó tras el voto, el tercero, del juez superior Manuel Soller a favor del recurso de amparo que presentó el expresidente aprista.

Es decir, con este tercer voto a favor de Alan García Pérez, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirmó la decisión del Quinto Juzgado Constitucional de Lima que en su oportunidad anuló el proceso seguido contra el exmandatario ante el Congreso por vicios procesales en el proceso de investigación.

LOS VOTOS. Como se recuerda, la causa fue vista por el Tribunal Superior luego de que la Procuraduría del Congreso de la República apelara la decisión del juez Hugo Velásquez Zavaleta. En su momento, a través de la Resolución Número 33, declaró fundado el pedido de nulidad que interpuso García Pérez contra la carta en la que se le citó al Congreso como investigado el 4 de octubre de 2013.

En consecuencia, se dispuso anular los informes del grupo de trabajo presidido por el congresista Sergio Tejada “en los extremos que imputen alguna responsabilidad penal y/o infracción constitucional al demandante, debido a que no ha sido citado correctamente”.

La primera votación de la Primera Sala Civil de Lima tuvo como resultado que los jueces Martín Hurtado Reyes y César Solís Macedo se pronunciaran a favor del amparo de Alan García, mientras que su presidente Héctor Lama More votó en contra, indicando que se requieren tres votos para hacer sentencia.

Es por ello que intervino un cuarto juez como dirimente. En este caso el juez Andrés Tapia Gonzales, de la Segunda Sala Civil de Lima, quien opinó por anular la decisión del juez en primera instancia y volver a pronunciarse.

Quedando la causa sin voto mayoritario, se llamó a otra juez dirimente, en este caso la magistrada María Isabel Hasembak Arma, quien se adhirió al voto del juez Lama More. Así, la causa quedó empatada con dos votos a favor, dos contra del amparo y uno para que haya un nuevo pronunciamiento.

EL JUEZ CLAVE. De este modo, el caso debía tener un desempate y se llamó a un tercer dirimente y juez llamado por ley, el magistrado superior Manuel Soller, de la Segunda Sala Civil.

Soller, con resolución de fecha 17 de noviembre se pronunció a favor del amparo de Alan García Pérez, y se adhirió a los votos de los magistrados Solís Macedo y Hurtado Reyes.

En consecuencia, al obtener los tres votos necesarios, ya se formó sentencia y por ende habría concluido el proceso de amparo cuyo efecto es declarar la nulidad de la denuncia constitucional contra García.

Además, trascendió, que en la resolución del juez Soller se hace hincapié en que el caso no necesitaba de tres votos como adujo el magistrado, pues con los dos votos iniciales a favor ya se había formado sentencia.

Trascendió que la resolución ya se encuentra en la relatoría de la Primera Sala Civil que la estaría publicando en las próximas horas.

NARCOINDULTOS. Con esta decisión del Poder Judicial, la denuncia contra Alan García por los casos “Narcoindultos”, por presunta comisión del delito de encubrimiento personal, pasará al archivo en el Congreso de la República.

Junto a este caso, también quedan sin sustento las denuncias por los colegios emblemáticos y Business Track. También el caso del aeródromo de Collique y Agua para Todos. Esos casos quedaron nulos.

Toledo, APRA, Fujimori con coimas de Odebretch


Y para mayor abundancia de la podredumbre de nuestros gobiernos NEOLIBERALES diremos que Odebrecht declaró haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2005 y 2014 para ganar la concesión de obras de infraestructura. Este periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) Pero también financió la candidatura de Keiko Fujimori quien aducía que financiamiento lo lograba con actividades partidarias. Toledo tiene orden de captura por este caso, mientras que funcionarios del gobierno aprista ya están en prisión, así como gobernadores regionales. García y Humala son investigados, pero, la verdad, hay muy pocas probabilidades de sentencia. ¿Por qué?

Un grupo de tres fiscales peruanos viajó a Curitiba hace pocos días, a interrogar a Marcelo Odebrecht sobre los tres millones de dólares que entregó a Humala el 2010. También viajaron dos abogados de Humala.

En Curitiba, los procuradores brasileños, que dirigieron la declaración, exigieron a los fiscales peruanos firmar un acta en la que se comprometen a no procesar en forma alguna ni a Odebrecht ni a nadie relacionado con sus corporaciones por lo que este pudiera decir. Fue un acta severa y limitante ¿no?? jajaja por eso solo investigan y encarcelan a funcionarios y presidentes regionales no a los presidentes de la república.


Bueno, aquí, amigos, podemos darnos cuenta del objetivo del destape de Odebretch y Lava Jato, tumbarse a la izquierda brasileña para dejarla acéfala y poder hacer con el monigote de Temer y los que vengan, un gobierno brasilero complaciente a los requerimientos de Washington. Ya por lo pronto Brasil accedió y tiene una base militar EEUU en la Amazonía y próximamente vienen ejercicios militares junto a los perros de alfombra de EEUU: Perú, Colombia, el nuevo Brasil por supuesto; y quienes se quieran adherir camino a la perspectiva de aplastar uno de los últimos bastiones de la revolución socialista sudamericana: Venezuela.


Ya depusieron a Lugo, mataron a Chávez, se fue Correa, sacaron a Cristina, tumbaron a Dilma y llenan Sudamérica de bases militares norteamericanas. No nos sorprenda ver en Venezuela un calco del terror desatado en Medio Oriente. Porque, entendamos esto amigos, las potencias del viejo mundo YA SE QUEDARON SIN RIQUEZAS y están saliendo en hordas, fuera de sus continentes, a saquear a otros pueblos en los confines de la tierra. Ellos financian el terrorismo y asustan a sus naciones, quienes avalan leyes para que sus ejércitos “salgan a otros países a combatir el terrorismo”( que ellos mismos arman y financian). Esa es en síntesis la cruzada de guerra en que se han enrolado las potencias quebradas del viejo orden para masacrar poblaciones con el único fin de robarlas.








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