Psicosociales para tapar el latrocinio, un modo de gobernar el Perú

Amigos, estamos en noviembre ya, y ningún medio de comunicación nos dice sobre los ejercicios militares conjuntos que están haciendo EEUU con los perros guardianes de su patio trasero llámense los presidentes CORRUPTOS de Perú, Argentina, Colombia y el además golpista Temer de Brasil, en una clara injerencia de EEUU en sudamérica. Tampoco se nos dicen cuántos millones estamos gastando en esa acción bélica vana, puesto que no estamos en guerra con nadie (amén de que hemos perdido todas las guerras). 

Entretanto, el narcotráfico vive campante en el congreso de la república encabezado por Kenji Fujimori al que se le halló (como sabemos) en uno de sus almacenes 100 kilos de droga. Por otro lado sus correligionarios también están involucrados y hasta su padre Alberto Kenya Fujimori está encarcelado en el “fundo barbadillo” en donde se rumorea que no se quema droga sino harina. Con todos estos barones de la droga, la prensa y la fiscalía, son cómplices enrumbado al Perú en un próximo narco estado, como lo es México y Colombia. Entonces, ¿a qué viene el Amazonlog tratando de "prevenir" el tráfico de droga??

Amazonlog 2017 se divide en tres grandes eventos:

28 de agosto al 1 de septiembre: Se dio inicio a una mesa redonda de debate en Manaos.

26 al 28 de septiembre: Simposio de Logística Humanitaria (SILOGEM). Además de una exposición de tecnología militar y actividades preparatorias.

6 al 13 de noviembre: Comienzo de ejercicios logísticos que culminarán en la Base Logística Multinacional Integrada en Tabatinga.
El asunto es que están haciendo mucha bulla con respecto a la liberación de Fujimori, cuando es de conocimiento público que lo único que necesitan para que PPK firme el indulto es TRAMITARLO. Sin embargo aducen mil perogrulladas para estar en primeras planas, pero nada de dar pasos francos hacia dicho trámite.


La visita del Papa

En el siguiente video RMP trata de explicarnos que los cerca de 38 millones de soles que se gastarán en la visita del papa Francisco, son un gasto “necesario” para el “mejoramiento de la imagen del Perú ante el mundo” o sea que para los millonarios que nos gobiernan con Alberto Fujimori preso, Ollanta Humala y su mujer presos; Toledo fugitivo de la justicia y Alan García il capo de la Fiscalía, NO SON HECHOS SUFICIENTES PARA GRITAR AL MUNDO LO QUE SOMOS



La salida de Pablo de la Flor Belaúnde DEL DIRECTORIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL NORTE

El viernes 5 de mayo de este año, el gobierno designó a Pablo de la Flor Belaunde como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). (Belaúnde… ése apellido me suena demasiado conocido)

¿De qué se tiene que encargar de esta autoridad? De la reconstrucción del norte del país luego del paso del fenómeno del Niño Costero.

La Autoridad para la Reconstrucción está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. (Antes Fernando Zavala, hoy Mercedes Aráoz).

Su función es elaborar y plantear el plan de reconstrucción en coordinación con el gobierno central y los regionales y municipales. El cargo dura tres años.

Escogimos esta definición de Autoridad para la Reconstrucción porque menciona un dato fundamental: la coordinación con el gobierno central, los regionales y municipales.

¿Cuánto se ha avanzado hasta ahora en la reconstrucción?

De la Flor empezó a trabajar en mayo. ¿Qué ha hecho en estos seis meses?

Primero revisemos lo que dicen los medios. En La República, tres corresponsales de Piura, Trujillo y Chiclayo publicaron un balance de los trabajos realizados en sendas regiones. Para ellos, hasta ahora no hay obras concretas que puedan contrarrestar las próximas lluvias.

“Lo cierto es que hasta ahora no se ven obras concretas para enfrentar un nuevo periodo de lluvias que se podría presentar a fines de año o comienzos del próximo. Y esa es la preocupación de las poblaciones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Chimbote que fueron afectadas por El Niño costero. De producirse las precipitaciones, las ciudades estarán desprotegidas y sufrirán graves consecuencias”.

Perú 21 publicó un balance a inicios de octubre que coincide en muchos puntos con La República. Según ellos, “en las regiones afectadas aún no se han iniciado los trabajos de reconstrucción”.
Piura: Hay 10,508 damnificados por el colapso del río Piura que viven en 2,261 carpas distribuidas en 34 campamentos, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. (Indeci).
La Libertad: Las lluvias y huaicos dejaron destrucción en ocho de sus 12 provincias.
Lambayeque: Aún hay 652 damnificados en siete albergues. (Indeci).

En octubre, luego de seis meses al mando de la reconstrucción, los balances empezaban a jalarle las orejas a De la Flor por los mínimos avances. El Comercio se contactó con él para conocer sobre su visión de las obras ejecutadas. Nadie sabía que esa entrevista le costaría el puesto.

De la flor y el costo de las palabras

El 23 de octubre, El Comercio publicó su entrevista a Pablo de la Flor titulada con una de sus declaraciones más alarmantes: “Incapacidades de gobiernos regionales dificultan reconstrucción”.

Respecto al principal obstáculo que ha enfrentado en estos meses, De la Flor señala que “el mayor obstáculo guarda relación con las limitadísimas capacidades que el propio Estado tiene para imprimirle velocidad y agilidad a la ejecución de las iniciativas”.

Luego fue el turno de los gobiernos regionales. Sobre la Libertad, aseguró que “supuestamente iban a ser los socios en la reconstrucción”. Cuando la periodista pregunta si no lo han sido, respondió: “Tienen brechas e incapacidades que están dificultando los avances en la reconstrucción”.

Y lo mismo hizo con Piura:

“Felizmente, hemos avanzado con la descolmatación de ríos, pero la incapacidad del gobierno regionalpara llevar a buen puerto una iniciativa que había sido priorizada por la ARCC, a pedido del propio gobierno regional, nos ha llevado a esta situación”.

Esto generó la inmediata reacción de los gobernadores regionales, quienes exigieron la salida de De la Flor “por falta de liderazgo”. Una semana después del intercambio de adjetivos, el viernes 27 de octubre, el funcionario renunció.

Un dato importante que resalta del reportaje es que la Contraloría asegura que la lentitud de los avances se deben a la mala integración de bases, demora en los procesos y malas evaluaciones de postores. Todos estos relacionados a procesos de contratación. Sobre corrupción no hay indicios. “El sistema está hecho para evitar la corrupción”, sostuvo un representante de la Contraloría.
La fase de la prevención y el Minagri

Hay un dato importantísimo que debemos resaltar del reportaje, desde que el fenómeno del Niño Costero causó los desastres, el gobierno designó tres fases de intervención de la reconstrucción: rehabilitación, prevención y reconstrucción.

La base de la rehabilitación, para ponerlo en sencillo, se encargó de poner a buen recaudo a los damnificados por el desastre. En estos momentos nos encontramos en la segunda: la prevención. De acuerdo con el reportaje, el gobierno ha asignado S/1,287 millones a esta segunda fase divididas en tres autoridades: el 74.5% debe ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura, el 20.6% por los Gobiernos Regionales y el 4.9% por los municipios correspondientes.

En pocas palabras: el Ministerio de Agricultura, a cargo de José Manuel Hernández, es el principal ejecutor con S/800 millones asignados. Ya sabemos a quién debemos tener entre ceja y ceja. De hecho, el aprista Javier Velásquez Quesquén ya pidió su interpelación por la reconstrucción.

Nuevo “zar” de la reconstrucción: Edgar Quispe

Una vez aceptada la renuncia de De la Flor se designó al nuevo jefe de la ARCC: Edgar Quispe.

RMP "etiqueta a empresarios privados" de buenos y honrados y a provincianos de corruptos.

En el siguiente video RMP diciendo las muchas trabas burocráticas del estado peruano para impedir que se robe (lo que siempre se termina haciendo) Y lo más ridículo nos menciona qué es lo que necesita el Perú para crecer 4% el próximo año : UNO “la inversión de los panamericanos” DOS “la reconstrucción del norte” “y TRES “la inversión de algunas mineras” ¿qué les parece? cero fábricas, cero industrias, pero lo más jocoso es lo que ASEVERA para encasillar a los empresarios privados de buenos y HONRADOS y a los provincianos de corruptos y oportunistas.

Ella dice: “Se presume que donde hay construcción hay corrupción. Y no se presume en vano, se presume sobre la historia, se presume sobre lo que conocemos, se presume sobre los testimonios privados si quieren de empresarios que dicen que es muy difícil sacar adelante programas de obras por impuestos en localidades pequeñas; porque lo primero que te pide la autoridad es que contrates a su primo, a su hermano, con la empresa subcontratista tal que es en realidad de él, eso es práctica común en el Perú. Cuando ustedes escuchan que en la región se alegran porque le van a enviar 26 mil millones de soles a todos lo que han sufrido los estragos de verano, lo que ellos están pensando es que parte me toca a mí, ese es el problema de la corrupción; qué voy a ganar yo, cuánto voy a recibir” Y nos subraya que los empresarios privados están muertos de miedo frente a las corruptas autoridades provincianas. Y se dedica a halagar las “nobles cualidades” de Pablo de la Flor Belaúnde.


La pena de muerte

Por otro lado amigos, siguen llenando nuestros raciocinios con escandaletes de los cuales YA SABEMOS son para embrutecernos, como por ejemplo la cantaleta de la pena de muerte que la esgrimen cíclicamente cuando la corrupción está desbordante; lo hacen, no me uqepa la menor duda, para incentivar el morbo y la comidilla entre los peruanos ignorantes pero lo real es que la pena de muerte NO se puede aplicar en el Perú.






Investigarán a magistrados del Tribunal Constitucional (TC)

Otro escandalete es el crimen de lesa humanidad en el caso “El Frontón” donde el multimillonario Alan García con más de 20 inmuebles mandó a asesinar a presos rendidos. Como ya sabemos le hicieron un juicio a 133 marinos, como si ellos, en un acto de locura, hayan decidido asesinar a los reos rendidos; cuando de sobra sabemos que para cualquier acción necesitan una orden superior.

Pues bien, la Comisión Permanente del Congreso, con los votos de Fuerza Popular y el Apra, decidió abrir investigación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el fallo emitido en el Caso El Frontón.

Eloy Espinoza, Carlos Ramos, Marianella Ledesma y el presidente del referido órgano de justicia, Manuel Miranda, son comprendidos en esta pesquisa que eventualmente podrá derivar en una acusación constitucional.

Los magistrados resolvieron en marzo pasado subsanar una resolución que el TC emitió en el 2013. En la parte resolutiva que refiere que los actos en El Frontón no constituyen un crimen de lesa humanidad, se corrige lo contrario volviendo así el caso imprescriptible.

Un grupo de marinos involucrados en la matanza de 133 reclusos del extinto penal, durante el primer gobierno del expresidente Alan García, presentaron posteriormente ante el Congreso una denuncia contra los miembros del Tribunal Constitucional.

"En forma claramente prevaricadora, cuatro de los siete magistrados aprobaron reabrir una vez más el proceso judicial de El Frontón, contradiciendo una sentencia del mismo tribunal que tiene más de cuatro años de antigüedad y goza de la autoridad de cosa juzgada", cuestionaron en su momento.

Tras este hecho, el pasado 25 de octubre se conoció que tres magistrados (Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza Saldaña) recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que la autonomía del TC está siendo amenazada por la mayoría fujimorista del Parlamento.

“Investigación contra magistrados es irregular”

La congresista de la bancada de Nuevo Perú, Marisa Glave, cuestionó durante el debate en la Comisión Permanente que la investigación contra los cuatro miembros del TC “no reúne los requisitos que la ley exige”.

“¿Se cumplen los requisitos que se requieren para investigar en este caso? No se cumplen, porque no hay agravio en cuanto el proceso (del Caso El Frontón) continúa y porque formalmente lo que se ha hecho es la corrección de un error material (en la sentencia del 2013)”, señaló.

Congreso elimina movimientos locales en elecciones del 2018

Si en el 2002 se presentaron 1.066 listas distritales, en el 2014 la cifra bajó a 160. En cambio, los movimientos regionales incrementaron su participación: mientras que en el 2002 presentaron 1.787 listas distritales, en el 2014 presentaron hasta 7.153 en una clara alusión del hartazgo de los los provincianos a los viejos partidos que sólo son cubiles de los actuales millonarios que nos gobiernan.

En medio de la crisis política e institucional que hace mucho tiempo atraviesan los partidos nacionales, en el Congreso avanza la eliminación de las organizaciones provinciales y distritales de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 28094), como parte de la reforma electoral.

Este martes, la Comisión de Constitución, que controla el fujimorismo, aprobó el dictamen que propone la eliminación de estos movimientos políticos para los comicios del próximo año.

La Ley 28094 actualmente permite que en las elecciones municipales puedan participar las "organizaciones políticas de alcance provincial o distrital". Si el dictamen se aprueba en el Pleno del Congreso, solo quedarían habilitados para participar los movimientos regionales y los partidos políticos de alcance nacional.

La presidenta de la comisión, la congresista fujimorista Úrsula Letona, defendió el dictamen al señalar que las organizaciones políticas locales son utilizadas como "vientres de alquiler" y que su condición temporal no garantice los mecanismos de rendición de cuentas. Estos vientres de alquiler fueron usados por Ollanta, PPK, Guzmán, Acuña, en su oportunidad; por lo tanto, con esta acción se les pretende cerrar el paso a los out sider de la política.

Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez

Más allá de todo este bullicio sin sentido en donde nos hunden los medios para embrutecernos; el presidente del Poder Judicial sin embargo, tuvo una buena atingencia para el momento en que estamos viviendo, en donde se pretenden maximizar penas cuando en lo que se debería dar prioridad es en invertir en políticas sociales.