jueves, 3 de enero de 2019

El maloliente absceso peruano



La crisis que estamos viviendo en el Perú, no es otra cosa que el absolutismo de un personaje (Vizcarra) que tiene 47 denuncias penales y tres procesos abiertos de los cuales los periodistas asalariados de los medios de comunicación de José Graña Miro Quesada (otro procesado por Lava jato) guardan silencio absoluto cuando se trata de azuzar a las confundidos ciudadanos hambrientos de protagonismo y revancha.

El presidente accidental Vizcarra, es aquel que mintiendo a la opinión pública había firmado la famosa adenda del aeropuerto del Cusco, Chinchero, para favorecer a un grupo de amigos de éste y del que renunció a la presidencia a lo Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski (PPK)Estos amigos, a sabiendas de que el artículo 60 de la Constitución IMPIDE AL ESTADO HACER OBRA, habían formado una empresa, Kuntur Wasi, para ejecutar la obra, sólo que a la mejor usanza de los estafadores, no tenían dinero para hacer ejecutarla; pero habían “conversado” con PPk para que éste la financiara con fondos públicos.

Indudablemente esta estafa resulta de los artículos 60 y 62 de la Constitución del Perú; el primero de los cuales impide hacer obra pública, al estado, salvo por ley; y el 62, que da a cualquier contrato que firme el estado, carácter de CONTRATO-LEY; hecho por el cual, al habérsele cancelado el contrato a Kuntur Wasi, POR SER LESIVO; se le tiene que INDEMNIZAR a la empresa estafadora por 260 millones, sin haber hecho ni siquiera un estudio, ni haberse constituido en el lugar por lo menos.

Vizcarra abandonó la toma de poder del presidente del Brasil, Bolsonaro, apenas se enteró de que el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry dio por concluidas las designaciones de 2 fiscales anticorrupción que pusieron presa a su adversario político. Estuvo sólo 4 horas en tierras brasileras, para regresar desesperado a presentar su proyecto de ley en donde declara en emergencia el Ministerio Público. Dicho Proyecto de Ley es INCONSTITUCIONAL por donde se lo mire; pues colisiona con sendos artículos constitucionales: el 43 que habla de la separación de poderes, el 158 que subraya que el Ministerio Público es autónomo; y el 110 en el que manda al presidente de la república RESPETAR y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN.

Es evidente que Vizcarra tiene fuertes intereses en reorganizar el Ministerio Público; uno de ellos es el de salvar de la cárcel a sus jefes; al ex presidente PPK y José Graña (dueño de la constructora socia de Odebretch y de importantes medios de comunicación); el segundo interés de Vizcarra es la agenda internacional de la ONU que se ha comprometido a ejecutar, Dios sabe en contraprestación de qué. Vizcarra iba a ser expectorado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por haber favorecido a una empresa (Kuntur wasi) que no contaba con dinero para ejecutar la obra; por lo cual TUVO que renunciar para evitar acciones penales, como era la usanza hasta hace un par de años; hecho que el fujimorismo ha revertido, ya que se ha dado cuenta que es la derecha, amparándose en el silencio de la prensa y la ignorancia del pueblo, quienes mediante el asiduo recuerdo de la dictadura de Alberto Fujimori, logran sembrar el temor en la ciudadanía al momento de las elecciones. Prueba de ello, es que ya ha perdido dos elecciones seguidas.

En esta tesitura no le quedó otro camino al fujimorismo, para acceder al poder en las próximas elecciones, que develar la gran corrupción de la derecha peruana que viene desde el comienzo de la república. Acción que hemos aplaudido partidarios y opositores; sin embargo, la derecha ha movido su gran maquinaria desatando una guerra jurídica con un juez (Concepción Carhuancho) y un Fiscal (Domingo Pérez) los cuales han servido idóneamente a sus intereses, dando como resultado la prisión INJUSTA de Keiko Fujimori por 36 meses si n haber sentencia ni pruebas fehacientes del delito; puesto que en aquel entonces 2011 no estaba tipificado como delito los aportes de campaña provenientes de dinero negro.

Lamentablemente toda esta tensión tuvo su punto de concurrencia en la figura del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien ha tenido la parsimonia de tolerar los públicos desaires de un subordinado como lo es el Fiscal Pérez; y ha tenido el craso error de, una vez de dar por concluidas las designaciones de los dos fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, RETROCEDER y ratificarlos. Hecho que ha empoderado al presidente accidental Vizcarra, quien, presuroso, ADEMÁS DEL REFERÉNDUM, ha enviado al Congreso un proyecto de Ley que declara en emergencia el Ministerio Público para su inmediata reorganización.

La derecha con su red criminal y teniendo a uno de sus jefes con impedimento de salida, no le va a importar pisotear la Constitución y aprobará el proyecto de Vizcarra; el APRA cuenta con muy pocos congresista y el fujimorismo lleno de advenedizos y caza fortunas se está desintegrando a cada remecimiento político.

La izquierda ha dejado sentado que está aliada con la derecha y su red criminal de corrupción; ha dejado sentado que su único interés de vida política es mantener el establishmen corrupto hasta los cimientos. Ya una vez salvó de la vacancia a PPK ante el asombro nacional y luego, sin vergüenza en la cara, cuando PPK indultó a Fujimori, salieron en hordas a clamar por las calles ¡TRAICIÓN!.

El retroceso de Chávarry y los Twitts de keiko dejándolo sólo; hacen presumir un acuerdo entre ambas mafias, libertad de Keiko a cambio de archivamiento de procesos de PPK y Graña y la continuidad del carácter reservado del acuerdo con Odebretch; empresa a la cual NO SÓLO le dan 15 años para indemnizarnos con una miseria; sino que además se le seguirá permitiendo contratar con el estado, cosa que está prohibida por ley. Pero así son nuestros gobernantes vende patrias.

Se viene también, la implantación de la ideología de género, el cumplimiento del pacto firmado por Vizcarra en la ONU, ya se dictaminó la cancelación de la jubilación adelantada en favor de las AFPs, las evaluaciones de los maestros buscando su destitución; pero ni un sol de aumento al presupuesto de educación. Esto último cabe mencionarse. El gobierno le da un 4% de presupuesto a la educación pública y a la educación privada no sólo la exonera de tributos sino que le regala el IGV (artículo 19 de la Constitución)

Así pues, el nuevo año 2019, nos encuentra con un terrible y mal oliente absceso en donde después de un falso referéndum, se presenta un proyecto de ley violando la autonomía del ministerio público. Es verdad que por la debilidad mostrada por el fiscal de la Nación Chávarry, éste, debe renunciar; pero por las 47 denuncias penales del presidente Vizcarra y por su “interés” INCONSTITUCIONAL de intervenir en un poder del estado autónomo como lo es el Ministerio Público, para el cual YA SE HIZO UN REFERÉNDUM; también el lobista presidente Vizcarra, debe ser vacado por reiteradas infracciones a la constitución.



Aparece documento que prueba sociedad entre GyM y Vizcarra

Cuestionan elección de cuestionada empresa como supervisora de Chinchero.

El presidente Martín Vizcarra constituyó en el 2005 la sociedad ‘Consorcio Ilo’ con la empresa Graña y Montero (GyM), aliada de la empresa constructora Odebrecht, tal como lo demuestra el registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) al cual diario Exitosa tuvo acceso.

El documento de número de Partida 11006796, del 2005, fue firmado en Lima ante el notario público Jaime Murguia Cavero. No obstante, en este documento detallan que GyM y la empresa del mandatario CyM Vizcarra trabajaron juntas en por lo menos dos obras.

La primera ya conocida del Consorcio Ilo se hizo para Southern Perú, tal como lo reconoció Hernando Graña ante la Comisión Lava Jato, el 10 de marzo de 2017. La misma obra es denominada, según este documento, “Nave Convertidores de la Fundición de Ilo K009” y la segunda obra es “Instalaciones Eléctricas SPCC”.

En estos documentos se expresa en su primera cláusula “otorgarle poder” a once apoderados entre al directivo de GyM, Hernando Graña Acuñea, al actual mandatario Vizcarra además de su hermano César Vizcarra para actuar en “nombre y representación de la sociedad”, entre otras facultades administrativas y legales.

Los primeros indicios

Como se recuerda, este tema se hizo evidente por el congresista Víctor Andrés García Belaunde en una sesión de la Comisión de Lava Jato del 10 de marzo de 2017, a la que fueron invitados José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de GyM, y Hernando Graña Acuña, exdirector del grupo GyM.

Aunque en un principio dijeron no recordar esa vinculación con Vizcarra, los empresarios recordaron cuando García Belaunde les mostró la relación de Sunarp que hoy se hace por primera vez pública.

Chinchero

García Belaunde dejó constancia de ello debido a que GyM era la supervisora de la obra del aeropuerto de Chinchero, otorgada con la adenda firmada y defendida por Vizcarra.

Según explica el congresista, aunque la citación a los directivos de GyM era para explicar sobre la participación de su empresa en la entrega de coimas de Odebrecht, también era necesario que respondan por los cuestionamientos sobre la licitación del aeropuerto Chinchero.

“El señor Vizcarra trabajó con el ‘Club de los Constructores’ en cierta dimensión en Moquegua”, dijo. “Da la casualidad que el señor Vizcarra quería llevar adelante Chinchero y quien era el supervisor de esa obra ganando 20 millones de dólares era GyM”, dijo García Belaunde.



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